12 de octubre de 2017

11 de octubre de 2017

Intervenciones comisión AFCO 11/10/2017


Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión Europea.






 
Reunión del Comité Interparlamentario sobre "El futuro de Europa: perspectivas sobre las propuestas del Parlamento Europeo y el Libro Blanco de la Comisión."




7 de octubre de 2017

Lo que estamos haciendo mal.

 La principal responsabilidad de lo que está ocurriendo en Cataluña es del nacionalismo catalán, que decidió abrazar la causa independentista de manera unilateral y rupturista contra la legalidad constitucional y contra España. Pero dicho esto, estamos muy lejos de resolver el problema que late en las demandas sociales de ese país. Quienes queremos ganar democráticamente al independentismo, quienes estamos contra ese populismo patriótico y defendemos valores de convivencia, solidaridad, ciudadanía, Estado de Derecho, etcétera, tenemos que ganar las batallas intelectuales y morales que generan las convicciones colectivas de la mayoría. Hay tres de estas batallas que estamos perdiendo.
La primera es la más grave. El nacionalismo catalán está sumando adeptos ante la ausencia de una vía reformista de su autogobierno. El catalanismo no independentista está abandonado. De hecho, el porcentaje de quienes se declaran abiertamente favorables a la independencia ha pasado del 20 al 40% en diez años. Es sabido que el origen del desafecto con España viene del frustrado Estatut, en el que todos cometimos errores. Pero a esa decepción estatutaria de 2010 se ha sumado una inmensa cantidad de gente no independentista ante la ausencia de una vía ‘reparadora’ de aquel fracaso.

El ‘laisser faire, laisser passer’ de Rajoy estos últimos cinco años ha vaciado de contenido y expectativa la propuesta federal y la negociación de un nuevo Estatuto para Cataluña en el marco de una Constitución reformada. Esta pasividad ha sido muy bien aprovechada por los estrategas del ‘procés’ a través de un artefacto dialéctico imbatible: el derecho a decidir (queremos votar). Esta combinación argumental solo puede ser derrotada si se abre otra vía alternativa de negociación en serio, con votación final del acuerdo alcanzado.

La segunda, es el fracaso rotundo del Gobierno en la gestión operativa del domingo pasado. No hace falta describir ese fracaso en un referéndum que finalmente se celebró y cuyos intentos para impedirlo han provocado unas imágenes absolutamente perjudiciales a la causa de la ley y a las razones del Estado. He vivido en el Pleno de Estrasburgo de esta semana un reproche total a España por la actuación policial. Hasta el punto de que hemos puesto en cuestión la imagen moderna y democrática de nuestras libertades y de nuestras instituciones, bien ganada en los últimos decenios. Es más, el tema catalán ha entrado en las primeras páginas de todos los diarios y televisiones del mundo, y le ha dado una relevancia internacional que hasta este infausto 1-O no tenía.

Sentí enorme tristeza por lo que oí decir de mi país, aunque era, en muchos casos, injusto, exagerado y oportunista. Pero tuvieron la ocasión de decirlo. Es más, hoy, en todas las cancillerías del mundo, en todos los parlamentos de los países europeos, cuando son interpelados sobre el tema, acaban convergiendo en una retórica apelación al diálogo, olvidando la naturaleza independentista del reto y las palmarias ilegalidades de sus convocantes. Hemos perdido una batalla crucial.

El tercer error es el discurso del Rey. Yo no lo habría aconsejado. Y de hacerlo, hubiera sido mucho más equilibrado y conciliatorio. Al Rey no le corresponde esa actitud inculpatoria, ese tono acusador, casi casi premonitorio de una intervención excepcional del Estado. Eso, en todo caso, le corresponde al Gobierno. El Rey no puede perder pie en Cataluña. Necesitamos a la Corona como vínculo institucional, como tracto histórico, como paraguas de unidad. No sé cuál será el modelo de convivencia futura con Cataluña. Nadie sabe cómo será el statu-quo jurídico político de Cataluña con el Estado, pero es seguro que tendrá en la Corona de España uno de sus pilares. Reino Unido y Bélgica son dos buenos ejemplos de lo que digo, y Felipe VI tenía los dos pies en Cataluña... hasta el martes pasado.

Si además de lo que dijo, su discurso hubiera contenido algún mensaje más amistoso hacia su pueblo. Si hubiera apelado a las Cortes para dialogar y pactar. Si hubiera mencionado siquiera las posibilidades de reforma de nuestras leyes para adaptarnos a la nueva realidad... Si hubiera tendido la mano, en definitiva, hoy seguiría siendo una pieza intocable del juego. Esperemos que lo siga siendo. Por el bien de todos.
 
Publicado para El Correo, 7/10/2017
 

6 de octubre de 2017

Por una norma internacional en favor de los Derechos Humanos.

Desde hace tres años, y tras la ajustada aprobación de la Resolución 26/9, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas viene trabajando en favor de una norma internacional que vincule a las grandes empresas multinacionales y otras empresas comerciales en el cumplimiento de los derechos humanos en su cadena de producción y subcontratación en el mundo.

Especialmente, en aquellos países cuya capacidad de proteger y hacer respetar los derechos humanos es menor porque su configuración institucional es débil.

Es un bello intento y un logro histórico, impulsado en gran medida por la sociedad civil, después de décadas de discusiones y fracasados intentos en el seno de Naciones Unidas. Y es también una iniciativa tan necesaria como difícil. Pero si la comunidad internacional se dotara de un instrumento jurídico vinculante para establecer un suelo mínimo de dignidad social y laboral en el mundo, daríamos un paso gigantesco en la regulación de la globalización.

La competencia no pude basarse en el dumping social eternamente. Eso destruye la cohesión social y explota la dignidad humana. La competitividad de las empresas no puede basarse en la destrucción del medioambiente poniendo en peligro la sostenibilidad ecológica del planeta. Combatir esas tendencias tan tentadoras para el beneficio empresarial ha formado parte de la cultura RSE, pero todos sabemos los límites de la voluntariedad empresarial.

En unas semanas se celebrará la tercera sesión reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de abordar la creación del nuevo instrumento y presidido por Ecuador. En ella se discutirá por primera vez la propuesta inicial de estructura del tratado y algunos ejes temáticos como el ámbito de aplicación, los actos y actores sujetos a su aplicación, las obligaciones de los Estados y de las empresas, el acceso a la justicia, los mecanismos de promoción, implementación y monitoreo, etc. El objetivo final es conseguir que se inicie una negociación sustantiva sobre el instrumento vinculante. Pero no será fácil lograrlo. En las anteriores sesiones se pusieron de manifiesto las dificultades jurídicas y políticas que rodean el debate. Cuestiones como la inclusión de todas las empresas y no solamente las de carácter transnacional, las obligaciones de los Estados en relación a las empresas transnacionales que operan en sus jurisdicciones y la puesta en práctica de los sistemas de compensación, preocupan a las grandes potencias y, en particular, a la Unión Europea.

Pero hay que dar pasos hacia el compromiso empresarial de las empresas con los derechos humanos. No podemos negar que el camino de la voluntariedad, que se implantó con la adopción de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, y que tanto ha avanzado en las últimas décadas con los Principios Rectores, ha logrado importantes avances. Pero la poca determinación tanto de los Estados como de las empresas parece haber agotado el proceso.

En definitiva, la vía voluntaria de la RSE es buena, pero la obligatoriedad jurídica es necesaria. ¿Son complementarios ambos enfoques? En mi opinión, sí. Creo, además, que la convergencia de los mismos es la única vía para continuar avanzando en la erradicación de la impunidad, la identificación de los vacíos legales en la normativa internacional, la mejora de la protección de los derechos humanos en la esfera económica y la creación de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos incurridas por este tipo de empresas.

Por último, os invito a consultar el documento que ha preparado la Presidencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos:
 

Existe una campaña pública dirigida a cargos públicos de todo el mundo en apoyo del establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Podréis encontrar más información en este link: http://bindingtreaty.org/es/#

Publicado en Diario Responsable.                                                       

3 de octubre de 2017

La izquierda, en su laberinto.

 
Abundan los pronósticos catastrofistas sobre la izquierda socialdemócrata europea después del 21% logrado por del SPD en las elecciones de Alemania. Antes sufrimos la debacle socialista francesa y la de Holanda, donde somos el quinto partido. Son, sin duda, referentes muy importantes, pero coinciden con el éxito de los socialistas portugueses, gobernando con notables resultados económicos o con las expectativas electorales de J. Corbyn en Reino Unido y Renzi en Italia, sin olvidar los gobiernos con presencia de socialistas en Austria, Eslovaquia, Suecia, República Checa, Malta y Rumanía.

De manera que, primera observación, el socialismo democrático sigue muy vivo en Europa, donde, por cierto, representamos la segunda gran fuerza parlamentaria, con 190 diputados, a muy poca distancia de la primera, el PP europeo, con 216, y muy lejos de la tercera, los liberales, con 68.

