12 de diciembre de 2017

Obligando a las empresas a respetar los derechos humanos.


La historia reciente de las ETNs (empresas trasnacionales) muestra innumerables incidentes de abusos contra los derechos humanos como resultado de sus operaciones. Se sabe que estas empresas se han aprovechado de los marcos regulatorios débiles de los países en vías de desarrollo, de la corrupción o de su excesiva dependencia de los intereses corporativos

Esta realidad ha provocado una apremiante necesidad de fijar normas internacionales que sometan a esas grandes compañías a obligaciones en relación con los derechos humanos en esos países.

Se ha de remarcar, que a pesar de que se garantiza un extenso abanico de derechos dentro de los acuerdos comerciales y de los de inversión, sigue existiendo un importante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las ETNs. Sus obligaciones en materia de derechos humanos no son tan evidentes, por lo que garantizar su cumplimiento resulta más complejo. De acuerdo con el poder que ostentan las ETNs la probabilidad de que las legislaciones nacionales les impongan obligaciones en el ámbito de los derechos humanos y consigan que rindan cuentas cuando cometan violaciones, resulta en general poco realista.

Con el objetivo de abordar estas deficiencias, se estableció en 2015 un Grupo de Trabajo intergubernamental dentro del entorno de Naciones Unidas, cuya tarea principal era redactar un tratado vinculante en el ámbito de los derechos humanos y las empresas. La Unión Europea, por su parte, acabó involucrándose en las negociaciones, reiterando que el futuro tratado debería incorporar a todo el conjunto de las empresas, no solamente a las trasnacionales. El Parlamento Europeo se posicionó como defensor de esta iniciativa y animó al conjunto de la UE a adoptar una óptica constructiva y positiva al respecto.

Tras las 2 primeras sesiones de negociación del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición, y basándose en el documento Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas con Respecto a los Derechos Humanos algunas conclusiones son evidentes:
  • Las empresas deben mostrar diligencia debida, haciendo frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades.
  • Existe la necesidad de proporcionar un instrumento internacional jurídicamente vinculante y efectivo para las víctimas de los abusos cometidos por las ETNs y la EOs (otras empresas), ya que a menudo sufren dificultades a la hora de acceder a las vías de recurso.
  • Asegurar el establecimiento de recurso, mediante la adscripción de un tribunal internacional con competencias penales y civiles que supervise las obligaciones de los Estados a la hora de proporcionar recursos, así como la configuración de un comité internacional que admita reclamaciones individuales o un mecanismo internacional de arbitraje.
  • Fortalecer el reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, en lo referente a los derechos humanos.
  • Es evidente la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos potenciando una mayor atención a los abusos sistémicos subyacentes de los mismos.
Al finalizar la tercera ronda de negociaciones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental y el conjunto de la sociedad civil pidieron la continuidad de la autonomía del proceso y la redacción de un proyecto de documento para 2018 que tuviera como puntos de referencia, entre otros:
 
  1. El asegurar la responsabilidad civil, administrativa y penal de las ETNs y EOs en relación con las violaciones de derechos y abusos de derechos humanos.
  2. Incluir mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación efectiva para esas violaciones o abusos a los derechos humanos cometidos por ETNs y EOs.
  3. Incluir obligaciones preventivas a dichos impactos adversos a los derechos humanos.
  4. Reafirmar que las obligaciones de los Estados en relación a la protección de los derechos humanos no terminan en sus fronteras territoriales.
La sociedad civil está dispuesta a contribuir activamente en el proceso y decidida a colaborar para avanzar hacia una cuarta sesión del Grupo de Trabajo en 2018. En cuanto a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas de todo el mundo, están a la espera de que El Tratado se haga realidad y que el curso de las negociaciones se lleve a cabo de una manera consultiva y transparente.
La gran pregunta es qué harán los países. ¿Habrá acuerdo en la Comunidad Internacional para dar este paso extraordinario en la defensa de la dignidad humana? No será fácil. Por eso hay que empujar.
 

Intervención Sesión Plenaria 12/12/2017


Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.



7 de diciembre de 2017

Manuel Marín (1949-2017)

 
 
Aquella foto de Manolo dormido en una mesa de despacho con los pies apoyados en la ventana marcó la primera gran etapa vital de Manuel Marín. Las negociaciones de adhesión fueron eternas, complejas y difíciles y se trabajó duro los tres primeros años del gobierno socialista (1983-1986). Manolo fue hombre clave en aquel gran éxito político que fue la incorporación de España a Europa. Su educación en la Escuela Europea de Brujas le hizo europeo además de español y por eso fue un europeísta adelantado en nuestro país.

Más tarde fue Comisario y Vicepresidente de la UE durante la década de los noventa. Su gestión estuvo marcada por las políticas de empleo, el desarrollo de la cooperación europea con el mundo, la política internacional de la Unión y la expansión de los programas educativos comunes (Erasmus). En Europa se le reconoce como un gran europeísta, hombre serio, riguroso, trabajador y buena persona. Su contribución a la ciudadanía europea estuvo marcada por la creación del programa más exitoso y popular de la Unión: el intercambio de estudiantes universitarios. Casi 500.000 europeos estudiaron en otro país con la beca Erasmus.

Acabó su vida política en España como Presidente del Congreso de los Diputados. Allí manejó la tensión partidaria y el pluripartidismo con paciencia y diplomacia, poniendo a prueba su cabeza ordenada y un poco germánica para la flexibilidad que reclaman las tensiones partidarias.

En definitiva, una trayectoria limpia y honesta, lo que ya es mucho en los tiempos que corren. Un político respetado por todos y admirado por muchos, lo que es más todavía. Un socialista que se fue dejando un rastro de dignidad, coherencia y solvencia. Ojalá tengamos muchos como él.
 
Publicado en Letras Libres, 7/12/2017
Foto: Alfredo García Francés.

1 de diciembre de 2017

Concierto vasco, lealtad y solidaridad.

"Sería inteligente y justo que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos."

El debate sobre el sistema fiscal vasco se produce en el marco de dos parámetros fundamentales. El primero es el soporte constitucional que lo ampara. El segundo es la creciente animosidad económica que suscita. Respecto al primero hay que decir que las dos grandes fuerzas políticas del país, PSOE y PP, han venido mostrando a lo largo de casi cuarenta años de democracia un apoyo firme y sostenido al Concierto Económico vasco. Así ha venido ocurriendo, tanto en la regulación del Concierto mismo como en las negociaciones técnicas que definían el Cupo y en la coordinación fiscal de los impuestos y de las administraciones tributarias.

 Este apoyo político al Concierto no es solo obligado por el mandato constitucional. Me atrevo a pensar que la fundamentación política del Concierto vasco en el ‘establishment’ español es más profunda y responde a la convicción de que este singular marco de relación económica del País Vasco con el Estado es base incuestionable de su anclaje sociopolítico en España. Es más, todo el mundo sabe que cuestionarlo significaría una peligrosísima provocación de males mayores y todo el mundo acepta esa sabia regla de la política que exige no tomar decisiones que, por arreglar una parte, destruyen el todo.

Pero no es menos cierto que el otro parámetro de nuestro debate, el que se refiere a la crítica que suscita en el resto de comunidades autónomas, está creciendo por momentos. Por lo que yo sé, nadie cuestiona el Concierto, es decir, la recaudación fiscal autónoma de los impuestos, sino el cálculo del Cupo para pagar las cargas no asumidas, es decir, las competencias del Estado que este realiza con carácter exclusivo para el conjunto de España. La complejidad técnica de este cálculo genera debates muy primarios, manipulaciones mediáticas y políticas muy burdas. Este es para mí el terreno más peligroso para el futuro del Concierto. Por eso me permito hacer algunas recomendaciones.

La primera se refiere al uso que el País Vasco y Navarra hagamos de nuestra autonomía para fijar tipos e impuestos que puedan generar competencia fiscal con las regiones frontera o con el resto de España y Europa. Digámoslo con claridad: los márgenes para esa autonomía son cada vez menores y la armonización fiscal en toda Europa avanza inexorable. Hace solo unos meses, dirigí una carta al lehendakari y a la presidenta navarra anunciándoles una directiva de la Comisión Europea que pretende consolidar las bases del Impuesto de Sociedades en el conjunto de los 27 países de la Unión. Los escándalos fiscales de ‘Lux-Leaks’, es decir, la competencia desleal de Luxemburgo cerrando acuerdos con las compañías para que instalen allí sus sedes centrales, y los problemas de cobro del impuesto a las compañías tecnológicas y trasnacionales que han dado lugar a la Directiva (Country by Country) para asegurar el pago de los beneficios en cada país, son solo dos de los impulsos a esa armonización. Después llegaron ‘Panamá Papers’,‘Paradise Papers’, etc. en una alarma social cada vez más expansiva, reclamando a las administraciones normas comunes contra la evasión y la elusión fiscal. Esa lucha por la justicia fiscal nos obliga y nos limita cada vez más.
No olvidemos además que cuando hemos utilizado nuestra autonomía fiscal para competir con otros territorios hemos sido sancionados gravemente (vacaciones fiscales) y si lo hacemos en el futuro seremos denunciados –sin ninguna duda– ante la Comisión de la Competencia por «ayudas de Estado».

