El PNV ha definido con esta misteriosa expresión su pretensión de hacer un referéndum en el País Vasco, sobre el texto acordado por las fuerzas políticas vascas y aprobado por el Parlamento vasco, para un nuevo estatuto de autonomía que sustituya al actual. Y digo misteriosa, porque no hace falta ninguna consulta que habilite al País Vasco para tramitar su reforma estatutaria. El pueblo vasco está en su pleno derecho para iniciar esa reforma con un proyecto que obtenga el máximo consenso interno –como corresponde a un texto de esta naturaleza– y sea aprobado por la mayoría absoluta de su Parlamento. No hace falta más.
Luego, naturalmente, el texto es enviado a las Cortes, negociado allí y aprobado en su caso, para ser sometido después a consulta de ratificación en el País Vasco. El referéndum vasco equivale así a la legitimación soberana de la ciudadanía, a un texto inapelable y definitivo porque ya no podría ser recurrido ni modificado (recuérdese la corrección efectuada en la ley del Tribunal Constitucional después del fiasco catalán). Dicho a la manera que gusta hoy, será su derecho a decidir en pleno cumplimiento de la legalidad.
¿Por qué entonces se ha inventado el PNV una consulta en la mitad del proceso y la ha llamado de manera tan misteriosa como confusa? Evidentemente, detrás de esta idea, hay razones que corresponden al ideario nacionalista, no siempre fácil de insertar en el ordenamiento del Estado. Se me ocurren dos.
La primera es simbólica. Un referéndum previo en el País Vasco equivale a establecer una soberanía previa del País Vasco y paralela en su momento a la que puedan establecer las Cortes en la representación del conjunto del pueblo español. En el fondo es como la contraposición de dos poderes propios, el vasco y el español, legítimos y paralelos, que negocian el texto que establece la forma de ser y de estar del País Vasco en España. Una formulación más cercana a lo confederal, que federal.
La segunda es política. Un texto aprobado en referéndum en el País Vasco no se puede alterar en su paso por las Cortes. O por lo menos es muy difícil hacerlo porque siempre se dirá desde aquí: «Esta es la voluntad de los vascos». Formalmente se negocia, pero es casi una ley de artículo único, como ocurre con el concierto económico en la que la voluntad del legislativo español no puede ejercerse porque el texto vasco resultaría casi blindado por la consulta previa. Esta es la manera ‘paccionada’ que reclama el PNV, equivalente a la llamada ‘bilateralidad’ que esgrimen los nacionalistas en este tema.
Urkullu es más prudente que otros burukides respecto a esta consulta. En su entrevista del domingo pasado, el lehendakari, reconoce que la consulta habilitante, es un objetivo del PNV y deja entrever su flexibilidad personal respeto a ella. Pero otros burukides la exigen abiertamente y los documentos del Partido en la Ponencia del Estatuto, la reivindican formalmente.
Personalmente creo que este es un tema conflictivo que debiera evitarse en la ya complicada tarea de reforma del Estatuto. Es muy difícil que esa consulta sea acordada y autorizada por el Gobierno del Estado que, de hacerlo, vería seriamente comprometida su capacidad negociadora y su deber de someter a la Constitución cualquier texto legal aprobado en el Parlamento. El ‘trámite’ parlamentario de las Cortes para aprobar el Estatuto responde no sólo a una exigencia legal inevitable, sino también a una lógica política aplastante. Es la representación estatal la que debe «ajustar» las pretensiones autonómicas al conjunto de los intereses de los ciudadanos del Estado. Es la única manera de salvaguardar principios fundamentales en el funcionamiento de un Estado moderno: la solidaridad, la cohesión, la eficiencia en el reparto competencial,... y es la única manera de hacer compatible la identidad y la diversidad de las comunidades con la unidad del Estado.
No. No será fácil que ese sea el procedimiento y por eso algunos defendemos como paso previo a la reforma estatutaria, una reforma de la Constitución como marco en el que puedan caber las demandas del autogobierno vasco y que pueda garantizar una tramitación más consensuada del texto que surja, después, del Parlamento vasco.
La reforma del Estatuto es una reivindicación del mundo nacionalista y este es mayoritario en el país. Yo no creo que sea una necesidad objetivamente importante para la ciudadanía vasca, ni creo que un nuevo estatuto nos proporcione grandes novedades en el autogobierno porque las principales competencias ya son autonómicas. Es más, creo que, en el ámbito económico y financiero, cualquier reforma será peor que el actual Concierto. Pero acepto y respeto que esa es la voluntad política de quienes han ganado las elecciones. Sobre todo, veo en esa reforma una oportunidad para cerrar la herida interna de un país que ha sufrido una tragedia por aquellos que combatieron a sangre y fuego el Estatuto de Gernika y que hoy pueden tener una extraordinaria ocasión de sumarse a un marco que lo debe ser para todos los vascos. Esa será su grandeza si lo hacemos bien.
Por eso alabo el pacto PNV-PSE y con ese espíritu advierto que la ‘consulta habilitante’ es una piedra pesada en un camino que solo hemos empezado a recorrer y que el PNV hará muy bien en no convertirla en bóveda de su anunciada voluntad de consenso en el tema. Al fin y al cabo sería una perversa operación histórica integrar a la izquierda abertzale en el marco jurídico-político común, perdiendo a quienes siempre hemos estados en el esfuerzo de compartir y defender autogobierno e identidad, aunque nuestro ideario político no fuera solo ese. Y no me refiero solo a los socialistas vascos, sino a una grandísima parte de la ciudadana vasca, mal llamada «no nacionalista».