En todo caso, los resultados alemanes llaman a la reflexión y lo que importa es diagnosticar las causas y encontrar las soluciones. Lo peor de las primeras, es decir de las razones de los malos resultados, es que las fugas son en todas direcciones y obedecen a causas heterogéneas, a veces antagónicas. Por ejemplo, las grandes coaliciones de gobierno con la derecha no son rentables. Gobernar junto a tu rival ideológico puede ser muy patriótico, pero te difumina. Casi todos los que nos piden que seamos «responsables» frente a la crisis institucional o exigencias de gobernabilidad votan a la derecha. Tampoco nos ayuda ser partidos ‘de toda la vida’. La tarea histórica que hemos desarrollado después de la Segunda Gran Guerra, creando la Unión Europea y el Estado de Bienestar, en democracias modernas de libertades y derechos, ha perdido empuje y capacidad vertebradora de las grandes masas sociales. Sucede también que la inmigración pone a prueba nuestros valores de solidaridad y dignidad humana y muchos votantes nos abandonan al sentir la competencia de quienes trabajan por menos o se llevan las ayudas sociales que antes les correspondían. No es casual que el 20% de los votos de la AFD alemana (ultraderecha) vienen del SPD. Igual que pasó con los votantes de Le Pen en Francia o con el ‘Brexit’.

Por último, los ciudadanos nos exigen una gestión eficiente de la economía, que asegure crecimiento y empleo. Desgraciadamente, no siempre es compatible hacerlo manteniendo el gasto social, y en esta dicotomía la derecha aparece demasiadas veces como más capaz y solvente. El centro sociológico electoral es enormemente sensible a votar al que gobierne ‘mejor’ la economía si esta crece, aunque sea a costa de ‘empeorar el trabajo’.

Son solo algunas de las razones de esta reflexión urgente. El telón de fondo son los cambios de nuestras sociedades del bienestar y las nuevas coordenadas de la globalización económica. Sobre los primeros, es decir, sobre la nueva composición social está influyendo decisivamente los efectos de la crisis económica de estos últimos diez años. Por una parte, se ha quebrado el paradigma del progreso. La idea de que la vida mejoraba en calidad, estabilidad, renta, derechos... hacia un horizonte de progreso ha sido sustituida por la incertidumbre, el temor y la precariedad, especialmente para las generaciones más jóvenes. Por otra, se ha producido un empobrecimiento evidente de salarios y rentas, de condiciones laborales, de acceso a la vivienda, de protección social pública. Los trabajadores y las clases medias están descontentos y esa censura la pagamos, más que nadie, los socialistas que gobernamos. Nacen así nuevos partidos en los extremos de la derecha y de la izquierda que fragmentan los parlamentos y hacen más compleja la gobernabilidad. España es uno de los ejemplos europeos con estas circunstancias, pero este problema se está extendiendo a otros muchos países de Europa.
 
A su vez, la globalización económica y la Unión Europea (sobre todo la económica-monetaria) han alterado el juego de la política social del siglo XX. El sueño socialdemócrata de una economía social y de mercado se construyó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado en el espacio del Estado-Nación, hasta alcanzar altas cotas de seguridad y protección en el empleo y en la vida. Pero la globalización y la competencia mundial han cambiado el juego, la baraja y hasta el tapete de esa dialéctica entre política, capital y sindicatos que construyó el pacto de bienestar. Nuestros votantes nos reclaman que sigamos esa lucha y nuestros deseos se dan de bruces con la competitividad, con los mercados, el dumping social y una globalización desgobernada. Si me apuran chocamos hasta con un mundo tecnológico desconocido que nos plantea retos de largo alcance sin que encontremos mesas de resolución en una supranacionalidad sin política.

Y sin embargo, las razones de la izquierda siguen ahí. Las aspiraciones a un mundo en el que la robótica y la inteligencia artificial permitan trabajar a todos, a que el trabajo sea digno, aquí y en Tegucigalpa, a que un sistema de protección social cubra a los trabajadores «desde la cuna hasta la tumba», como decía William Beveridge, y a que todo eso sea posible con libertades y en democracia, siguen siendo, entre otras metas, razones de una izquierda necesaria. El laberinto que busca salidas se complica, sin embargo, cuando descubrimos que muchas de las soluciones, además de innovadoras, deben ser supranacionales. Pero esa agenda progresista para gobernar la globalización está lejos de suscitar emociones. Quizás la pasión nacionalista que nos rodea sea precisamente consecuencia de nuestra incapacidad para llenar esos corazones de los grandes ideales de justicia social e igualdad de oportunidades.
 
Publicado en El Correo, 3/10/2017

Intervención Sesión Plenaria 3/10/2017



Estado de las negociaciones con el Reino Unido. Declaraciones sobre la situación de Cataluña.




2 de octubre de 2017

El Parlamento Europeo sin Reino Unido.

Se discute estos días en el Parlamento Europeo y en el Consejo sobre la Ley Electoral Europea para las elecciones de 2019 y el reparto de escaños consecuente al Brexit. La gran cuestión que se plantea es qué hacer con los 73 escaños que el Reino Unido liberará una vez que se haga oficial el Brexit. ¿Deben eliminarse? ¿Deben repartirse, parcial o totalmente, entre los 27 para así compensar la infrarrepresentación que sufren varios Estados miembros, entre ellos España? ¿Qué ocurrirá si el Reino Unido no ha formalizado su salida antes de las elecciones de 2019?

Hace unos días se presentó en Estrasburgo el primer borrador de la propuesta del Parlamento cuyos Ponentes son el portugués socialdemócrata, Pedro Silva Pereira, y la ex comisaria polaca popular, Danuta Maria Hübner. El informe contempla que la Decisión del Consejo debe adoptarse antes del verano de 2018 para que los Estados se preparen para las elecciones de junio del 2019. Partiendo de estas premisas, los Ponentes han formulado dos principales propuestas:

Primero, posponer a la próxima legislatura la adopción de un sistema permanente para la distribución de los escaños del Parlamento, basado en alguno de los algoritmos propuestos por los expertos, y de un vínculo entre la distribución de los escaños en el Parlamento y las normas de votación en el Consejo, lo que, conviene aclarar, requeriría de una reforma de los Tratados. El actual contexto de incertidumbre política resultante de la notificación del artículo 50 por el Reino Unido hace inviable la tramitación de ambas reformas.

Segundo, cuando la retirada del Reino Unido de la Unión ésta sea jurídicamente efectiva, entraría inmediatamente en vigor una nueva distribución de los escaños basada en tres premisas: respetar el principio de proporcionalidad decreciente, garantizar que no habrá pérdida de escaños para ningún Estado miembro y redistribuir una parte mínima de los escaños vacantes británicos.

En la práctica, 22 de los 73 escaños del Reino Unido se repartirían entre 12 Estados miembros (España- que aumentaría su representación con 4 escaños-, Francia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Austria y Croacia) para compensar a los países penalizados por el sistema actual con una representación menor.

Además, la nueva distribución permitiría reducir el tamaño del Parlamento a 699 miembros más el Presidente, dejando así un margen de maniobra suficiente de 51 escaños para adaptarse a, por un lado, posibles ampliaciones de la Unión y, por otro, al futuro establecimiento de una circunscripción conjunta en la que las listas estuvieran encabezadas por el candidato de cada familia política al puesto de Presidente de la Comisión. Sin duda, esto último dotaría de mayor legitimidad a la labor del Parlamento Europeo y a la elección del Presidente de la Comisión y visualizaría la idea federalista europea. Es lo que en el argot político del Parlamento, llamamos “listas transnacionales”. Se trataría de listas conformadas por personas europeístas muy reconocidas, que cada familia política elaboraría al margen de la nacionalidad de su representación, dando lugar así a una segunda urna en la que los europeos elegiríamos partidos políticos, candidato a presidente de Europa y notables europeos.

Recuperar la confianza en el proyecto de integración europea

La otra gran cuestión es la que se refiere a la transitoriedad del Reino Unido en su negociación del Brexit. Los servicios jurídicos nos dicen que mientras no se formalice la retirada del Reino Unido, sus ciudadanos tienen derecho a participar en las elecciones europeas, porque su país es miembro de la Unión. Pero sería bastante absurdo que después de tanto ruido, en el 2019, los británicos votaran a sus representantes para quedarse cinco años más en el Parlamento Europeo. Sin olvidar que si eso ocurriera, se produciría un conflicto entre los elegidos y su legitimidad para quedarse si en el intervalo se produjera el acuerdo de retirada. Pero, en fin, no parece que el gobierno de la Señora May facilitaría tal posibilidad, porque en la práctica esa votación sería como un nuevo referéndum sobre la vieja pregunta del remain o el exit y a eso no se van a arriesgar los conservadores británicos.