Mi segunda recomendación es que el País Vasco debe ser transparente y pedagógico en la utilización del Concierto. Los vascos no pagamos menos impuestos que el resto de españoles y eso no todo el mundo lo sabe. La reducción de un punto nominal en sociedades es una minucia que será compensada con menos deducciones y desgravaciones, por lo que las empresas en Euskadi pagarán probablemente un tipo real y medio superior al resto, pero esto tampoco se sabe. En todo caso, el anuncio a bombo y platillo de esa reducción en las mismas fechas en que se aprobaba el Cupo ha sido un error manifiesto de oportunidad.
El Gobierno vasco debiera dar más y mejores explicaciones sobre el Cupo que pagamos y la financiación per cápita que tenemos para nuestras competencias. La acusación que viene de otras comunidades, de expertos y de medios económicos, atribuye al País Vasco y Navarra una financiación casi un 50% superior a otras comunidades. Son cálculos interesados, inexactos y manipulados. Pero nuestra explicación brilla por su ausencia. El Concierto puede dar diferencias finales de financiación, porque su naturaleza y el riesgo de la recaudación propia conllevan también esa ventaja, pero nos corresponde ser más explícitos en nuestros números para amortiguar esa crítica.

Por último, y en relación con lo anterior, el Cupo debiera incluir más explícitamente nuestra contribución a la solidaridad interterritorial. Es cierto que algunas de las partidas de cálculo del Cupo ya lo hacen, por su propia naturaleza. Pero llegados a este estado de las cosas, sería inteligente –y justo– que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos. Como lo hace Europa con las regiones menos desarrolladas y como lo hizo España con Euskadi en la reconversión industrial o en la transformación urbana del Gran Bilbao.
Concierto, lealtad y solidaridad no debieran ser términos incompatibles. Mantener el Concierto es políticamente clave. Ser leales en su utilización con las regiones vecinas y con el conjunto de España y Europa es necesario. Ser solidarios con las comunidades más pobres es justo. Ese es el camino para evitar la simplificación y la demagogia contra una institución que forma parte sustancial de nuestro marco jurídico y político.


Publicado el 1/12/2017 en El correo.


 

21 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

"Desde el paraíso, con evasión"


Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, las nuevas revelaciones conocidas como Papeles del Paraíso vuelven a poner de relieve la ocultación masiva del patrimonio a los ojos del fisco por parte de los más ricos, incluyendo rostros conocidos de la política, el deporte y las artes. Es la prueba palpable de que aun no hemos extraído las lecciones necesarias de anteriores escándalos.

El caso LuxLeaks, relativo a los acuerdos tributarios opacos y desleales suscritos entre multinacionales y algunos Estados miembros, con la finalidad de trasladar artificialmente los beneficios, y los ya citados Papeles de Panamá, pusieron nombres y cifras a la evasión fiscal masiva que de forma mecánica y cotidiana llevan a cabo bufetes especializados en el mundo entero. Que las grandes fortunas eluden impuestos no es desgraciadamente ninguna sorpresa. Ni tampoco que entre ellas hubiera políticos elegidos para trabajar por el bien común, casas reales sustentadas con los impuestos de todos y compañías de las que somos clientes. Pero la filtración masiva de datos confidenciales de compañías off shore y su publicación en medios de comunicación de todo el mundo impulsó la puesta en marcha de distintas comisiones especiales y de investigación en el Parlamento Europeo, que permitieron analizar y diseñar nuevas vías para poner coto a una práctica profundamente inmoral e injusta.

Porque esa es nuestra primera conclusión: sí se puede hacer algo. Mucho. La evasión y la elusión fiscales a gran escala no son males irremediables ante los que podamos encogernos de hombros. Estas prácticas utilizan en gran medida medios perfectamente legales o sacan partido a lagunas y normas que no se han adaptado a los tiempos. Hacerlo está en nuestra mano, y sin embargo, en estos últimos años apenas hemos avanzado. No hemos conseguido asegurar que los llamados trusts sean transparentes. Ni tampoco impedir que los paraísos fiscales sigan actuando con unos modelos de registro de compañías tan opacos como los actuales. Y lo que resulta exasperante, hemos asistido al bloqueo de algunos países, que impiden la elaboración de la lista negra de paraísos fiscales común por parte de la Unión Europea que debe servir de base para actuar contra la elusión. Necesitamos que se apruebe de forma urgente, de modo que sirva de base para aprobar las sanciones administrativas, políticas y comerciales que correspondan.

La más reciente de estas comisiones, la que ha investigado los Papeles de Panamá y de la que soy miembro, está a punto de concluir sus trabajos con dos documentos, un informe de conclusiones y otro de recomendaciones. Los socialistas españoles hemos planteado una serie de iniciativas que refuerzan los mecanismos contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Una medida claramente efectiva, más allá de la transparencia y el intercambio automático de información, sería que los Estados miembros prohíban abrir cuentas financieras y sociedades ficticias en paraísos fiscales a los ciudadanos europeos que no sean residentes en esos países, y que impongan multas en caso de incumplimiento. La pregunta es sencilla: ¿por qué motivo un ciudadano español o francés o italiano tiene una cuenta en un país catalogado como paraíso fiscal, en el que no reside ni tiene una actividad económica real, si no es para eludir el pago de impuestos?

También reclamamos prohibir que las compañías que operan en el mercado interior europeo realicen transacciones con entidades off-shore en las cuales no se pueda identificar al beneficiario efectivo de la sociedad, además de avanzar hacia la completa extinción de estas sociedades pantalla sin actividad productiva efectiva.

Consideramos también que la UE debe retirar la licencia para operar a los bancos que ayuden a sus clientes a defraudar o eludir el pago de impuestos. Y pensamos además que las empresas que utilizan esas jurisdicciones deben tener prohibida su participación en la contratación pública. La Unión Europea ofrece a las compañías y entidades bancarias el acceso a una zona económica de las más ricas del mundo, estable y jurídicamente segura, y por eso, más todavía, está en condiciones de exigir estándares de comportamiento que como mínimo no perjudiquen a sus arcas públicas y por tanto a sus ciudadanos. También por eso, cabe exigir que las compañías introduzcan en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa el compromiso con el pleno cumplimiento de sus deberes fiscales sin ningún tipo de elusión. Es un deber básico y elemental con la sociedad en la que operan.

En el nivel institucional europeo hay más acciones que se deben emprender. La Comisión Europea debe tener un papel más activo y permanente en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, y para ello debe crear un centro de coordinación que evalúe y haga un seguimiento de la políticas fiscales de los Estados miembros y se convierta en el futuro en una auténtica Agencia Tributaria Europea. Como primera tarea, tendría que hacer un seguimiento detallado de la reforma fiscal propuesta por Trump, por la posibilidad de que se lleve a cabo una amnistía que permita la repatriación de beneficios de las grandes empresas tecnológicas a un tipo impositivo muy bajo.

Por último, una cuestión básica: es imprescindible una legislación europea para proteger a los informantes que prestan un servicio público al revelar las irregularidades de empresas y gobiernos y que arriesgan su carrera profesional y sustento, y a menudo, su libertad, ya que algunos Estados miembros criminalizan esta conducta.

Pero con estas recomendaciones no termina nuestro trabajo. Los socialistas consideramos que es necesaria una comisión o grupo de trabajo permanente en el Parlamento Europeo que evalúe de forma continua las medidas que se ponen en marcha y las que se pondrán en el futuro. Queda mucho por hacer. Incluso creo que debiéramos solicitar la realización de una cumbre anti-paraísos y por la justicia fiscal en Naciones Unidas. Muchas de las medidas antifraude requieren acuerdos internacionales. No olvidemos que la evasión fiscal supone a la Unión Europea pérdidas de un billón de euros cada año, una cantidad que muy injustamente pagan los ciudadanos de a pie. No debe haber ni paz ni paraíso para el defraudador.
 
Nueva Tribuna para EuroEFE, 13/11/2017
    

Intervención comisión AFCO 13/11/2017

Comisión del Parlamento Europeo de asuntos constitucionales sobre el futuro de Europa.

