20 de diciembre de 2017

Qué hacer contra la evasión fiscal.

¿Qué hacer, que diría Lenin, frente al gigantesco montaje que la internacionalización financiera está construyendo para evadir o eludir los impuestos? No es una pregunta retórica. Es la urgente demanda que nos plantea una alarma social, cargada de indignación, ante la sucesión de informaciones que no hacen sino confirmar la sospecha que la mayoría ciudadana ya intuía respecto a la vieja ambición humana de no pagar al Estado lo que éste reclame para organizar una vida en sociedad regida por la justicia y la dignidad humanas.

LuxLeaks, Panama papers, Paradise papers, son las informaciones que un consorcio de periodistas independientes han ido revelando después de años de investigación y buceo en despachos de abogados, gestores de fondos, bancos y países de todo el mundo. Sobre esa ingente cantidad de información el Parlamento Europeo ha realizado un trabajo extraordinario, para obtener una serie de conclusiones y recomendaciones que se ofrecen a la política internacional a modo de hoja de ruta que deberíamos seguir para combatir esas prácticas, a los agentes que las realizan y a los países que las amparan o facilitan.

Se tratará, como diría Mao, de una 'larga marcha' porque la mayoría de las medidas de ese combate tienen dimensión internacional y existen muy poderosas fuerzas en contra y muy variadas razones en muchos países para frenarlas o impedirlas.

De hecho, una de las primeras medidas que se proponen en el informe que el Parlamento aprobó el pasado 13 de diciembre en el Pleno de Estrasburgo, es solicitar a Naciones Unidas la convocatoria de una cumbre con este tema principal. Junto a esto, casi 200 medidas más configuran las recomendaciones que deberíamos implementar para combatir la evasión (delictiva casi siempre) y la elusión (legal a veces, aunque inmoral la mayoría). Un apretado resumen de todas ellas podría esquematizarse en los siguientes puntos:

1º. La elaboración de una lista internacional de paraísos fiscales, lo que requiere una definición universal del concepto. La UE ha hecho la suya. No es perfecta, pero es una lista de 17 paraísos y 47 en riesgo de serlo.

2º. El establecimiento de un conjunto de sanciones a esos países y a quienes operan en ellos, incluidos bancos, empresas, fondos de inversión, gestores, bufetes, intermediarios en general.

3º. La obligación para las empresas transnacionales de incluir en su informe anual o balance financiero, sus pagos fiscales “país por país”.

4º. El establecimiento de una nueva fórmula del Impuesto de Sociedades para los gigantes digitales a quienes se debe aplicar un pequeño porcentaje sobre su facturación en cada país (para evitar que concentren sus resultados finales en países sin fiscalidad o de tipo cero).

5º. La unificación de las bases del Impuesto de Sociedades para evitar la distorsión del tipo y la elusión a los países en base a la optimización desgravatoria: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

6º. Una nueva regulación sancionadora para todos los intermediarios (desde despachos de abogados a consultoras) si resultan responsables en el asesoramiento o ejecución de evasión fiscal o blanqueo de dinero.

7º. Una mayor transparencia a notarios, registradores, bancos, etc, sobre los propietarios y beneficiarios de operaciones financieras, incluyendo la conexión de los registros mercantiles y la creación de nuevos registros públicos internacionales.

8º. La protección de los denunciantes ('whistle blowers') y del periodismo de investigación.

9º. La mejora de los sistemas de persecución del IVA transfronterizo a través de la cooperación de las Administraciones Tributarias.

10º. Poner fin a la regla de la unanimidad en el Consejo para que un solo país no pueda vetar las medidas que la UE debe adoptar en materia fiscal.

Hay muchas más cosas por hacer. Se me ocurre por ejemplo seguir reivindicando la tasa a las transacciones financieras, que, además de recaudar fondos públicos, ofrecerá una transparencia y una información fiscal preciosas. Lo que importa es empezar y seguir presionando en esta 'larga marcha', bajo el paraguas argumental de que cada euro que se evade, es un euro robado al trabajador, a los desempleados, a los mayores, a los enfermos, a la educación… al Estado del Bienestar en definitiva.

Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, miembro de la Comisión de Investigación Fiscal.
Publicado en El Confidencial, 20/12/2017