Luego, naturalmente, el texto es enviado a las Cortes, negociado allí y aprobado en su caso, para ser sometido después a consulta de ratificación en el País Vasco. El referéndum vasco equivale así a la legitimación soberana de la ciudadanía, a un texto inapelable y definitivo porque ya no podría ser recurrido ni modificado (recuérdese la corrección efectuada en la ley del Tribunal Constitucional después del fiasco catalán). Dicho a la manera que gusta hoy, será su derecho a decidir en pleno cumplimiento de la legalidad.
¿Por qué entonces se ha inventado el PNV una consulta en la mitad del proceso y la ha llamado de manera tan misteriosa como confusa? Evidentemente, detrás de esta idea, hay razones que corresponden al ideario nacionalista, no siempre fácil de insertar en el ordenamiento del Estado. Se me ocurren dos.
La primera es simbólica. Un referéndum previo en el País Vasco equivale a establecer una soberanía previa del País Vasco y paralela en su momento a la que puedan establecer las Cortes en la representación del conjunto del pueblo español. En el fondo es como la contraposición de dos poderes propios, el vasco y el español, legítimos y paralelos, que negocian el texto que establece la forma de ser y de estar del País Vasco en España. Una formulación más cercana a lo confederal, que federal.
La segunda es política. Un texto aprobado en referéndum en el País Vasco no se puede alterar en su paso por las Cortes. O por lo menos es muy difícil hacerlo porque siempre se dirá desde aquí: «Esta es la voluntad de los vascos». Formalmente se negocia, pero es casi una ley de artículo único, como ocurre con el concierto económico en la que la voluntad del legislativo español no puede ejercerse porque el texto vasco resultaría casi blindado por la consulta previa. Esta es la manera ‘paccionada’ que reclama el PNV, equivalente a la llamada ‘bilateralidad’ que esgrimen los nacionalistas en este tema.
Urkullu es más prudente que otros burukides respecto a esta consulta. En su entrevista del domingo pasado, el lehendakari, reconoce que la consulta habilitante, es un objetivo del PNV y deja entrever su flexibilidad personal respeto a ella. Pero otros burukides la exigen abiertamente y los documentos del Partido en la Ponencia del Estatuto, la reivindican formalmente.
Personalmente creo que este es un tema conflictivo que debiera evitarse en la ya complicada tarea de reforma del Estatuto. Es muy difícil que esa consulta sea acordada y autorizada por el Gobierno del Estado que, de hacerlo, vería seriamente comprometida su capacidad negociadora y su deber de someter a la Constitución cualquier texto legal aprobado en el Parlamento. El ‘trámite’ parlamentario de las Cortes para aprobar el Estatuto responde no sólo a una exigencia legal inevitable, sino también a una lógica política aplastante. Es la representación estatal la que debe «ajustar» las pretensiones autonómicas al conjunto de los intereses de los ciudadanos del Estado. Es la única manera de salvaguardar principios fundamentales en el funcionamiento de un Estado moderno: la solidaridad, la cohesión, la eficiencia en el reparto competencial,... y es la única manera de hacer compatible la identidad y la diversidad de las comunidades con la unidad del Estado.
No. No será fácil que ese sea el procedimiento y por eso algunos defendemos como paso previo a la reforma estatutaria, una reforma de la Constitución como marco en el que puedan caber las demandas del autogobierno vasco y que pueda garantizar una tramitación más consensuada del texto que surja, después, del Parlamento vasco.
La reforma del Estatuto es una reivindicación del mundo nacionalista y este es mayoritario en el país. Yo no creo que sea una necesidad objetivamente importante para la ciudadanía vasca, ni creo que un nuevo estatuto nos proporcione grandes novedades en el autogobierno porque las principales competencias ya son autonómicas. Es más, creo que, en el ámbito económico y financiero, cualquier reforma será peor que el actual Concierto. Pero acepto y respeto que esa es la voluntad política de quienes han ganado las elecciones. Sobre todo, veo en esa reforma una oportunidad para cerrar la herida interna de un país que ha sufrido una tragedia por aquellos que combatieron a sangre y fuego el Estatuto de Gernika y que hoy pueden tener una extraordinaria ocasión de sumarse a un marco que lo debe ser para todos los vascos. Esa será su grandeza si lo hacemos bien.
Por eso alabo el pacto PNV-PSE y con ese espíritu advierto que la ‘consulta habilitante’ es una piedra pesada en un camino que solo hemos empezado a recorrer y que el PNV hará muy bien en no convertirla en bóveda de su anunciada voluntad de consenso en el tema. Al fin y al cabo sería una perversa operación histórica integrar a la izquierda abertzale en el marco jurídico-político común, perdiendo a quienes siempre hemos estados en el esfuerzo de compartir y defender autogobierno e identidad, aunque nuestro ideario político no fuera solo ese. Y no me refiero solo a los socialistas vascos, sino a una grandísima parte de la ciudadana vasca, mal llamada «no nacionalista».
Publicado en El Correo, 11-12-2016