 


6 de noviembre de 2017

Nota de Prensa "Paradise Papers" 6/11/2017

Nota de Prensa, Bruselas 6/11/2017



El eurodiputado Ramón Jáuregui reclama que los Estados miembros de la Unión Europea prohíban abrir cuentas en paraísos fiscales a los ciudadanos europeos que no sean residentes en esos países, y que se impongan multas en caso de incumplimiento. “*Por qué motivo un ciudadano español o francés o italiano tiene una cuenta en un país catalogado como paraíso fiscal, en el que no reside ni tiene una actividad económica real, si no es para eludir impuestos?”, pregunta el eurodiputado socialista. “Las grandes fortunas y corporaciones se valen muchas veces de medios que son perfectamente legales para evitar pagar impuestos, y eso es algo que podemos evitar cambiando las leyes”, ha añadido.

“La publicación ahora de nuevos documentos aparecidos en la filtración de 13 millones de documentos conocidos como los Paradise Papers, constituye una prueba más del gigantesco montaje internacional que existe para eludir y evadir la fiscalidad nacional. La red de intermediarios, bancos, despachos jurídicos, fondos financieros, etc. tiene en los paraísos fiscales su base de operaciones para materializar la evasión, lo que obliga a trabajar en un amplio abanico de medidas para combatirlo”, asegura el eurodiputado.

Ramón Jáuregui forma parte de la comisión del Parlamento Europeo que durante más de un año ha investigado los llamados Papeles de Panamá, y ha presentado una treintena de enmiendas a los documentos de conclusiones y recomendaciones. Estas son las más importantes:

1. Solicitar a los Estados miembros que prohíban abrir cuentas financieras y sociedades ficticias en paraísos fiscales a los ciudadanos que no sean residentes en esos países, y que impongan multas en caso de incumplimiento

2. Una legislación común en la Unión Europea que establezca un máximo de 1.000 euros para las transacciones financieras en metálico

3. Prohibir que las empresas que operan en las jurisdicciones incluidas en la lista negra de la UE participen en la contratación pública en la Unión Europea

4. Pedir a la Comisión que haga un seguimiento detallado de la reforma fiscal propuesta por Estados Unidos (Blue Print) y la posibilidad de que se lleve a cabo una amnistía fiscal que permita la repatriación de beneficios de las grandes empresas tecnológicas a un tipo impositivo muy bajo.

5. Retirar la licencia para operar a los bancos que ayuden a sus clientes a defraudar o eludir impuestos.

6. Prohibir a las compañías que operen en el Mercado Único que realicen transacciones con entidades legales off-shore en las cuales no se pueda identificar al beneficiario.

7. Aprobar una Directiva sobre requisitos mínimos de protección a los filtradores (whistleblowers)

8. Pedir a las empresas que introduzcan en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa el compromiso con el pleno cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin ningún tipo de elusión.

9. Solicitar la creación de un Centro de Coordinación y Coherencia de Política Fiscal, en la estructura de la Comisión Europea, que pueda evaluar y hacer un seguimiento de las políticas fiscales de los Estados Miembros, y convertirse en una auténtica Agencia Fiscal Europea.

10. Pedir la inclusión de indicadores de buen gobierno fiscal en el llamado Semestre Europeo y en los Programas Nacionales de Reformas, que incluyan las medidas adoptadas por los Estados Miembros para combatir la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

El texto final se votará en el Pleno del Parlamento Europeo del mes de diciembre.

Entrevista Europa Abierta 6/11/2017

Entrevista para el programa Europa Abierta de Radio Exterior sobre los "ParadisePapers".

1 de noviembre de 2017

Entrevista Onda cero 1/11/2017

"No habrá ni apoyo político a Puigdemont ni cuestionamiento a la democracia española"

¿Qué pides a Europa, Puigdemont?

La rueda de prensa de ayer en Bruselas sirvió para que Puigdemont tocara la puerta de la Unión Europea con más ruido que otra cosa. Fue tan concurrida como estrafalaria. Tan esperada como decepcionante. ¿Qué quieres de Europa, Puigdemont? podría ser la pregunta con la que todos nos quedamos tras el mitin antiespañol que motivó tan tumultuosa convocatoria.

Si quieres el asilo político, no puede ser, porque la UE no acepta que ninguno de sus países miembros genere situaciones que motiven el asilo político. El asilo es solo para quienes huyen de la represión o de la guerra de terceros países. Si quieres que te ayuden los partidos nacionalistas belgas, ten cuidado con las connotaciones fascistas de algunos de sus miembros. Si quieres que la Unión Europea sancione a España por su actuación judicial contra los delitos cometidos en el ‘procés’, no lo hará, porque considera que el poder judicial español es independiente del Gobierno y que las leyes penales españolas son plenamente democráticas. Si lo que pretendes es quedarte aquí, en Bruselas, puedes hacerlo, no hay problema. Eres libre y puedes estar donde quieras. Pero si un día las autoridades judiciales te llaman a declarar, tendrás que acceder, a riesgo de que las autoridades belgas te detengan para cumplir con una orden europea surgida de un tribunal.

Si lo que quieres es que la Unión Europea incorpore el tema catalán a la agenda de los 28, no lo hará, porque considera que es un asunto interno de España y que debe resolverse en el marco de la Constitución y de las leyes españolas. Pedirán diálogo y acuerdo, sí, pero siempre respetando la voluntad y las decisiones del Gobierno español, que es, no lo olvidemos, el socio del club.

Si se trataba de aceptar el reto electoral del 21-D y fijar el discurso independentista, estás en tu derecho, pero colocar a todos tus adversarios (PSC- PP y C’s) bajo un mismo paraguas llamado 155, es demasiado pronto y sobre todo, demasiado burdo.

Si tu disposición a aceptar los resultados del 21-D era la base de una pregunta incisiva contra el Gobierno de España, cuestionando que éste acepte los resultados electorales, permíteme otra pregunta: ¿Cuándo y quién no ha aceptado el resultado de las urnas en España en los últimos 40 años? ¿Crees que alguien en Europa se puede tomar en serio esa retórica pregunta contra el Gobierno de España?

Denigrar a España es tu especialidad, pero ¿por qué no te preguntas si es razonable llevar a la independencia unilateral a un país con una mayoría parlamentaria tan exigua y sin mayoría social? Si finalmente, pretendes que Europa comprenda y acepte la reivindicación independentista de Cataluña, te diré que aquí nadie quiere más Estados en una Unión ya demasiado numerosa y heterogénea. Mucho menos si se trata de regiones o naciones que se separan de un Estado miembro. Porque luego viene Córcega o Véneto, o Escocia, Lombardía, País Vasco, Bretaña... y hasta Baviera. No, aquí nadie quiere oír hablar siquiera, de esos procesos de independencia regional.

Pero si lo que querías Puigdemont es simplemente llamar la atención, maldecir al Gobierno de España y tocar la campana mediática, eso sí lo has conseguido. Pero sirve de poco, créeme, cuando nadie quiere oír esa campana.
 

Publicado en El Correo, 1/11/2017

 

21 de octubre de 2017

¿Qué hacer?

Confieso, de entrada, mi pesimismo. Todo parece indicar que los dos coches caerán en el barranco, siguiendo la famosa escena de ‘Rebelde sin causa’, tan citada estos días y tan apropiada para visibilizar el encontronazo político Cataluña-España. No es fácil predecir cuál saldrá peor parado, pero me temo que los daños serán cuantiosos para todos.

La sucesión de cartas y requerimientos ha sido una teatralización confusa de posturas irreconciliables. El nacionalismo catalán solo quiere negociar la independencia y el Gobierno español no puede negociarla ni mucho menos puede aceptarla, por lo que recurrirá al artículo 155 y suspenderá parcial o totalmente las instituciones de autogobierno y asumirá sus competencias, nadie sabe cuáles, ni por cuánto tiempo, ni cómo lo implementará. Todo son incógnitas en un escenario fatal. Nadie sabe tampoco cuáles serán las consecuencias políticas de un camino inédito, para el que no existe mapa porque ni siquiera hay territorio para dibujarlo. Sabemos, eso sí, que los daños económicos y sociales son enormes en Cataluña y que la herida en la delicada piel de las relaciones Cataluña-España tardará en curar, si es que lo hace algún día.

 ¿Hay todavía alguna esperanza de evitarlo? Tiempo tenemos, porque la aplicación del 155 exige una tramitación parlamentaria que ofrece márgenes temporales amplios y porque el debate parlamentario es siempre el foro adecuado para solemnizar propuestas y encontrar vías alternativas al cruce de declaraciones y amenazas en el que estamos hoy. Pero hay una pregunta crucial: ¿Está la Generalitat dispuesta a negociar algo distinto a la independencia de Cataluña? Porque, si lo estuviera, ya habría llegado el momento de poner sobre la mesa la enorme fuerza que atesora después de estos siete años de ‘procés’ y obtener así un nuevo marco constitucional-estatutario para los próximos veinte o treinta años.