En definitiva, y pese a que las cuestiones económico-financieras y migratorias protagonizan el debate político actual, este tema debe ser incorporado al debate público europeo. En particular, porque hablamos de reformar la composición de la única institución de la Unión elegida directamente por los ciudadanos y porque garantizar que la distribución de escaños se base en principios justos, transparentes, objetivos, sostenibles y equitativos permitirá que los ciudadanos de la Unión recuperen confianza en el proyecto de integración europea.

Sin duda, en los próximos meses asistiremos a un interesante y apasionante debate porque somos muchos los que creemos que no debemos desaprovechar esta oportunidad para avanzar y adoptar la creación de una circunscripción electoral común con composición plurinacional encabezada por el candidato de cada familia política a la Presidencia de la Comisión.
 
Para: EuroEfe

22 de septiembre de 2017

Décima Asamblea Eurolat en El Salvador


  
El Salvador ha acogido del 18 al 22 de septiembre la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro entre legisladores de Europa y América Latina, donde también ha participado la sociedad civil.

EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional y se está formada por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos los entes regionales como el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

El miércoles 20 de septiembre se inauguró la Décima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Salón Azul del Legislativo salvadoreño.

Desde el pasado lunes, han trabajado las comisiones permanentes del ente birregional sobre temas como la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, derechos humanos, economía, medio ambiente, desarrollo sostenible, cooperación, derechos de las mujeres, entre otros.

Durante el acto solemne, intervinieron: el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador: el diputado Guillermo Gallegos, el copresidente de EuroLat por el componente europeo: diputado Ramón Jáuregui, el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Priscilla de Miró, y el secretario técnico de presidencia, Roberto Lorenzana, en representación del presidente de la República de El Salvador.
 


 
 






Posteriormente se realizó una rueda de prensa de los dos Copresidentes, Ramón Jáuregui y Roberto Requião.
 


La Décima Sesión Plenaria de EuroLat concluyó el jueves 22 coordinada por el copresidente de por el componente europeo Ramón Jáuregui.
Intervinieron en la clausura también: el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião y la Secretaria General de (SEGIB)  Rebeca Grynspan.
 


 
 
 




Fuente: Asamblea Legislativa

13 de septiembre de 2017

Buenos Propósitos.

 
Hace un año, en el debate sobre el estado de la Unión, Juncker dijo que Europa vivía una crisis existencial. Hasta ese punto llegaba el pesimismo europeo. La crisis económica, el brexit, el fracaso migratorio, la amenaza populista antieuropea de la extrema derecha en Francia y Holanda... Era un panorama aterrador que llevó a Juncker a expresar con una crudeza inusitada sus dudas sobre Europa.
 
 Hoy hemos escuchado el discurso antagónico. La Europa del futuro ha iniciado un nuevo rumbo. Ese podría ser su titular destacado. Quiere más Europa, con más democracia y mejor arquitectura institucional. Los vientos optimistas de una economía que crece han llevado a Juncker a proponer una Europa que fortalece su moneda y amplía su mercado interior, que se expande comercialmente al resto del mundo, que fortalece su defensa militar y coordina sus fuerzas policiales contra el terrorismo, que apuesta por la innovación en la industria europea, que lidera la lucha contra el cambio climático, que crea una Agenda Digital para la batalla del futuro... Mil planes, mil proyectos, cargados de un futuro dibujado sobre la vieja idea federalista de más y mejor Europa. ¡Bien!
 
Qué pena que ha faltado una mirada más introspectiva y crítica sobre la Europa social. Sobre el desempleo de los jóvenes, sobre su precariedad y bajos salarios. Qué pena que no se hayan producido anuncios para fortalecer el pilar social que reivindica un salario mínimo digno en la UE, una política de apoyo al empleo de los jóvenes, un seguro de desempleo europeo... Esa Europa también está por hacer y ese es nuestro compromiso. Queremos más y mejor Europa, pero queremos una Europa con alma social.

 
Publicado en 20 minutos.es
 

12 de septiembre de 2017

Intervención Sesión Plenaria 12/09/17.

Relaciones políticas de la Unión Europea con América Latina (debate)



Intervención Pleno 12/9/17 y Declaraciones Venezuela.

Latin America and the Caribbean is a crucial partner of the European Union, and this is why the European Parliament will vote tomorrow on a report which calls for further strengthening of our co-operation with the region.




 
 

Intervención Sesión Plenaria Estrasburgo. 12/09/2017.Debate sobre Situación de Venezuela.




 
 
 
Nota de Prensa.

7 de septiembre de 2017

Declaraciones sobre Cataluña. EuroEFE.

 Bruselas (EuroEFE) .- El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha dicho este jueves sobre la situación en Cataluña que "en Europa todo el mundo entiende que es una cuestión interna y que la Constitución española no permite el referéndum".

En declaraciones a un grupo de periodistas, el exministro socialista afirmó que la posición oficial de las instituciones comunitarias y los grandes grupos políticos en la Eurocámara pasa por "aceptar que la Constitución no permite referéndum unilateral de independencia", así como por comprender que "lo que le corresponde decidir a todos, no lo pueden elegir solo algunos".

Según el eurodiputado, existe además "unanimidad" y "comprensión total" en "aceptar que España está aplicando la ley".

Asimismo, destacó que "no hay sostenibilidad en el proyecto" de los independentistas catalanes "y su pretensión de que un nuevo Estado pueda quedarse en la UE".

Jáuregui dijo demandar "un diálogo político para encauzar la situación", lo que bautizó como "un nuevo pacto de España con Cataluña".

Este miércoles tuvo lugar la aprobación en el Parlamento catalán de la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Cataluña y Europa.

 Ningún proyecto político puede concebirse sin tener a Europa como referencia. Tampoco el de la independencia para Cataluña. Por eso me parece interesante traer aquí los puntos de vista europeos, respecto al tema catalán, y las expectativas jurídicas y políticas que suscita aquí, en Bruselas, ese proyecto.
La primera consideración es la que sitúa el problema en el ámbito estrictamente interno de la política española. Las instituciones europeas se remiten a la legalidad española y a sus marcos políticos y están y estarán con el Estado en todo caso y en todo momento. El socio del club es España y todas las autoridades e instituciones europeas van a apoyar al Gobierno de España en el manejo de la crisis. A los hechos me remito. Cada vez que Barroso o Junker, Van Rompuy o Tusk, Macron o Merkel han hablado sobre el tema, han dejado bien claro su apoyo al Gobierno del Estado, a la legalidad y tribunales españoles y han ido incluso mucho más allá anunciando que no hay sitio en Europa para las regiones desmembradas.
Un segundo plano del debate es el que se refiere a la opinión política que suscita en Bruselas el referéndum anunciado por el Gobierno de la Generalitat. Ésta es una cuestión más controvertida porque hay numerosos círculos políticos tanto en los partidos europeos como entre dirigentes, diputados, think tanks, etc. que reclaman la aceptación y regulación pactada del referéndum como solución política al problema catalán. Influye, y mucho, la celebración del referéndum escocés y ciertas tentaciones de democracia directa, presentes en bastantes movimientos políticos de los últimos tiempos. Creo que en esa pregunta primaria y simple de: ¿por qué no les dejáis votar?, que escuchamos a veces, se esconde un desconocimiento serio de las implicaciones jurídicas y políticas de la realidad española. Pero lo cierto es que este es el punto más fuerte del nacionalismo catalán en su campaña europea que a menudo sobrepasa la racionalidad y la cordura pretendiendo situar a España fuera de la democracia y el Estado de derecho.
Frente a ellos, los círculos más institucionales, de cultura política más constitucionalista, más germánica, procedente de países muy sólidos: Francia, Alemania, Italia, etc. defienden ‘la superioridad democrática’ de la ley y de las normas que regulan la convivencia política. Argumentan para ello que si la Constitución española no permite el referéndum de una parte para decidir sobre el todo, este no puede celebrarse y les basta como argumento de referencia las sentencias de los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, que en los dos últimos años, han dictado sendas y contundentes sentencias rechazando referéndums semejantes en Baviera y Véneto, respectivamente, con el simple razonamiento de que no caben en la Constitución.
Pero, más allá de la legalidad y del referéndum, la cuestión de fondo, es decir, la posibilidad de que regiones o naciones internas de los actuales estados pretendan nuevos estados europeos y se susciten movimientos independentistas rememorando la multinacionalidad europea anterior a la primera gran guerra, es algo que preocupa profundamente en esta Europa de hoy. Tanto en el Este como en el Oeste. Tanto en el Norte como en el Sur. Nadie quiere que el tema catalán, junto al escocés, sean precursores de un movimiento disgregador, despertando viejas querellas de pueblos vecinos, renovando agravios históricos irresolubles y confundiendo los grandes retos del futuro europeo con reivindicaciones localistas de corto recorrido.
Ninguna cancillería europea desea ni favorecerá la desmembración de unos de los estados de la Unión y la generación consecuente de un nuevo estado europeo llamando a la puerta del club para integrarse en la Unión. Ya somos muchos, quizás demasiados, y la gestión de esta Europa a 28 se está haciendo cada vez más compleja ante la heterogeneidad política que viene mostrando el Este frente al Oeste europeo, y la conflictividad de intereses que la crisis económica ha puesto de manifiesto entre el Norte y el Sur de Europa. Y no olvidemos que aunque Reino Unido se vaya, Ucrania y los países de las Balcanes están esperando entrar al único gran espacio político y económico en el que pueden progresar.
Ese escenario, altamente improbable, generaría además una conflictividad interna que nadie quiere, porque vendría acompañada del veto español a la entrada de un estado unilateralmente declarado e ilegalmente separado de un estado-miembro. No hace falta añadir que el veto de España, aunque suficiente por sí solo, estaría acompañado por el de la mayoría de los estados europeos, yo diría que por la totalidad de ellos, porque estas emulaciones serían peligrosas para todos.
De manera que no entra en mi cabeza la persistencia de un proyecto independentista sin futuro en Europa. La transición jurídica a la República Catalana será imposible en España, pero es inimaginable fuera de Europa. Sin moneda europea, sin presencia institucional en el mundo, sin participar de las grandes políticas europeas de comercio, investigación, etc.; sin coordinar los grandes servicios públicos en sanidad o seguridad, sin soporte financiero ni lugar en el mercado único... Es como flotar en el vacío, como una chatarra espacial, perdida en el infinito de la ingravidez, es decir, de la nada.
Condenado a perpetuidad a la exclusión del proyecto europeo, ningún país es sostenible.
Publicado para El Correo, 7 Septiembre 2017.

