1. Es necesario promover la incorporación de políticas y
principios de RSC en las aulas y, singularmente, en el proceso de toma de
decisiones (gobierno corporativo y cultura empresarial) de las empresas y las
instituciones para conseguir su necesaria transformación en organizaciones
ciudadanas. Más allá del cumplimiento de la ley, hay un horizonte ético de
responsabilidad sin el cual la vida en común es, y así será si no lo
remediamos, imposible.
2. Combatir y castigar la corrupción y profundizar en la transparencia.
La corrupción es el enemigo del Estado social y democrático de derecho, de la
economía de mercado y de la innovación. Además de su impacto negativo en el PIB
—que la Universidad de Las Palmas ha evaluado en 39.500 millones de euros—,
esta lacra destruye la competitividad y corrompe la democracia. La
transparencia no solo es hoy un imperativo social, sino, ademas de una
obligación, el mejor antídoto contra la propia corrupción.
3. Combatir la desigualdad. Aunque la pobreza se ha reducido
globalmente, la desigualdad ha aumentado. La pobreza en España aumentó 14
puntos entre la población en riesgo de exclusión social, debido a la
disminución de los ingresos medios y la pérdida de poder adquisitivo, en
particular por la contracción de las rentas del trabajo. En términos
empresariales, la desigualdad se hace patente en las diferencias salariales:
las mujeres cobra un 22% menos que sus compañeros varones y, según datos de
Oxfam Intermón, un primer ejecutivo de una empresa del Ibex 35 gana 112 veces el
sueldo medio de la compañía y 207 veces el sueldo más bajo.
4. Promover una fiscalidad transparente libre de paraísos
fiscales. La evasión de impuestos limita el gasto social, reduce la
financiación de infraestructuras, genera competencia desleal, redirecciona la
inversión extranjera hacia otros territorios y perjudica a las rentas más
bajas. Afortunadamente, ya están surgiendo nuevas exigencias de información
fiscal tras la entrada en vigor del Informe Fiscal/País, establecido por la
iniciativa BEPS2 de la OCDE y el G20, y el Parlamento Europeo está impulsando
nuevas exigencias legales que obliguen a grandes empresas a reportar sus
contribuciones tributarias a nivel país.
5. Abordar los nuevos debates éticos que plantea la
robotización y la inteligencia artificial. Ya no hay estrategias digitales de
RS, sino estrategias de RSC en un mundo digital. La RSC debe ayudar a dar
respuesta a algunos interrogantes: ¿Cómo se abordará la sustitución de mano de
obra humana por robots? ¿Cómo reducir las desigualdades por acceso a la
tecnología y a la educación en nuevas competencias? ¿Cómo protegernos de los
algoritmos con sesgos discriminatorios? ¿Cómo mantener el control humano sobre
la inteligencia artificial?…
6. Generar un sistema legal internacional de protección y
cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos. La
descentralización productiva a países con instituciones democráticas
socialmente débiles y los impactos de la industria extractiva de recursos
naturales están generando una gravísima problemática sociolaboral y
medioambiental en demasiados países. Los planes nacionales para implementar los
Principios Rectores de las Naciones Unidas son demasiado voluntaristas, y los
acuerdos sectoriales de grandes empresas o no existen, o no funcionan.
7. Impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los
ODS han servido para definir la agenda de desarrollo hasta el año 2030. Suponen
un compromiso holístico de cambio de modelos de negocio, coherencia de
políticas públicas y de alianzas público-privadas. Representan la nueva era de
la RSC… y son nuestro objetivo común. Solo hace falta trabajo conjunto y
voluntad política, y ya hemos “perdido” casi tres años…
Juan Jose Almagro, Alberto Andreu, Marta de la Cuesta, Jordi Jaumà, Ramón Jáuregui e Isabel Roser.