Algunos dirigentes del PNV confiaban en que el nacionalismo catalán aprovecharía su acumulación de fuerzas para conseguir una negociación de este tipo. No creían que el desenlace fuera este. Pero, al igual que muchos otros, se equivocaron. La vía independentista era sin marcha atrás, sin freno, hacia la unilateralidad impuesta por las bravas a sus conciudadanos y a España. Se trataba, y desgraciadamente se trata, de un camino sin retorno que buscaba la carambola de un apoyo internacional que materializara su quimera o morir en el intento, quemarse en la hoguera purificadora de la represión española, para que el sentimiento independentista alcance la dimensión social mayoritaria que actualmente no tiene. En el fondo este es el dramático juego en el que estamos.

Ya no importa analizar quién fue el primero. Ya hemos leído y oído suficiente sobre los errores que todos cometimos en los últimos quince años. Porque todos, nadie se salva, lo hemos hecho fatal desde que, con las mejores intenciones, iniciamos en 2005 la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, hasta acabar con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. Lo cierto es que sobre aquella «decepción y desafecto», el nacionalismo catalán ha construido una estrategia de agravio y separación fáctica de España, que ha llegado a su meta. Si España cede, negociará las condiciones de nuestra marcha. Si nos reprime, haremos más grande el mito y algún día será posible lo que hoy no lo es.

El problema es que, llegados hasta aquí, nadie controla los movimientos. De hecho, ya estamos en un escenario descontrolado. Comienzan los escraches, las empresas se van, un juez aplica la ley y encarcela a dirigentes independentistas, se convocan manifestaciones de protesta todos los días, nadie asegura que no haya violencia en algún momento, los sentimientos se exaltan, la ruptura social se acrecienta, las redes se incendian con chistes y vídeos antagónicos, la gente se asusta... Nadie sabe cómo acaba esto. ¿Cuál será el sentimiento de los catalanes dentro de tres o cuatro meses, si son llamados a las urnas? ¿Y si esto dura dos años, cuál será entonces su visión de lo que ha pasado? La independencia unilateral y por las bravas es imposible. No solo por razones de legalidad incuestionable. No solo porque Europa no lo quiere ni lo aceptará. No solo porque España no negociará jamás con buena fe una separación impuesta por esta vía. No solo por todo eso y mucho más. No es posible porque arruinará al país, fracturará a la sociedad catalana y situará a sus instituciones en el vacío geopolítico y económico. Sus ciudadanos, ante tal desastre se rebelarán contra esa locura y sus responsables, con consecuencias imposibles de predecir.

Solo queda un camino. En algún momento, ojalá que Rajoy vaya al Congreso (no solo al Senado) y explique sus planes. Que diga claramente cómo piensa aplicar el artículo 155, especificando qué, cuánto y cómo. Pero, por favor, que al mismo tiempo ofrezca a Cataluña una vía de negociación clara y cierta de un nuevo Estatuto en el marco de una reforma constitucional. Que les diga a los catalanes que les ofrece no uno, sino dos referendos. El primero, junto a todos los españoles, para aceptar una nueva Constitución, y el segundo solo a ellos, simultánea o sucesivamente al primero, para que los catalanes encuentren una nueva manera de ser Cataluña y estar en España y en Europa. Para ganar esta batalla, hay que reconquistar a los catalanes, romper el bloque nacionalista y ganarse a la mayoría que no quiere la independencia, pero que quiere más Cataluña.
 
Publicado en El Correo, 21/10/2017

12 de octubre de 2017

11 de octubre de 2017

Intervenciones comisión AFCO 11/10/2017


Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión Europea.






 
Reunión del Comité Interparlamentario sobre "El futuro de Europa: perspectivas sobre las propuestas del Parlamento Europeo y el Libro Blanco de la Comisión."




7 de octubre de 2017

Lo que estamos haciendo mal.

 La principal responsabilidad de lo que está ocurriendo en Cataluña es del nacionalismo catalán, que decidió abrazar la causa independentista de manera unilateral y rupturista contra la legalidad constitucional y contra España. Pero dicho esto, estamos muy lejos de resolver el problema que late en las demandas sociales de ese país. Quienes queremos ganar democráticamente al independentismo, quienes estamos contra ese populismo patriótico y defendemos valores de convivencia, solidaridad, ciudadanía, Estado de Derecho, etcétera, tenemos que ganar las batallas intelectuales y morales que generan las convicciones colectivas de la mayoría. Hay tres de estas batallas que estamos perdiendo.
La primera es la más grave. El nacionalismo catalán está sumando adeptos ante la ausencia de una vía reformista de su autogobierno. El catalanismo no independentista está abandonado. De hecho, el porcentaje de quienes se declaran abiertamente favorables a la independencia ha pasado del 20 al 40% en diez años. Es sabido que el origen del desafecto con España viene del frustrado Estatut, en el que todos cometimos errores. Pero a esa decepción estatutaria de 2010 se ha sumado una inmensa cantidad de gente no independentista ante la ausencia de una vía ‘reparadora’ de aquel fracaso.

El ‘laisser faire, laisser passer’ de Rajoy estos últimos cinco años ha vaciado de contenido y expectativa la propuesta federal y la negociación de un nuevo Estatuto para Cataluña en el marco de una Constitución reformada. Esta pasividad ha sido muy bien aprovechada por los estrategas del ‘procés’ a través de un artefacto dialéctico imbatible: el derecho a decidir (queremos votar). Esta combinación argumental solo puede ser derrotada si se abre otra vía alternativa de negociación en serio, con votación final del acuerdo alcanzado.

La segunda, es el fracaso rotundo del Gobierno en la gestión operativa del domingo pasado. No hace falta describir ese fracaso en un referéndum que finalmente se celebró y cuyos intentos para impedirlo han provocado unas imágenes absolutamente perjudiciales a la causa de la ley y a las razones del Estado. He vivido en el Pleno de Estrasburgo de esta semana un reproche total a España por la actuación policial. Hasta el punto de que hemos puesto en cuestión la imagen moderna y democrática de nuestras libertades y de nuestras instituciones, bien ganada en los últimos decenios. Es más, el tema catalán ha entrado en las primeras páginas de todos los diarios y televisiones del mundo, y le ha dado una relevancia internacional que hasta este infausto 1-O no tenía.

Sentí enorme tristeza por lo que oí decir de mi país, aunque era, en muchos casos, injusto, exagerado y oportunista. Pero tuvieron la ocasión de decirlo. Es más, hoy, en todas las cancillerías del mundo, en todos los parlamentos de los países europeos, cuando son interpelados sobre el tema, acaban convergiendo en una retórica apelación al diálogo, olvidando la naturaleza independentista del reto y las palmarias ilegalidades de sus convocantes. Hemos perdido una batalla crucial.

El tercer error es el discurso del Rey. Yo no lo habría aconsejado. Y de hacerlo, hubiera sido mucho más equilibrado y conciliatorio. Al Rey no le corresponde esa actitud inculpatoria, ese tono acusador, casi casi premonitorio de una intervención excepcional del Estado. Eso, en todo caso, le corresponde al Gobierno. El Rey no puede perder pie en Cataluña. Necesitamos a la Corona como vínculo institucional, como tracto histórico, como paraguas de unidad. No sé cuál será el modelo de convivencia futura con Cataluña. Nadie sabe cómo será el statu-quo jurídico político de Cataluña con el Estado, pero es seguro que tendrá en la Corona de España uno de sus pilares. Reino Unido y Bélgica son dos buenos ejemplos de lo que digo, y Felipe VI tenía los dos pies en Cataluña... hasta el martes pasado.

Si además de lo que dijo, su discurso hubiera contenido algún mensaje más amistoso hacia su pueblo. Si hubiera apelado a las Cortes para dialogar y pactar. Si hubiera mencionado siquiera las posibilidades de reforma de nuestras leyes para adaptarnos a la nueva realidad... Si hubiera tendido la mano, en definitiva, hoy seguiría siendo una pieza intocable del juego. Esperemos que lo siga siendo. Por el bien de todos.
 
Publicado para El Correo, 7/10/2017
 

6 de octubre de 2017

Por una norma internacional en favor de los Derechos Humanos.

Desde hace tres años, y tras la ajustada aprobación de la Resolución 26/9, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas viene trabajando en favor de una norma internacional que vincule a las grandes empresas multinacionales y otras empresas comerciales en el cumplimiento de los derechos humanos en su cadena de producción y subcontratación en el mundo.

Especialmente, en aquellos países cuya capacidad de proteger y hacer respetar los derechos humanos es menor porque su configuración institucional es débil.

Es un bello intento y un logro histórico, impulsado en gran medida por la sociedad civil, después de décadas de discusiones y fracasados intentos en el seno de Naciones Unidas. Y es también una iniciativa tan necesaria como difícil. Pero si la comunidad internacional se dotara de un instrumento jurídico vinculante para establecer un suelo mínimo de dignidad social y laboral en el mundo, daríamos un paso gigantesco en la regulación de la globalización.