16 de agosto de 2017

Una revolución frustrada.

 
Conozco lo que está ocurriendo en Venezuela. He estado allí presidiendo una delegación del Parlamento Europeo. Mantengo contactos frecuentes con la oposición y también con el Gobierno y con representantes chavistas. Estoy informado de las mediaciones internacionales y de las gestiones de países de la región para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis. Mi pronóstico es pesimista. Al enfrentamiento entre dos legitimidades democráticas producidas por las elecciones presidenciales que ganó Maduro en 2013 y por las legislativas de 2015 que ganó la MUD (la oposición unida en una plataforma antigubernamental) se ha sumado ahora un nuevo conflicto institucional entre la Asamblea Nacional (el poder legislativo natural) y la Asamblea Constituyente, elegida el pasado 30 de julio e instalada físicamente en el mismo edificio que el Parlamento.

Es un enfrentamiento a muerte y desgraciadamente no es un eufemismo. Es más, la crisis parece irrefrenable si hacemos caso a los que piensan que el chavismo no aceptará la alternancia democrática, basando tan grave acusación en que su nomenclatura, es decir, los miles de dirigentes de ese partido-movimiento temen la cárcel o el exilio si la oposición toma el poder. Es por eso que estamos asistiendo a un conjunto de argucias antidemocráticas como la convocatoria de una Asamblea Constituyente que viola en fondo y forma las reglas electorales y a una represión sistemática y masiva de la oposición y de las libertades. Con la bandera de su revolución bolivariana como estandarte, el chavismo va camino de negar la alternancia democrática y dejar el país a expensas de cualquier golpe mientras el pueblo se hunde en la miseria.

Pero, ¿de qué revolución hablamos? Hubo una revolución con Chávez cuando el barril del petróleo cotizaba a 140 dólares que permitió una política social expansiva en los barrios pobres y a la población desfavorecida. Quienes habían estado marginados por décadas en un país tan rico como desigual se hicieron chavistas de por vida. Pero fue una revolución de corto recorrido, bienintencionada, pero de cartón-piedra. No era sólida, era populista, como se dice ahora. La verdadera revolución debiera haber sido estructural para modernizar el país, para renovar su aparato productivo, para crear estructuras económicas diversificadas al petróleo, para consolidar su sistema fiscal y mejorar sus ingresos; para mejorar el nivel educativo de su población, para hacer más fuerte al Estado y a sus servicios básicos, la educación, la sanidad, etc. Siempre he creído que la revolución pendiente en América Latina era más democracia y más igualdad social, es decir, más socialdemocracia que comunismo.
Por eso, cuando el barril cayó a 40 dólares hace ya unos años, la revolución se hundió y el país entró en bancarrota con una inflación galopante y una serie de decisiones del Gobierno de Maduro cada vez más equivocadas hasta el punto de hacer necesario hoy un durísimo plan de estabilización de cerca de 100.000 millones de dólares de ayuda que solo se la prestarán organismos internacionales cuando se articule la salida política democrática.
¿Puede hablarse seriamente de revolución cuando la población malvive, faltan alimentos y medicinas y casi medio millón de venezolanos pasan la frontera colombiana todos los días para comprarlos? ¿Qué revolución es la que obliga a llevar bolsas de billetes a comprar el pan con una inflación de 4 dígitos al año, y que como bien sabemos afecta y empobrece a los más pobres?

El otro gran fracaso de esa revolución es su tentación antidemocrática y su recurso a la represión de las libertades. La izquierda no puede construir su proyecto en dictadura. Es un antagonismo insostenible, no hay socialismo sin libertad. Envolverse en la bandera de la patria y de la revolución para negar las libertades y evitar la alternancia democrática es un recurso inadmisible y falsario. Acusar a la oposición de «derecha traidora», cuando ente los 28 partidos que la componen hay un abanico ideológico que va desde la extrema izquierda a la derecha tradicional, es pura demagogia. Encarcelar a alcaldes, líderes de la oposición, y centenares de manifestantes, es abuso de poder e intolerancia a la libertad. Es negar la posibilidad de que un día el pueblo te eche.

Hoy el régimen está blindado por los militares. Hemos censurado las dictaduras militaristas de derechas en múltiples países y ocasiones. Pero cuando los militares sostienen un régimen supuestamente de izquierdas y ejercen la represión sobre el pueblo, no son menos censurables ni menos dictaduras.

Solo hay una salida para Venezuela. Se llama democracia. Es decir, que el pueblo hable. Eso supone que un pacto entre gobierno y oposición, facilitado y garantizado por una mediación internacional, probablemente de los países de América Latina, cuyo contenido principal sea un calendario electoral para celebrar las elecciones locales, regionales, y presidenciales en los próximos meses. Supone también que no haya procesos penales al pasado y que todos los partidos con todos sus líderes en libertad, puedan concurrir a elecciones con observación internacional. Además, Venezuela necesita ayuda humanitaria internacional y un urgente plan de estabilización económica que ponga en orden su macroeconomía. Mientras, nosotros debemos acoger y regularizar en España a los más de 5.000 jóvenes venezolanos que huyeron de aquel país sin futuro y que nos piden el mismo trato que Venezuela dio a cientos de miles de españoles a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Guerra Civil del 36.
 
Publicado para El Correo, 15/08/2017.

31 de julio de 2017

Nota prensa. Elecciones Venezuela.

 Nota de Prensa, 31/07/2017

El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jáuregui, ha pedido a Nicolás Maduro que “suspenda el encargo de elaborar una nueva Constitución a una Asamblea ilegítima que representa solo a una parte del pueblo venezolano. Es ilegítima porque no había mandato popular para elaborar una nueva Constitución y porque su composición no respeta los principios democráticos de voto individual, libre, directo, secreto y universal. Además, una parte de los elegidos procede de unos sectores sociales cuyo censo es sospechoso de haber sido manipulado por el Gobierno”.

“No se puede elaborar una Constitución contra la mitad del pueblo, como mínimo, asegura Jáuregui. Una Constitución es un pacto de convivencia. Esas son las reglas básicas de la democracia y de las libertades de un país, y solo un amplio consenso, muy mayoritario, puede establecer ese marco fundamental de vida social”.

“Como copresidente de Eurolat pido al presidente Maduro que no encargue a la Asamblea elegida ayer la elaboración de una nueva Constitución, que mantenga los poderes de la Asamblea Nacional y que pacte con la oposición un calendario electoral para las elecciones locales, provinciales y generales”, ha manifestado.

Jáuregui ha recordado la declaración firmada el pasado 11 de julio por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David MacAllister; el presidente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, Francisco Assis; y él mismo: “Tal y como acordamos en nuestra declaración, pido a la UE y a su Alta Representante que no reconozca a esta Asamblea Constituyente, fruto de un proceso ilegitimo y no representativo, y fuente de un conflicto de poderes seguro y peligroso. Le pido igualmente que siga trabajando por un gran acuerdo nacional de Gobierno y oposición, que permita pactar un calendario electoral y dar salidas democráticas y pacíficas a la grave situación venezolana”.

16 de julio de 2017

Paz y Presos.