La competencia no pude basarse en el dumping social eternamente. Eso destruye la cohesión social y explota la dignidad humana. La competitividad de las empresas no puede basarse en la destrucción del medioambiente poniendo en peligro la sostenibilidad ecológica del planeta. Combatir esas tendencias tan tentadoras para el beneficio empresarial ha formado parte de la cultura RSE, pero todos sabemos los límites de la voluntariedad empresarial.

En unas semanas se celebrará la tercera sesión reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de abordar la creación del nuevo instrumento y presidido por Ecuador. En ella se discutirá por primera vez la propuesta inicial de estructura del tratado y algunos ejes temáticos como el ámbito de aplicación, los actos y actores sujetos a su aplicación, las obligaciones de los Estados y de las empresas, el acceso a la justicia, los mecanismos de promoción, implementación y monitoreo, etc. El objetivo final es conseguir que se inicie una negociación sustantiva sobre el instrumento vinculante. Pero no será fácil lograrlo. En las anteriores sesiones se pusieron de manifiesto las dificultades jurídicas y políticas que rodean el debate. Cuestiones como la inclusión de todas las empresas y no solamente las de carácter transnacional, las obligaciones de los Estados en relación a las empresas transnacionales que operan en sus jurisdicciones y la puesta en práctica de los sistemas de compensación, preocupan a las grandes potencias y, en particular, a la Unión Europea.

Pero hay que dar pasos hacia el compromiso empresarial de las empresas con los derechos humanos. No podemos negar que el camino de la voluntariedad, que se implantó con la adopción de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, y que tanto ha avanzado en las últimas décadas con los Principios Rectores, ha logrado importantes avances. Pero la poca determinación tanto de los Estados como de las empresas parece haber agotado el proceso.

En definitiva, la vía voluntaria de la RSE es buena, pero la obligatoriedad jurídica es necesaria. ¿Son complementarios ambos enfoques? En mi opinión, sí. Creo, además, que la convergencia de los mismos es la única vía para continuar avanzando en la erradicación de la impunidad, la identificación de los vacíos legales en la normativa internacional, la mejora de la protección de los derechos humanos en la esfera económica y la creación de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos incurridas por este tipo de empresas.

Por último, os invito a consultar el documento que ha preparado la Presidencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos:
 

Existe una campaña pública dirigida a cargos públicos de todo el mundo en apoyo del establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Podréis encontrar más información en este link: http://bindingtreaty.org/es/#

Publicado en Diario Responsable.                                                       

3 de octubre de 2017

La izquierda, en su laberinto.

 
Abundan los pronósticos catastrofistas sobre la izquierda socialdemócrata europea después del 21% logrado por del SPD en las elecciones de Alemania. Antes sufrimos la debacle socialista francesa y la de Holanda, donde somos el quinto partido. Son, sin duda, referentes muy importantes, pero coinciden con el éxito de los socialistas portugueses, gobernando con notables resultados económicos o con las expectativas electorales de J. Corbyn en Reino Unido y Renzi en Italia, sin olvidar los gobiernos con presencia de socialistas en Austria, Eslovaquia, Suecia, República Checa, Malta y Rumanía.

De manera que, primera observación, el socialismo democrático sigue muy vivo en Europa, donde, por cierto, representamos la segunda gran fuerza parlamentaria, con 190 diputados, a muy poca distancia de la primera, el PP europeo, con 216, y muy lejos de la tercera, los liberales, con 68.

En todo caso, los resultados alemanes llaman a la reflexión y lo que importa es diagnosticar las causas y encontrar las soluciones. Lo peor de las primeras, es decir de las razones de los malos resultados, es que las fugas son en todas direcciones y obedecen a causas heterogéneas, a veces antagónicas. Por ejemplo, las grandes coaliciones de gobierno con la derecha no son rentables. Gobernar junto a tu rival ideológico puede ser muy patriótico, pero te difumina. Casi todos los que nos piden que seamos «responsables» frente a la crisis institucional o exigencias de gobernabilidad votan a la derecha. Tampoco nos ayuda ser partidos ‘de toda la vida’. La tarea histórica que hemos desarrollado después de la Segunda Gran Guerra, creando la Unión Europea y el Estado de Bienestar, en democracias modernas de libertades y derechos, ha perdido empuje y capacidad vertebradora de las grandes masas sociales. Sucede también que la inmigración pone a prueba nuestros valores de solidaridad y dignidad humana y muchos votantes nos abandonan al sentir la competencia de quienes trabajan por menos o se llevan las ayudas sociales que antes les correspondían. No es casual que el 20% de los votos de la AFD alemana (ultraderecha) vienen del SPD. Igual que pasó con los votantes de Le Pen en Francia o con el ‘Brexit’.

Por último, los ciudadanos nos exigen una gestión eficiente de la economía, que asegure crecimiento y empleo. Desgraciadamente, no siempre es compatible hacerlo manteniendo el gasto social, y en esta dicotomía la derecha aparece demasiadas veces como más capaz y solvente. El centro sociológico electoral es enormemente sensible a votar al que gobierne ‘mejor’ la economía si esta crece, aunque sea a costa de ‘empeorar el trabajo’.

Son solo algunas de las razones de esta reflexión urgente. El telón de fondo son los cambios de nuestras sociedades del bienestar y las nuevas coordenadas de la globalización económica. Sobre los primeros, es decir, sobre la nueva composición social está influyendo decisivamente los efectos de la crisis económica de estos últimos diez años. Por una parte, se ha quebrado el paradigma del progreso. La idea de que la vida mejoraba en calidad, estabilidad, renta, derechos... hacia un horizonte de progreso ha sido sustituida por la incertidumbre, el temor y la precariedad, especialmente para las generaciones más jóvenes. Por otra, se ha producido un empobrecimiento evidente de salarios y rentas, de condiciones laborales, de acceso a la vivienda, de protección social pública. Los trabajadores y las clases medias están descontentos y esa censura la pagamos, más que nadie, los socialistas que gobernamos. Nacen así nuevos partidos en los extremos de la derecha y de la izquierda que fragmentan los parlamentos y hacen más compleja la gobernabilidad. España es uno de los ejemplos europeos con estas circunstancias, pero este problema se está extendiendo a otros muchos países de Europa.
 
A su vez, la globalización económica y la Unión Europea (sobre todo la económica-monetaria) han alterado el juego de la política social del siglo XX. El sueño socialdemócrata de una economía social y de mercado se construyó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado en el espacio del Estado-Nación, hasta alcanzar altas cotas de seguridad y protección en el empleo y en la vida. Pero la globalización y la competencia mundial han cambiado el juego, la baraja y hasta el tapete de esa dialéctica entre política, capital y sindicatos que construyó el pacto de bienestar. Nuestros votantes nos reclaman que sigamos esa lucha y nuestros deseos se dan de bruces con la competitividad, con los mercados, el dumping social y una globalización desgobernada. Si me apuran chocamos hasta con un mundo tecnológico desconocido que nos plantea retos de largo alcance sin que encontremos mesas de resolución en una supranacionalidad sin política.

Y sin embargo, las razones de la izquierda siguen ahí. Las aspiraciones a un mundo en el que la robótica y la inteligencia artificial permitan trabajar a todos, a que el trabajo sea digno, aquí y en Tegucigalpa, a que un sistema de protección social cubra a los trabajadores «desde la cuna hasta la tumba», como decía William Beveridge, y a que todo eso sea posible con libertades y en democracia, siguen siendo, entre otras metas, razones de una izquierda necesaria. El laberinto que busca salidas se complica, sin embargo, cuando descubrimos que muchas de las soluciones, además de innovadoras, deben ser supranacionales. Pero esa agenda progresista para gobernar la globalización está lejos de suscitar emociones. Quizás la pasión nacionalista que nos rodea sea precisamente consecuencia de nuestra incapacidad para llenar esos corazones de los grandes ideales de justicia social e igualdad de oportunidades.
 
Publicado en El Correo, 3/10/2017

Intervención Sesión Plenaria 3/10/2017



Estado de las negociaciones con el Reino Unido. Declaraciones sobre la situación de Cataluña.




2 de octubre de 2017

El Parlamento Europeo sin Reino Unido.

Se discute estos días en el Parlamento Europeo y en el Consejo sobre la Ley Electoral Europea para las elecciones de 2019 y el reparto de escaños consecuente al Brexit. La gran cuestión que se plantea es qué hacer con los 73 escaños que el Reino Unido liberará una vez que se haga oficial el Brexit. ¿Deben eliminarse? ¿Deben repartirse, parcial o totalmente, entre los 27 para así compensar la infrarrepresentación que sufren varios Estados miembros, entre ellos España? ¿Qué ocurrirá si el Reino Unido no ha formalizado su salida antes de las elecciones de 2019?

Hace unos días se presentó en Estrasburgo el primer borrador de la propuesta del Parlamento cuyos Ponentes son el portugués socialdemócrata, Pedro Silva Pereira, y la ex comisaria polaca popular, Danuta Maria Hübner. El informe contempla que la Decisión del Consejo debe adoptarse antes del verano de 2018 para que los Estados se preparen para las elecciones de junio del 2019. Partiendo de estas premisas, los Ponentes han formulado dos principales propuestas:

Primero, posponer a la próxima legislatura la adopción de un sistema permanente para la distribución de los escaños del Parlamento, basado en alguno de los algoritmos propuestos por los expertos, y de un vínculo entre la distribución de los escaños en el Parlamento y las normas de votación en el Consejo, lo que, conviene aclarar, requeriría de una reforma de los Tratados. El actual contexto de incertidumbre política resultante de la notificación del artículo 50 por el Reino Unido hace inviable la tramitación de ambas reformas.

Segundo, cuando la retirada del Reino Unido de la Unión ésta sea jurídicamente efectiva, entraría inmediatamente en vigor una nueva distribución de los escaños basada en tres premisas: respetar el principio de proporcionalidad decreciente, garantizar que no habrá pérdida de escaños para ningún Estado miembro y redistribuir una parte mínima de los escaños vacantes británicos.

En la práctica, 22 de los 73 escaños del Reino Unido se repartirían entre 12 Estados miembros (España- que aumentaría su representación con 4 escaños-, Francia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Austria y Croacia) para compensar a los países penalizados por el sistema actual con una representación menor.

Además, la nueva distribución permitiría reducir el tamaño del Parlamento a 699 miembros más el Presidente, dejando así un margen de maniobra suficiente de 51 escaños para adaptarse a, por un lado, posibles ampliaciones de la Unión y, por otro, al futuro establecimiento de una circunscripción conjunta en la que las listas estuvieran encabezadas por el candidato de cada familia política al puesto de Presidente de la Comisión. Sin duda, esto último dotaría de mayor legitimidad a la labor del Parlamento Europeo y a la elección del Presidente de la Comisión y visualizaría la idea federalista europea. Es lo que en el argot político del Parlamento, llamamos “listas transnacionales”. Se trataría de listas conformadas por personas europeístas muy reconocidas, que cada familia política elaboraría al margen de la nacionalidad de su representación, dando lugar así a una segunda urna en la que los europeos elegiríamos partidos políticos, candidato a presidente de Europa y notables europeos.

Recuperar la confianza en el proyecto de integración europea

La otra gran cuestión es la que se refiere a la transitoriedad del Reino Unido en su negociación del Brexit. Los servicios jurídicos nos dicen que mientras no se formalice la retirada del Reino Unido, sus ciudadanos tienen derecho a participar en las elecciones europeas, porque su país es miembro de la Unión. Pero sería bastante absurdo que después de tanto ruido, en el 2019, los británicos votaran a sus representantes para quedarse cinco años más en el Parlamento Europeo. Sin olvidar que si eso ocurriera, se produciría un conflicto entre los elegidos y su legitimidad para quedarse si en el intervalo se produjera el acuerdo de retirada. Pero, en fin, no parece que el gobierno de la Señora May facilitaría tal posibilidad, porque en la práctica esa votación sería como un nuevo referéndum sobre la vieja pregunta del remain o el exit y a eso no se van a arriesgar los conservadores británicos.

En definitiva, y pese a que las cuestiones económico-financieras y migratorias protagonizan el debate político actual, este tema debe ser incorporado al debate público europeo. En particular, porque hablamos de reformar la composición de la única institución de la Unión elegida directamente por los ciudadanos y porque garantizar que la distribución de escaños se base en principios justos, transparentes, objetivos, sostenibles y equitativos permitirá que los ciudadanos de la Unión recuperen confianza en el proyecto de integración europea.

Sin duda, en los próximos meses asistiremos a un interesante y apasionante debate porque somos muchos los que creemos que no debemos desaprovechar esta oportunidad para avanzar y adoptar la creación de una circunscripción electoral común con composición plurinacional encabezada por el candidato de cada familia política a la Presidencia de la Comisión.
 
Para: EuroEfe

22 de septiembre de 2017

Décima Asamblea Eurolat en El Salvador


  
El Salvador ha acogido del 18 al 22 de septiembre la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro entre legisladores de Europa y América Latina, donde también ha participado la sociedad civil.

EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional y se está formada por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos los entes regionales como el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

El miércoles 20 de septiembre se inauguró la Décima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Salón Azul del Legislativo salvadoreño.

Desde el pasado lunes, han trabajado las comisiones permanentes del ente birregional sobre temas como la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, derechos humanos, economía, medio ambiente, desarrollo sostenible, cooperación, derechos de las mujeres, entre otros.

Durante el acto solemne, intervinieron: el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador: el diputado Guillermo Gallegos, el copresidente de EuroLat por el componente europeo: diputado Ramón Jáuregui, el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Priscilla de Miró, y el secretario técnico de presidencia, Roberto Lorenzana, en representación del presidente de la República de El Salvador.
 


 
 






Posteriormente se realizó una rueda de prensa de los dos Copresidentes, Ramón Jáuregui y Roberto Requião.
 


La Décima Sesión Plenaria de EuroLat concluyó el jueves 22 coordinada por el copresidente de por el componente europeo Ramón Jáuregui.
Intervinieron en la clausura también: el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião y la Secretaria General de (SEGIB)  Rebeca Grynspan.
 


 
 
 




Fuente: Asamblea Legislativa

13 de septiembre de 2017

Buenos Propósitos.

 
Hace un año, en el debate sobre el estado de la Unión, Juncker dijo que Europa vivía una crisis existencial. Hasta ese punto llegaba el pesimismo europeo. La crisis económica, el brexit, el fracaso migratorio, la amenaza populista antieuropea de la extrema derecha en Francia y Holanda... Era un panorama aterrador que llevó a Juncker a expresar con una crudeza inusitada sus dudas sobre Europa.
 
 Hoy hemos escuchado el discurso antagónico. La Europa del futuro ha iniciado un nuevo rumbo. Ese podría ser su titular destacado. Quiere más Europa, con más democracia y mejor arquitectura institucional. Los vientos optimistas de una economía que crece han llevado a Juncker a proponer una Europa que fortalece su moneda y amplía su mercado interior, que se expande comercialmente al resto del mundo, que fortalece su defensa militar y coordina sus fuerzas policiales contra el terrorismo, que apuesta por la innovación en la industria europea, que lidera la lucha contra el cambio climático, que crea una Agenda Digital para la batalla del futuro... Mil planes, mil proyectos, cargados de un futuro dibujado sobre la vieja idea federalista de más y mejor Europa. ¡Bien!
 
Qué pena que ha faltado una mirada más introspectiva y crítica sobre la Europa social. Sobre el desempleo de los jóvenes, sobre su precariedad y bajos salarios. Qué pena que no se hayan producido anuncios para fortalecer el pilar social que reivindica un salario mínimo digno en la UE, una política de apoyo al empleo de los jóvenes, un seguro de desempleo europeo... Esa Europa también está por hacer y ese es nuestro compromiso. Queremos más y mejor Europa, pero queremos una Europa con alma social.

 
Publicado en 20 minutos.es
 

12 de septiembre de 2017

Intervención Sesión Plenaria 12/09/17.

Relaciones políticas de la Unión Europea con América Latina (debate)



Intervención Pleno 12/9/17 y Declaraciones Venezuela.

Latin America and the Caribbean is a crucial partner of the European Union, and this is why the European Parliament will vote tomorrow on a report which calls for further strengthening of our co-operation with the region.




 
 

Intervención Sesión Plenaria Estrasburgo. 12/09/2017.Debate sobre Situación de Venezuela.




 
 
 
Nota de Prensa.

7 de septiembre de 2017

Declaraciones sobre Cataluña. EuroEFE.

 Bruselas (EuroEFE) .- El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha dicho este jueves sobre la situación en Cataluña que "en Europa todo el mundo entiende que es una cuestión interna y que la Constitución española no permite el referéndum".

En declaraciones a un grupo de periodistas, el exministro socialista afirmó que la posición oficial de las instituciones comunitarias y los grandes grupos políticos en la Eurocámara pasa por "aceptar que la Constitución no permite referéndum unilateral de independencia", así como por comprender que "lo que le corresponde decidir a todos, no lo pueden elegir solo algunos".

Según el eurodiputado, existe además "unanimidad" y "comprensión total" en "aceptar que España está aplicando la ley".

Asimismo, destacó que "no hay sostenibilidad en el proyecto" de los independentistas catalanes "y su pretensión de que un nuevo Estado pueda quedarse en la UE".