 Hubo un tiempo en que la sociedad y la política vascas creyeron que «paz por presos» era una ecuación razonable. Al mismo tiempo, se negaban tajantemente concesiones políticas a la violencia. Se decía: «La política no es negociable con las armas, pero si las abandonáis seremos generosos». Más o menos ese era el esquema filosófico de nuestra estrategia en los 80, bien reflejada en el propio pacto de Ajuria Enea.

Eran tiempos de desesperanza en que el final fuera posible. Durante muchos años, vivimos esos sentimientos de dificultad para salir de aquel túnel horrible. Estos días en que conmemoramos los treinta años de Hipercor y Zaragoza y los veinte de M. A. Blanco, recordaba este razonamiento para valorar, -nunca lo haremos suficientemente- la extraordinaria victoria de la democracia sobre el terror. Nadie puede cuestionar que el final de ETA ha sido limpio, democrático, irreversible, «para siempre» como rezaban las pancartas que tantas veces, tantos años, portábamos las fuerzas democráticas.

Pronto hará seis años que ETA asumió el fin del terrorismo y desde entonces nada ha puesto en duda esa decisión. Por el contrario, a lo largo de estos años han ido confirmando su voluntad de abandonar las armas, a través de una serie de anuncios y actos que hacen más creíble todavía la realidad de la paz en la que vivimos, al margen de la ampulosa liturgia en la que los han envuelto. La localización de sus zulos, los actos de reconocimiento del daño causado y de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas y la disolución del Comité Internacional para la Verificación son los últimos gestos que acreditan esa decisión. Sin duda, queda algo muy importante por hacer: disolver la organización armada y encauzar a la política sus causas. Esta solemne decisión no la han tomado y en mi opinión, es condición necesaria para un tratamiento penitenciario diferente de sus presos.

«De ninguna manera», dijo el Ministro de Justicia hace unos días en Santander para cerrar el debate sobre la posibilidad de cambiar la política penitenciaria. No obstante, conviene recordar que la dispersión se basaba en la necesidad de desarticular a la banda también en las prisiones, porque estaba comprobada su influencia en la continuidad de las acciones terroristas, incluso a veces exigiendo desde ellas más asesinatos. Pero sin violencia y con la mayoría de los presos en fase de reinserción social, no hay razón para la dispersión en cárceles alejadas de sus familias. Esto no quiere decir que haya que traer y juntar a los presos de ETA en las cárceles del País Vasco. Seguirá habiendo fuertes razones para mantener aislados y alejados a presos con nulas intenciones de reinserción o con peligrosas actitudes en favor de la violencia. Pero una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos paralelos a sus familias.

También puede flexibilizarse el régimen de cumplimiento de las condenas a aquellos presos cuya voluntad de reinserción social es evidente y por lo que sabemos, son mayoría. Cosa por otra parte muy comprensible y razonable cuando se arrastran decenas de años en la cárcel. Los permisos temporales, la prisión condicional y otras fórmulas de cumplimiento de las penas más favorables están pensadas para la reinserción precisamente. También se puede y se debe facilitar el cumplimiento de las penas en arresto domiciliario cuando la enfermedad grave del preso lo aconseje.

En septiembre, la mayoría de presos de ETA van a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria la aplicación de este tipo de medidas. Esto significa que los presos, previamente aceptan la legalidad, renuncian a la militancia en la organización terrorista, rechazan los delitos cometidos y asumen compromisos para resarcir a sus víctimas. Me pregunto si vamos a reaccionar con escándalo informativo y protestas políticas a las medidas que adopten los jueces en aplicación de la ley.

Yo creo que hay que consensuar una estrategia de discreción y respeto a una aplicación flexible y generosa de nuestra ley penitenciaria para con todos aquellos presos de ETA cuya voluntad de reinserción social esté acreditada. Y el Estado, tiene medios y conocimientos para saberlo. No estamos hablando de indultos, ni de reducción de penas, ni de cuestionar las sentencias de los tribunales. Por el contrario, lo que procede es continuar con la política de reinserción que ya se practicó desde el momento mismo en que se inició la dispersión. Lo que procede es aplicarla a la mayoría porque ya no hay violencia, han renunciado a las armas y son la mayoría los que solicitan esta reinserción.

Yo creo que la generosidad es la virtud del ganador. La democracia derrotó a ETA. Lo hizo policialmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. La derrotó en todos los frentes, hasta el punto de que fueron sus propios apoyos y defensores quienes le forzaron a diseñar un final con apariencias de pacto, convencidos de que su continuidad arruinaba su causa e impedía su futuro. Fue una victoria de la sociedad, de la ley, de las víctimas, del Estado, de la democracia en suma. Y es a esa victoria a la que le corresponde ahora ser inteligente, siendo generosa, al suavizar los sufrimientos humanos y los sentimientos antagónicos que generó esta tragedia. Leí hace unos días una encuesta que aseguraba que dos tercios de los vascos están de acuerdo con estas ideas. Creo que esta es una reflexión muy extendida en la sociedad vasca. Pero no solo. Conozco a muchas víctimas de ETA que pensamos así. Porque el relato de la verdad, que nadie mejor que ellas asegura, gana legitimidad y grandeza con esa actitud humanitaria y conciliadora del Estado, con esa generosidad inteligente de la democracia.
Publicado en El Correo, 16/07/2017

14 de julio de 2017

Cursos de Verano UCM y UMA 2017.


ENTREVISTA RAMÓN JÁUREGUI. CURSOS DE VERANO DEL ESCORIAL 2017.13/07/2017 Universidad Complutense de Madrid.

CURSO: LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA: COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y CONSENSO.
El valor del otro: pluralismo y pacto en la política española.






CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DE MALAGA 2017(MARBELLA). 14/07/2017.

EL POST-BREXIT: OPORTUNIDADES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y CIUDADANAS

“El Brexit y el proceso de construcción europeo. ¿Quo vadis, UE?”



10 de julio de 2017

Comisión PANA. 10/07/2017 PANAMA PAPERS

Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.



6 de julio de 2017

Vídeo Curso de verano Fundación Yuste. 28/06/2017


CURSO VERANO YUSTE: DEL TRATADO DE ROMA AL TRATADO DE MAASTRICHT Y LOS AVANCES PENDIENTES EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA.





 Via Fundación Yuste

4 de julio de 2017

Intervenciones Sesión Plenaria 4/07/2017

Intervención sobre la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales.

   



Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.

 

27 de junio de 2017

Entrevista para La Vanguardia, 27/06/2017

"Europa es una superación de los nacionalismos”





Descubrimos las dependencias europarlamentarias de Bruselas de la mano de nuestro nuevo protagonista. Se trata de Ramón Jáuregui, un reconocido político vasco a quien le avala su extenso currículum: concejal y teniente de alcalde en el ayuntamiento de San Sebastián, delegado del gobierno, diputado, consejero y vicelehendakari hasta llegar a ministro de la Presidencia en el último gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

Para la grabación del espacio “Europa eres tú”, Jáuregui nos abre las puertas de su despacho en la capital belga para analizar los retos de futuro que debe aceptar la Unión y analizar los problemas que sufre en la actualidad. Para este representante del grupo parlamentario S&D, “la gestión de la política monetaria no ha sido un éxito desde la crisis de Lehman Brothers, por lo que hay que construir una unión monetaria más eficaz y una política económica y fiscal distinta, que evite la competencia desleal o los LuxLeaks ”, argumenta el socialista.

Tras la crisis de Lehman Brothers

“Hay que construir una unión monetaria más eficaz y una política económica y fiscal distinta, que evite la competencia desleal o los LuxLeaks”

En cuanto a política social, la Unión también necesita “un alma social para recuperar el afecto desde los sectores que ven devaluados sus condiciones sociolaborales, ya que Europa no puede ser contemplada sin ser el espacio de la protección social”, confiesa Jáuregui. Dentro de lo que el eurodiputado llama el “Horizonte 2020”, también debe resolverse la política migratoria europea para que “dé una respuesta humanitaria, moderna, nueva y solidaria al problema que nos acecha a todos”.

Cuestionado por el proceso independentista catalán, Jáuregui reconoce que una Catalunya fuera de España la dejaría al margen del espacio económico y político de la Unión, ya que “nadie en Europa quiere que los Estados se desmiembren y aparezcan de nuevos”. Para justificarlo, el eurodiputado vasco se remonta a los orígenes de la UE contemporánea y recuerda que “Europa es una superación de los nacionalismos como resultado del fin de la segunda guerra mundial”.
Sobre la cuestión catalana

“Nadie en Europa quiere que los Estados se desmiembren y aparezcan de nuevos”

En cuanto a la seguridad continental, a propósito de los atentados terroristas que Europa viene sufriendo, Jáuregui considera que no está debidamente coordinada. “Europa tiene la necesidad de mejorar su eficiencia y de combatir mejor una amenaza que, mucho me temo, va a convivir mucho tiempo entre nosotros”, lamenta el eurodiputado.
 