Jáuregui dijo demandar "un diálogo político para encauzar la situación", lo que bautizó como "un nuevo pacto de España con Cataluña".

Este miércoles tuvo lugar la aprobación en el Parlamento catalán de la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Cataluña y Europa.

 Ningún proyecto político puede concebirse sin tener a Europa como referencia. Tampoco el de la independencia para Cataluña. Por eso me parece interesante traer aquí los puntos de vista europeos, respecto al tema catalán, y las expectativas jurídicas y políticas que suscita aquí, en Bruselas, ese proyecto.
La primera consideración es la que sitúa el problema en el ámbito estrictamente interno de la política española. Las instituciones europeas se remiten a la legalidad española y a sus marcos políticos y están y estarán con el Estado en todo caso y en todo momento. El socio del club es España y todas las autoridades e instituciones europeas van a apoyar al Gobierno de España en el manejo de la crisis. A los hechos me remito. Cada vez que Barroso o Junker, Van Rompuy o Tusk, Macron o Merkel han hablado sobre el tema, han dejado bien claro su apoyo al Gobierno del Estado, a la legalidad y tribunales españoles y han ido incluso mucho más allá anunciando que no hay sitio en Europa para las regiones desmembradas.
Un segundo plano del debate es el que se refiere a la opinión política que suscita en Bruselas el referéndum anunciado por el Gobierno de la Generalitat. Ésta es una cuestión más controvertida porque hay numerosos círculos políticos tanto en los partidos europeos como entre dirigentes, diputados, think tanks, etc. que reclaman la aceptación y regulación pactada del referéndum como solución política al problema catalán. Influye, y mucho, la celebración del referéndum escocés y ciertas tentaciones de democracia directa, presentes en bastantes movimientos políticos de los últimos tiempos. Creo que en esa pregunta primaria y simple de: ¿por qué no les dejáis votar?, que escuchamos a veces, se esconde un desconocimiento serio de las implicaciones jurídicas y políticas de la realidad española. Pero lo cierto es que este es el punto más fuerte del nacionalismo catalán en su campaña europea que a menudo sobrepasa la racionalidad y la cordura pretendiendo situar a España fuera de la democracia y el Estado de derecho.
Frente a ellos, los círculos más institucionales, de cultura política más constitucionalista, más germánica, procedente de países muy sólidos: Francia, Alemania, Italia, etc. defienden ‘la superioridad democrática’ de la ley y de las normas que regulan la convivencia política. Argumentan para ello que si la Constitución española no permite el referéndum de una parte para decidir sobre el todo, este no puede celebrarse y les basta como argumento de referencia las sentencias de los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, que en los dos últimos años, han dictado sendas y contundentes sentencias rechazando referéndums semejantes en Baviera y Véneto, respectivamente, con el simple razonamiento de que no caben en la Constitución.
Pero, más allá de la legalidad y del referéndum, la cuestión de fondo, es decir, la posibilidad de que regiones o naciones internas de los actuales estados pretendan nuevos estados europeos y se susciten movimientos independentistas rememorando la multinacionalidad europea anterior a la primera gran guerra, es algo que preocupa profundamente en esta Europa de hoy. Tanto en el Este como en el Oeste. Tanto en el Norte como en el Sur. Nadie quiere que el tema catalán, junto al escocés, sean precursores de un movimiento disgregador, despertando viejas querellas de pueblos vecinos, renovando agravios históricos irresolubles y confundiendo los grandes retos del futuro europeo con reivindicaciones localistas de corto recorrido.
Ninguna cancillería europea desea ni favorecerá la desmembración de unos de los estados de la Unión y la generación consecuente de un nuevo estado europeo llamando a la puerta del club para integrarse en la Unión. Ya somos muchos, quizás demasiados, y la gestión de esta Europa a 28 se está haciendo cada vez más compleja ante la heterogeneidad política que viene mostrando el Este frente al Oeste europeo, y la conflictividad de intereses que la crisis económica ha puesto de manifiesto entre el Norte y el Sur de Europa. Y no olvidemos que aunque Reino Unido se vaya, Ucrania y los países de las Balcanes están esperando entrar al único gran espacio político y económico en el que pueden progresar.
Ese escenario, altamente improbable, generaría además una conflictividad interna que nadie quiere, porque vendría acompañada del veto español a la entrada de un estado unilateralmente declarado e ilegalmente separado de un estado-miembro. No hace falta añadir que el veto de España, aunque suficiente por sí solo, estaría acompañado por el de la mayoría de los estados europeos, yo diría que por la totalidad de ellos, porque estas emulaciones serían peligrosas para todos.
De manera que no entra en mi cabeza la persistencia de un proyecto independentista sin futuro en Europa. La transición jurídica a la República Catalana será imposible en España, pero es inimaginable fuera de Europa. Sin moneda europea, sin presencia institucional en el mundo, sin participar de las grandes políticas europeas de comercio, investigación, etc.; sin coordinar los grandes servicios públicos en sanidad o seguridad, sin soporte financiero ni lugar en el mercado único... Es como flotar en el vacío, como una chatarra espacial, perdida en el infinito de la ingravidez, es decir, de la nada.
Condenado a perpetuidad a la exclusión del proyecto europeo, ningún país es sostenible.
Publicado para El Correo, 7 Septiembre 2017.

16 de agosto de 2017

Una revolución frustrada.

 
Conozco lo que está ocurriendo en Venezuela. He estado allí presidiendo una delegación del Parlamento Europeo. Mantengo contactos frecuentes con la oposición y también con el Gobierno y con representantes chavistas. Estoy informado de las mediaciones internacionales y de las gestiones de países de la región para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis. Mi pronóstico es pesimista. Al enfrentamiento entre dos legitimidades democráticas producidas por las elecciones presidenciales que ganó Maduro en 2013 y por las legislativas de 2015 que ganó la MUD (la oposición unida en una plataforma antigubernamental) se ha sumado ahora un nuevo conflicto institucional entre la Asamblea Nacional (el poder legislativo natural) y la Asamblea Constituyente, elegida el pasado 30 de julio e instalada físicamente en el mismo edificio que el Parlamento.

Es un enfrentamiento a muerte y desgraciadamente no es un eufemismo. Es más, la crisis parece irrefrenable si hacemos caso a los que piensan que el chavismo no aceptará la alternancia democrática, basando tan grave acusación en que su nomenclatura, es decir, los miles de dirigentes de ese partido-movimiento temen la cárcel o el exilio si la oposición toma el poder. Es por eso que estamos asistiendo a un conjunto de argucias antidemocráticas como la convocatoria de una Asamblea Constituyente que viola en fondo y forma las reglas electorales y a una represión sistemática y masiva de la oposición y de las libertades. Con la bandera de su revolución bolivariana como estandarte, el chavismo va camino de negar la alternancia democrática y dejar el país a expensas de cualquier golpe mientras el pueblo se hunde en la miseria.

Pero, ¿de qué revolución hablamos? Hubo una revolución con Chávez cuando el barril del petróleo cotizaba a 140 dólares que permitió una política social expansiva en los barrios pobres y a la población desfavorecida. Quienes habían estado marginados por décadas en un país tan rico como desigual se hicieron chavistas de por vida. Pero fue una revolución de corto recorrido, bienintencionada, pero de cartón-piedra. No era sólida, era populista, como se dice ahora. La verdadera revolución debiera haber sido estructural para modernizar el país, para renovar su aparato productivo, para crear estructuras económicas diversificadas al petróleo, para consolidar su sistema fiscal y mejorar sus ingresos; para mejorar el nivel educativo de su población, para hacer más fuerte al Estado y a sus servicios básicos, la educación, la sanidad, etc. Siempre he creído que la revolución pendiente en América Latina era más democracia y más igualdad social, es decir, más socialdemocracia que comunismo.
Por eso, cuando el barril cayó a 40 dólares hace ya unos años, la revolución se hundió y el país entró en bancarrota con una inflación galopante y una serie de decisiones del Gobierno de Maduro cada vez más equivocadas hasta el punto de hacer necesario hoy un durísimo plan de estabilización de cerca de 100.000 millones de dólares de ayuda que solo se la prestarán organismos internacionales cuando se articule la salida política democrática.
¿Puede hablarse seriamente de revolución cuando la población malvive, faltan alimentos y medicinas y casi medio millón de venezolanos pasan la frontera colombiana todos los días para comprarlos? ¿Qué revolución es la que obliga a llevar bolsas de billetes a comprar el pan con una inflación de 4 dígitos al año, y que como bien sabemos afecta y empobrece a los más pobres?

El otro gran fracaso de esa revolución es su tentación antidemocrática y su recurso a la represión de las libertades. La izquierda no puede construir su proyecto en dictadura. Es un antagonismo insostenible, no hay socialismo sin libertad. Envolverse en la bandera de la patria y de la revolución para negar las libertades y evitar la alternancia democrática es un recurso inadmisible y falsario. Acusar a la oposición de «derecha traidora», cuando ente los 28 partidos que la componen hay un abanico ideológico que va desde la extrema izquierda a la derecha tradicional, es pura demagogia. Encarcelar a alcaldes, líderes de la oposición, y centenares de manifestantes, es abuso de poder e intolerancia a la libertad. Es negar la posibilidad de que un día el pueblo te eche.

Hoy el régimen está blindado por los militares. Hemos censurado las dictaduras militaristas de derechas en múltiples países y ocasiones. Pero cuando los militares sostienen un régimen supuestamente de izquierdas y ejercen la represión sobre el pueblo, no son menos censurables ni menos dictaduras.

Solo hay una salida para Venezuela. Se llama democracia. Es decir, que el pueblo hable. Eso supone que un pacto entre gobierno y oposición, facilitado y garantizado por una mediación internacional, probablemente de los países de América Latina, cuyo contenido principal sea un calendario electoral para celebrar las elecciones locales, regionales, y presidenciales en los próximos meses. Supone también que no haya procesos penales al pasado y que todos los partidos con todos sus líderes en libertad, puedan concurrir a elecciones con observación internacional. Además, Venezuela necesita ayuda humanitaria internacional y un urgente plan de estabilización económica que ponga en orden su macroeconomía. Mientras, nosotros debemos acoger y regularizar en España a los más de 5.000 jóvenes venezolanos que huyeron de aquel país sin futuro y que nos piden el mismo trato que Venezuela dio a cientos de miles de españoles a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Guerra Civil del 36.
 
Publicado para El Correo, 15/08/2017.

31 de julio de 2017

Nota prensa. Elecciones Venezuela.

 Nota de Prensa, 31/07/2017

El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jáuregui, ha pedido a Nicolás Maduro que “suspenda el encargo de elaborar una nueva Constitución a una Asamblea ilegítima que representa solo a una parte del pueblo venezolano. Es ilegítima porque no había mandato popular para elaborar una nueva Constitución y porque su composición no respeta los principios democráticos de voto individual, libre, directo, secreto y universal. Además, una parte de los elegidos procede de unos sectores sociales cuyo censo es sospechoso de haber sido manipulado por el Gobierno”.

“No se puede elaborar una Constitución contra la mitad del pueblo, como mínimo, asegura Jáuregui. Una Constitución es un pacto de convivencia. Esas son las reglas básicas de la democracia y de las libertades de un país, y solo un amplio consenso, muy mayoritario, puede establecer ese marco fundamental de vida social”.

“Como copresidente de Eurolat pido al presidente Maduro que no encargue a la Asamblea elegida ayer la elaboración de una nueva Constitución, que mantenga los poderes de la Asamblea Nacional y que pacte con la oposición un calendario electoral para las elecciones locales, provinciales y generales”, ha manifestado.

Jáuregui ha recordado la declaración firmada el pasado 11 de julio por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David MacAllister; el presidente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, Francisco Assis; y él mismo: “Tal y como acordamos en nuestra declaración, pido a la UE y a su Alta Representante que no reconozca a esta Asamblea Constituyente, fruto de un proceso ilegitimo y no representativo, y fuente de un conflicto de poderes seguro y peligroso. Le pido igualmente que siga trabajando por un gran acuerdo nacional de Gobierno y oposición, que permita pactar un calendario electoral y dar salidas democráticas y pacíficas a la grave situación venezolana”.

16 de julio de 2017

Paz y Presos.

 Hubo un tiempo en que la sociedad y la política vascas creyeron que «paz por presos» era una ecuación razonable. Al mismo tiempo, se negaban tajantemente concesiones políticas a la violencia. Se decía: «La política no es negociable con las armas, pero si las abandonáis seremos generosos». Más o menos ese era el esquema filosófico de nuestra estrategia en los 80, bien reflejada en el propio pacto de Ajuria Enea.

Eran tiempos de desesperanza en que el final fuera posible. Durante muchos años, vivimos esos sentimientos de dificultad para salir de aquel túnel horrible. Estos días en que conmemoramos los treinta años de Hipercor y Zaragoza y los veinte de M. A. Blanco, recordaba este razonamiento para valorar, -nunca lo haremos suficientemente- la extraordinaria victoria de la democracia sobre el terror. Nadie puede cuestionar que el final de ETA ha sido limpio, democrático, irreversible, «para siempre» como rezaban las pancartas que tantas veces, tantos años, portábamos las fuerzas democráticas.

Pronto hará seis años que ETA asumió el fin del terrorismo y desde entonces nada ha puesto en duda esa decisión. Por el contrario, a lo largo de estos años han ido confirmando su voluntad de abandonar las armas, a través de una serie de anuncios y actos que hacen más creíble todavía la realidad de la paz en la que vivimos, al margen de la ampulosa liturgia en la que los han envuelto. La localización de sus zulos, los actos de reconocimiento del daño causado y de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas y la disolución del Comité Internacional para la Verificación son los últimos gestos que acreditan esa decisión. Sin duda, queda algo muy importante por hacer: disolver la organización armada y encauzar a la política sus causas. Esta solemne decisión no la han tomado y en mi opinión, es condición necesaria para un tratamiento penitenciario diferente de sus presos.

«De ninguna manera», dijo el Ministro de Justicia hace unos días en Santander para cerrar el debate sobre la posibilidad de cambiar la política penitenciaria. No obstante, conviene recordar que la dispersión se basaba en la necesidad de desarticular a la banda también en las prisiones, porque estaba comprobada su influencia en la continuidad de las acciones terroristas, incluso a veces exigiendo desde ellas más asesinatos. Pero sin violencia y con la mayoría de los presos en fase de reinserción social, no hay razón para la dispersión en cárceles alejadas de sus familias. Esto no quiere decir que haya que traer y juntar a los presos de ETA en las cárceles del País Vasco. Seguirá habiendo fuertes razones para mantener aislados y alejados a presos con nulas intenciones de reinserción o con peligrosas actitudes en favor de la violencia. Pero una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos paralelos a sus familias.

También puede flexibilizarse el régimen de cumplimiento de las condenas a aquellos presos cuya voluntad de reinserción social es evidente y por lo que sabemos, son mayoría. Cosa por otra parte muy comprensible y razonable cuando se arrastran decenas de años en la cárcel. Los permisos temporales, la prisión condicional y otras fórmulas de cumplimiento de las penas más favorables están pensadas para la reinserción precisamente. También se puede y se debe facilitar el cumplimiento de las penas en arresto domiciliario cuando la enfermedad grave del preso lo aconseje.

En septiembre, la mayoría de presos de ETA van a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria la aplicación de este tipo de medidas. Esto significa que los presos, previamente aceptan la legalidad, renuncian a la militancia en la organización terrorista, rechazan los delitos cometidos y asumen compromisos para resarcir a sus víctimas. Me pregunto si vamos a reaccionar con escándalo informativo y protestas políticas a las medidas que adopten los jueces en aplicación de la ley.

Yo creo que hay que consensuar una estrategia de discreción y respeto a una aplicación flexible y generosa de nuestra ley penitenciaria para con todos aquellos presos de ETA cuya voluntad de reinserción social esté acreditada. Y el Estado, tiene medios y conocimientos para saberlo. No estamos hablando de indultos, ni de reducción de penas, ni de cuestionar las sentencias de los tribunales. Por el contrario, lo que procede es continuar con la política de reinserción que ya se practicó desde el momento mismo en que se inició la dispersión. Lo que procede es aplicarla a la mayoría porque ya no hay violencia, han renunciado a las armas y son la mayoría los que solicitan esta reinserción.

Yo creo que la generosidad es la virtud del ganador. La democracia derrotó a ETA. Lo hizo policialmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. La derrotó en todos los frentes, hasta el punto de que fueron sus propios apoyos y defensores quienes le forzaron a diseñar un final con apariencias de pacto, convencidos de que su continuidad arruinaba su causa e impedía su futuro. Fue una victoria de la sociedad, de la ley, de las víctimas, del Estado, de la democracia en suma. Y es a esa victoria a la que le corresponde ahora ser inteligente, siendo generosa, al suavizar los sufrimientos humanos y los sentimientos antagónicos que generó esta tragedia. Leí hace unos días una encuesta que aseguraba que dos tercios de los vascos están de acuerdo con estas ideas. Creo que esta es una reflexión muy extendida en la sociedad vasca. Pero no solo. Conozco a muchas víctimas de ETA que pensamos así. Porque el relato de la verdad, que nadie mejor que ellas asegura, gana legitimidad y grandeza con esa actitud humanitaria y conciliadora del Estado, con esa generosidad inteligente de la democracia.
Publicado en El Correo, 16/07/2017
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Foto: SANTOS CIRILO
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