Publicado en La Vanguardia, 27/06/2017
 

23 de junio de 2017

La cuenca atlántica, un horizonte por explorar.

Uno de los ámbitos geográficos con los que la Administración Trump ha mostrado un comportamiento menos previsible es Latinoamérica. Algunas de las agrias declaraciones realizadas por el mandatario durante la campaña electoral se han diluido como un azucarillo en un vaso de agua: es el caso de la pretendida construcción del muro en la frontera con México, a pagar por los propios mexicanos, o la retirada de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que también parece haber quedado en el olvido.

Sin embargo, hay otros aspectos de la política exterior norteamericana en esa región que siguen siendo una incógnita. Por el momento, no sabemos con claridad cuál va a ser la posición de la Administración Trump con respecto a Cuba, aunque todo hace temer que el movimiento de aproximación iniciado por la Administración Obama no vaya mucho más lejos. Tampoco está clara la continuidad del apoyo al proceso de paz en Colombia, donde la contribución financiera, diplomática y técnica de Estados Unidos resultaba muy útil. Ni siquiera en el caso de Venezuela hay un posicionamiento neto de la Administración Trump en este momento.

Los europeos debemos hacer nuestras las oportunidades que el aislacionismo estadounidense abre para nosotros. Ha llegado el momento de que la Unión Europea (UE) asuma un rol más relevante en la gobernanza mundial. A estas alturas, solo el euroescepticismo más recalcitrante cuestiona la necesidad de que Europa avance en seguridad y defensa colectiva, fortalezca su política comercial y se haga cargo del liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Pero además, Europa debe aprovechar la coyuntura para reforzar su presencia en regiones donde su influencia puede ser bienvenida: es el caso de América Latina.

Pese a los indudables vínculos que unen a ambas regiones, la última década ha sido testigo de una falta de coincidencia. Mientras que Latinoamérica focalizaba sus esfuerzos de atracción de inversores y generación de alianzas en Asia (con China, Japón o Corea como actores preferenciales), la UE miraba hacia su vecindad, preocupada por el alto nivel de conflictividad de la misma. El Mediterráneo, Oriente Medio, las fronteras con Rusia o los conflictos en África reclamaban atención urgente, lo cual impedía dirigir una mirada más sosegada hacia América Latina.Europa y América Latina tienen muchos elementos en común. Comparten un legado histórico, cultural y de valores, dos lenguas oficiales de la UE lo son también en América Latina, tienen similares marcos políticos y jurídicos —especialmente en comparación con otras regiones, como Asia— y sus visiones respecto a la gobernanza global, desde el terrorismo al cambio climático, guardan también grandes semejanzas. Además, sus sociedades civiles están conectadas a través de lazos familiares y personales y continuos contactos académicos, empresariales, laborales y comerciales. En este último aspecto, el comercial, América Latina es una tierra de oportunidad para los inversores europeos, pero también lo es Europa para las empresas y productores latinoamericanos: se trata de dos grandes mercados, con millones de consumidores, que funcionarán más eficientemente cuanto más integrados estén. Al mismo tiempo, Europa puede proporcionar a Latinoamérica un enorme caudal de conocimiento muy útil en materias tan variadas como integración regional, cohesión social y territorial, cooperación transfronteriza, innovación empresarial y mejora de la fiscalidad.

Es hora de cambiar esa pauta y sacar partido a las oportunidades que ofrece una alianza estratégica con Latinoamérica, ahora que el giro nacionalista de Estados Unidos aleja a la gran potencia del norte del que fuera su “patio trasero”. Para ello deberíamos empezar a cultivar la idea de una Cuenca Atlántica que, si trabaja coordinadamente, posee un inmenso potencial.

Europa tiene ya una larga serie de acuerdos económicos y comerciales con países o grupos de países de la región (México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador o Centroamérica). Además, está trabajando en la modernización de los acuerdos con México y Chile y en la firma de un acuerdo político y de cooperación con Cuba, que tendría sin duda carácter histórico. Por supuesto, la joya de la corona en términos económicos sería la culminación de las negociaciones para la firma de un acuerdo con Mercosur, que es el bloque económico y demográfico más grande de la región. Este entramado de acuerdos puede ser la simiente de la integración transregional de la Cuenca Atlántica, como en su día lo fue la CECA para la futura UE. Es evidente el enorme valor añadido que tendría tal integración, que además abriría a Europa las puertas del Pacífico.

Al potencial económico de la Cuenca Atlántica hay que sumar su doble potencial energético y medioambiental: si Latinoamérica es fuerte en energías fósiles, Europa lo es en energías limpias, y ambas regiones comparten una conciencia clara de la necesidad de luchar contra el cambio climático. América Latina tiene activos medioambientales claves para el futuro del planeta, desde la Amazonia a los territorios colindantes con la Antártida, pero al mismo tiempo es una de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Si la Cuenca Atlántica trabaja conjuntamente en este tema generará un consenso suficientemente grande como para atraer a otros actores claves, en particular a China. Y por supuesto, de cara al futuro, esperemos que un nuevo cambio en la Casa Blanca permita volver a sumar a Estados Unidos.

Desde el punto de vista demográfico, la Cuenca Atlántica aúna a más de 1.000 millones de personas, un porcentaje importante de los cuales mantienen vínculos familiares, personales, laborales o de otra índole. La imbricación de las sociedades civiles ya es un hecho, y cuenta incluso con iniciativas de integración tan interesantes como las cumbres en el ámbito académico y empresarial que se producen en los márgenes de las Cumbres UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno.

Es más, dicha imbricación entre las sociedades civiles irá inexorablemente en aumento gracias a una serie de avances tecnológicos que empiezan a prosperar. Uno de ellos es el proyecto de unir Oporto y Salvador de Bahía a través de un cable de fibra óptica, que acelerará las comunicaciones de manera revolucionaria, facilitando la relación entre empresas, instituciones, universidades y ciudadanos. No menos importante será el impacto de los cambios en el transporte aéreo: ya estamos viendo compañías low cost que abaratan enormemente el precio de los billetes, lo cual pone al alcance de casi todos realizar viajes transatlánticos cada vez más frecuentes. Socialmente, este abaratamiento permitirá a las familias con miembros en las dos orillas verse con más frecuencia y favorecerá la movilidad de los estudiantes e investigadores. Económicamente, hará menos costosos los desplazamientos por razones profesionales y ayudará al florecimiento del turismo en muchos países de América Latina, un sector que —si se dirige de manera sostenible— puede apuntalar la recuperación de economías que a día de hoy se encuentran más débiles.

La Cuenca Atlántica es ya una realidad de hecho, solo falta institucionalizarla y explorarla de modo que saquemos de ella el máximo beneficio para todos. Si se animan a dar ese paso, Europa y América Latina pueden ser los actores del futuro en la gobernanza global.

Ramón Jauregui es eurodiputado del PSOE y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana.

Publicado en El País, 23/06/2017

13 de junio de 2017

Los socialistas en el Parlamento Europeo acusan al PP y Ciudadanos de bloquear la transparencia fiscal

 Nota de Prensa, 13/06/2017


El grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha denunciado el bloqueo a las medidas para aumentar la transparencia en las declaraciones fiscales de las compañías multinacionales. El Partido Popular Europeo y los liberales de ALDE, grupo al que pertenece Ciudadanos, han vaciado de contenido la propuesta sobre los “Informes país por país” que se ha votado en la comisión de Asuntos Jurídicos y en la de Asuntos Económicos.

“Necesitamos leyes fuertes para asegurarnos de que las multinacionales pagan sus impuestos donde generan su actividad económica, asegura Ramón Jáuregui, jefe de la Delegación Socialista Española. El Partido Popular y los liberales han puesto tantas barreras contra la transparencia que han dejado la propuesta vacía de contenido. Cuando surgen escándalos como Luxleaks o los Papeles de Panamá dicen que hay que hacer algo, pero cuando realmente tenemos posibilidades de hacerlo, bloquean que haya medidas efectivas”.

La propuesta de “Informes país por país”, trata de obligar a las compañías con una facturación superior a 750 millones de euros a presentar sus resultados financieros y contables públicamente y desagregados en cada país en el que operan. De este modo, se intenta evitar que presenten los datos de su actividad de forma global, uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos con la llamada ingeniería financiera.

“Si esto no cambia, el Partido Popular y los liberales habrán conseguido que las empresas no estén obligadas a hacer públicos sus datos de forma detallada, acusa Jáuregui. Además, habrán logrado bloquear el límite temporal a la llamada “cláusula de salvaguardia”, por lo que las empresas podrían esconder información confidencial de forma indefinida. Presentaremos enmiendas en el pleno y seguiremos trabajando para que la transparencia fiscal sea una realidad”. 

31 de mayo de 2017

Entrevista Foro Europa Ciudadana.

Foro Europa Ciudadana pone en marcha un espacio monográfico de entrevistas a los Eurodiputados españoles para que nos cuenten su experiencia en las instituciones europeas. Ramón Jáuregui, Presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, inaugura esta nueva sección que tiene como objetivo acercar el día a día de la actividad política en Bruselas.

Ramón Jáuregui (septiembre, 1948) es Eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo y es el responsable de la Delegación Socialista Española en Bruselas. A lo largo de su extensa trayectoria política ha ocupado distintos cargos de responsabilidad como Ministro de la Presidencia del Gobierno de España, Vicelehendakari del Gobierno Vasco, Delegado del Gobierno en el País Vasco y Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Actualmente desarrolla su actividad política en el Parlamento Europeo y hemos querido conocer sus impresiones sobre el funcionamiento de las Instituciones europeas:
¿Cómo es el día a día en el Parlamento Europeo?


La actividad cotidiana del Parlamento Europeo es ante todo muy variada, porque nuestras rutinas cambian mucho en función del tipo de “semana” de que se trate. Hay semanas dedicadas a sesión plenaria, reuniones de grupo, de comisiones o las llamadas “semanas verdes”, que se reservan para hacer visitas oficiales de las Comisiones y Delegaciones o bien para que cada Diputado realice actividad en su circunscripción de origen. Las semanas de pleno, además, tienen la particularidad de que se celebran en Estrasburgo, a excepción de los llamados “miniplenos”, de día y medio, que tienen lugar en Bruselas. Esta peculiaridad de la doble sede obliga a desplazar a la práctica totalidad del Parlamento hasta Estrasburgo una vez al mes, lo cual es un cambio importante en nuestras rutinas.

En todo caso, nuestro día empieza entre las 8 y las 9 de la mañana y acaba cuando termina la última reunión (en las semanas de pleno eso puede significar que estamos al pie del cañón hasta las 12 de la noche o casi). Además de las reuniones de grupo parlamentario, de cada delegación nacional o de las Comisiones y Delegaciones de las que somos miembros, cada diputado recibe en su despacho a un sinfín de personas procedentes de todos los sectores, a quienes escuchamos y con quienes debatimos sobre los dosieres en los que estamos trabajando en cada momento. En mi caso, por las funciones que desempeño, yo recibo sobre todo a representantes diplomáticos y de gobiernos latinoamericanos, miembros de la sociedad civil y de ONGs y expertos del mundo del derecho, la economía y las relaciones internacionales. Por supuesto, cuando algún otro sector -empresas, universidades, sindicatos, etc- me solicitan un rato de mi tiempo, procuro recibirles, porque considero que como representante político tengo la obligación de escuchar el punto de vista del máximo de personas y sectores posible. Por eso este tipo de reuniones procuramos hacerlas breves, de 30 minutos como máximo, ya que de otro modo es imposible dar la oportunidad a todas las personas que piden tiempo de reunión.

A todo ello hay que añadir el trabajo de despacho: escribir artículos y preparar intervenciones, estudiar informes y redactar enmiendas… todo lo cual requiere tiempo para concentrarse, leer y pensar… El bien más escaso en el Parlamento Europeo es sin duda el tiempo: es un recurso que cuidamos al máximo porque nunca sobra.

¿Cuando tomó posesión de su acta como eurodiputado, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?

La primera vez, en 2009, me llamó mucho la atención la falta de conocimiento que la ciudadanía europea tiene del trabajo que realiza el Parlamento y de la importancia que éste tiene sobre sus vidas. Cuando volví en 2014 volví a tener la misma percepción, y aunque ya no me sorprendió, me preocupó aún más, porque tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2010 el Parlamento Europeo ha ganado competencias legislativas y lo que se decide aquí afecta mucho más que antes a los ciudadanos.

Hay quien piensa que en el Parlamento Europeo se trabaja muy poco, y nada más lejos de la realidad. Es un trabajo muy intenso, a veces trepidante, y sin embargo es muy desconocido para la mayoría. Es una pena ese desconocimiento, o ese prejuicio sobre la labor de este Parlmento porque fomenta el euroescepticismo, a mi entender.
¿Qué diferencias hay entre el Parlamento Europeo y otros Parlamentos en los que haya estado (Congreso de los Diputados, Parlamentos autonómicos)?


La esencial es el tamaño y la diversidad. El Congreso de los Diputados español, con sus 350 miembros, se queda muy pequeño en comparación con los 751 eurodiputados de 28 países distintos. Este elemento de diversidad de lenguas, culturas, modos de hacer política e incluso de entender la vida, resulta a veces complejo pero siempre es enriquecedor. Visto desde fuera, parece una pequeña Babel, pero gracias a la labor de los intérpretes y el recurso al inglés, que es la nueva lingua franca, pero también al francés o incluso al español, somos capaces de entendernos y trabajar juntos sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Logramos entendernos sobre todo porque queremos entendernos, y porque a pesar del euroescepticismo seguimos siendo mayoría los que pensamos que proyecto europeo merece la pena. Este es un entorno cosmopolita y eso lo hace muy singular y muy interesante.

¿Cómo es la relación con otros diputados de otros países?

En general es muy buena. Aquí rige una norma implícita de cortesía parlamentaria, de respeto, por la cual las diferencias de opinión por grandes que sean se saldan discutiendo de la manera más civilizada posible. Eso no quiere decir que no haya debates tensos en ocasiones; los hay. Pero en general se procura mostrar la discrepancia dentro de los límites del respeto.
¿Qué destacaría de la actividad del Parlamento Europeo?

En cuanto al trabajo en sí, destacaría la intensidad del ritmo. Respecto a su repercusión hacia el exterior de la institución, lo más importante sin duda es la capacidad de colegislación, que convierte al Parlamento Europeo en un actor sumamente relevante en la construcción de las políticas comunitarias.

30/05/2017

25 de mayo de 2017

Un memorial en el Valle.

 Si queremos simbolizar el sellado del pacto reconciliatorio de la Transición en un lugar, en un acto, en la memoria colectiva de la España moderna, no habría mejor decisión ni mejor espacio que la transformación del Valle de los Caídos en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil. Sí, esta es la perspectiva que debe prevalecer: la de las víctimas, la de todas ellas, como recuerdo imperativo de lo que nunca más debe suceder.

Ese y ningún otro era y es el espíritu de la Ley de la Memoria Histórica que el Partido Popular banalizó y ridiculizó en su agresiva política de oposición al presidente Zapatero.

Durante el último año de su mandato trabajamos en tres líneas que reclamaban continuidad y que el Partido Popular paralizó. Elaboramos un mapa de fosas en las que todavía, 80 años después, yacen restos de fusilados republicanos. Una tarea inacabada realizada a partir de testimonios e indicios de testigos aún vivos, por poco tiempo, para que los familiares que los reclamen puedan enterrarlos con dignidad y con la ayuda del Estado. Aprobamos igualmente el protocolo científico para las exhumaciones. Se trataba de superar las enormes obstrucciones administrativas con las que topaban y topan las exhumaciones, así como eventuales impericias. Y, por supuesto, completamos la ayuda económica para ellas.

En segundo lugar, preparamos un modelo de certificación oficial y dimos curso a declaraciones de ilegitimidad de los tribunales y de las sentencias franquistas. Es difícil describir la emoción que sentimos cuando entregábamos esas Declaraciones de Reparación y Reconocimiento a los familiares de los fusilados en los inicios del régimen. Era una reparación moral y política obligada del Gobierno de España por la que, a tenor de la Ley de Memoria Histórica, aquellas sentencias condenatorias quedan desprovistas de valor jurídico. El Tribunal Supremo confirmó que el sistema de la declaración general de ilegitimidad ope legis por la que había optado el legislador sustituía y excluía la vía de la eventual declaración individualizada de nulidad e invalidez de las sentencias afectadas por tal declaración (21 de febrero de 2011).

Por último, encargamos a una comisión de expertos, cuidadosamente elegida y pactada con todas las fuerzas políticas, la elaboración de un informe sobre el futuro del Valle con la idea de trasformar su vieja significación y convertirlo así en un lugar de memoria reconciliada.

El Valle no es un lugar cualquiera. Reclama un profundo respeto porque allí yacen los restos registrados de 33.847 personas, de los cuales aproximadamente 21.400 son de víctimas identificadas y unos 12.400 de no identificadas. Miles de ellas habían sido enterradas en fosas comunes cerca de las paredes de los cementerios, en descampados y cunetas. A partir de 1959, desde múltiples pueblos y ciudades de España, fueron trasladadas y depositadas en los columbarios del Valle. Su identificación ha devenido imposible hasta el presente por las malas condiciones en que se realizó el traslado, por la deficiente identificación en origen, en particular de las republicanas, y por los sucesivos derrumbes que han sufrido los columbarios citados.

El informe es conocido. Fue presentado públicamente después de celebradas las elecciones de octubre de 2011 y fue entregado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con los documentos de la transmisión de poderes al nuevo Gobierno. Los expertos recomendaban en esencia:

1. Construir un memorial civil en la explanada del Valle, con los nombres y apellidos de todos los enterrados allí. Un gran mausoleo en homenaje permanente a todas las víctimas. (Algo semejante al memorial por las víctimas de la Guerra de Vietnam en Washington).

2. Dignificar la situación de los restos, los columbarios y las criptas.

3. Construir un centro de interpretación del lugar con la historia de la construcción del Valle, la guerra y el recuerdo de los trabajadores penados, junto a un centro de documentación e investigación histórica.

4. Mantener el uso religioso del templo, pero con una presencia católica absolutamente comprometida con la democracia, el pluralismo político y la reconciliación, sin resabio alguno del espíritu nacional-católico franquista.

5. Y, por último, precisamente por ser un lugar de memoria de las víctimas, el informe reclamaba la exhumación de los restos de Franco del templo y la reubicación de los de José Antonio, víctima también, en lugar no preeminente. Tres de los expertos expresaron un voto particular. Suscribían todas las recomendaciones del informe salvo esta. No por razones de principio, sino de prudencia.
 
Esta no es una tarea partidista. La mayoría de los partidos, salvo uno, suscriben las propuestas del informe seis años después, como manifestó la votación en el Congreso del pasado 11 de mayo. Tampoco es anacrónico. Hacer un memorial en el Valle “no reabre viejas heridas”, como dijo el portavoz del Gobierno. Por el contrario, la cierra con la verdad del pasado y la dignidad para las víctimas. Hacer del Valle un lugar de memoria reconciliada es una gran asignatura pendiente de nuestra tortuosa memoria sobre la guerra y la represión franquista posterior. Es sencillamente inexplicable que no lo hayamos hecho ya. Si fuimos capaces de hacer la Transición y reconocernos, no como enemigos del pasado, sino como ciudadanos del futuro, ¿por qué no simbolizar ese abrazo en un lugar tan significativo?
 
No es razonable que ese lugar divida y enfrente virulentamente a los españoles 40 años después. O que los turistas que lo visitan confundan un memorial de víctimas con un mausoleo del dictador.
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
 
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
 
Ramón Jáuregui fue el ministro de la Presidencia que encargó el informe de los expertos y Carlos García de Andoin, su colaborador, el secretario de la comisión que lo elaboró.
 
Publicado para "El País" 25/05/2017
 

23 de mayo de 2017

Mucho por hacer.


Dos evidencias: Pedro Sánchez ha ganado con claridad y el proceso de primarias en el PSOE ha sido un ejemplo de democracia directa y orden democrático. El desenlace ha sido limpio y la participación muy alta. Quienes creímos que era necesario renovar la dirección del partido tras la gestión pasada, nos equivocamos.
El sentimiento de la militancia contra la abstención en la investidura de Rajoy era más fuerte de lo que pensábamos y el contexto de corrupción del PP de las últimas semanas hizo el resto. Sin duda, hubo y hay más razones en la victoria de Pedro que tienen que ver con el debate ideológico de la izquierda y con la estrategia política futura del PSOE que también han influido decisivamente en su triunfo y que configuran el futuro para nosotros y para el país.
La primera condición de ese futuro es que mantengamos la unidad interna. Eso requiere que todos, principalmente quienes apoyamos a Patxi o a Susana, nos pongamos a disposición y ‘a la orden’, y aceptemos colaborar con la dirección en los lugares y con las responsabilidades que esta decida. La unidad exige también que la nueva Ejecutiva integre a todos y evite sectarismos vengativos que prolongarían las heridas abiertas en este proceso.
La segunda tarea es hacer un buen congreso. Los delegados, esta vez en el ejercicio de un modelo de democracia representativa, deberían confirmar las coordenadas principales del programa del nuevo secretario general y aprobar unas resoluciones ideológicamente coherentes con él. A su vez, su Ejecutiva deberá ser de integración y así ser apoyada por una amplia mayoría del  Congreso.
Ahí empezará una nueva etapa. La definición de la estrategia política de oposición será el siguiente test. El origen de la investidura y los mensajes de la campaña de las primarias comprometen a la nueva dirección del PSOE a endurecer su discurso y a rechazar los pactos con el Gobierno.Esto es lo que a priori cabe suponer, teniendo en cuenta que el sentimiento contra la abstención ha sido determinante en la nueva mayoría del PSOE y por supuesto en el discurso del nuevo secretario general. Pero, ¿Cómo hacer esto compatible con la ‘oposición útil’ que también se ha prometido? Es sabido que la utilidad viene de los pactos que consigas y de las conquistas que obtengas en esos pactos. A veces, los pactos suman oposición para vencer al Gobierno impidiendo sus planes. Pero la mayoría de las veces, los pactos se hacen con el Gobierno para arrancarle políticas o decisiones que solo él puede adoptar. Una buena muestra de esa utilidad fueron, por ejemplo, los pactos sobre el salario mínimo, la retirada de la Lomce o la aplicación de las sentencias europeas sobre las cláusulas suelo que protagonizó el PSOE estos meses pasados. Más recientemente, el PNV, con su pacto de los Presupuestos y el Cupo, es otro buen ejemplo de ‘oposición útil’.
Pero, una oposición ‘sin concesiones’ nos llevará a una pugna con Podemos en la que, me temo, ellos siempre serán más llamativos y tendrán menos límites que nosotros. Esa estrategia tiene el riesgo de que la ingobernabilidad provoque un adelanto electoral cuyos resultados nadie conoce. En esa línea, los socialistas debemos tener en cuenta un análisis imprescindible. ¿Son los 180.000 electores del PSOE el mejor reflejo de los 10 millones de votos a los que debemos aspirar? La experiencia francesa demuestra que no es así, y estoy seguro que la dirección del PSOE lo sabe y evitará esa peligrosa confusión. 
El nuevo secretario general y probable candidato a la presidencia del Gobierno debe forjar una alternativa ganadora a la derecha. Tiene formas y formación para ello. Es moderno, urbano, cosmopolita.Tiene ambición y representa un cambio generacional interno evidente sobre el PSOE del pasado.Pero necesitará ganarse la confianza de millones de españoles que no votaron el domingo. Necesitará generar solvencia y fiabilidad en la gestión de una España compleja, con la crisis territorial más grave de su historia moderna. Necesitará ser percibido como un líder capaz de gobernar una economía globalizada que asegure el crecimiento económico como condición de creación de empleo y de redistribución social. A la salida de un colegio electoral en el Lander de Renania hace quince días preguntaron a un votante por qué había votado a Angela Merkel. «Me da seguridad y progreso», dijo. Ofrecer estas dos palabras mágicas en el siglo de la incertidumbre es la gran asignatura pendiente de la socialdemocracia.
Las otras ya las tenemos acreditadas.
Pedro Sánchez quiere ser –como es natural– presidente del Gobierno y lo logrará si convierte al PSOE en una izquierda útil, no testimonial. En el testimonio y en la protesta, hay otra izquierda. Somos la propuesta, la responsabilidad, el pacto. Somos un partido del país – el que más se parece a España, solíamos decir– y nos ofrecemos a la gente como un partido a su servicio, fiables, solventes, serios, responsables. Para ser más concreto, no ganaremos las elecciones prometiendo derogar la reforma laboral del PP, sino describiendo cómo queremos el empleo del futuro. No basta con decir que defenderemos la sanidad pública, sino que debemos explicar cómo y de dónde inyectamos un punto de PIB a la joya de la corona del estado de bienestar. No ganaremos la confianza de los pensionistas si no explicamos el origen fiscal de los 10.000 millones de euros que faltan cada año para cuadrar su presupuesto. Y así podríamos seguir con nuestra propuesta de reforma constitucional cuya única posibilidad de materialización exigirá pactos de estado con el resto de fuerzas. Son solo algunos ejemplos de un proyecto reformista y realista que debe caracterizar nuestra oferta política.
No se trata de ganar las batallas retóricas de la izquierda. Ya no bastan las proclamas sociales, sino las soluciones reales a un mundo nuevo, que nos plantea cada día nuevos retos ideológicos a las viejas coordenadas del siglo pasado entre izquierda y derecha.Por supuesto, hay izquierda, pero o es nueva o quedará superada por una sociedad y unos electores que poco tienen que ver con los que nos votaban el siglo pasado. Es una izquierda moderna, valiente, que tiene respuestas a la nueva sociedad laboral, a las migraciones masivas de este siglo, a la concentración urbana en las ciudades, al envejecimiento, a la seguridad social del futuro, a los nuevos retos bioéticos, al comercio internacional, a la seguridad  cibernética… a tantas cosas. Esa es mi visión un poco apresurada y muy preocupada para el nuevo PSOE.
Desde la distancia biológica y geográfica de quien solo quiere lo mejor para él y para mi país.
Publicado en El Correo, 23/05/2017
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Foto: SANTOS CIRILO
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