20 de diciembre de 2015

Autocrítica

¿ Qué hicimos mal en la lucha contra el terrorismo yihadista? ¿Qué debimos hacer y no hicimos? Este es un alegato autocrítico a la política de Europa, frente a una amenaza cierta, que nos ataca periódicamente, desde hace más de diez años (marzo 2004, Madrid, 191 muertos) y que está provocando un clima casi de guerra en nuestras ciudades. Es demasiado tiempo sin tomar medidas, siendo como es, demasiado evidente, que una misma organización terrorista nos atacaba en toda Europa, con los mismos objetivos y la misma crueldad.

Viví en Bruselas esa larga semana de alarma, y les aseguro que jamás había visto tantos soldados, camiones militares y coches policiales tomando una ciudad semidesierta, con la mayoría de sus ciudadanos recluidos en casa, aterrorizados. Me temo que no será la última vez. A unos cientos metros de la Grande Place, el barrio de Möllenbeck –80% de población árabe– de donde, dicen, han salido un número importante de estos fanáticos del odio a los europeos. Tomemos pues como base de nuestro aná- lisis esta ciudad y este barrio, perfectamente extrapolables a París, Hamburgo, Londres o Madrid. 

Primera crítica. Los servicios de inteligencia policial no han hecho su trabajo para detectar los nú- cleos de yihadismo que se estaban creando en determinados entornos étnicos y religiosos de nuestras ciudades. Muchos fueron a las diferentes guerras de Irak, Afganistán y Siria, y solo cuando tuvimos constancia de su vuelta terrorista a Europa descubrimos que eran miles los ciudadanos europeos que estaban allí con voluntad de atentar en nuestras ciudades. En algunos países, la información y el seguimiento han sido mejores (España por ejemplo), pero en otros, Bélgica especialmente, la penetración policial en esos entornos ha sido escasa y manifiestamente insuficiente.

Segunda crítica. ¿Para cuándo un servicio europeo de información y estrategia contraterrorista? Llevamos diez años comprobando que los ataques terroristas responden a una misma causa y a una misma organización, que su campo de operaciones es europeo y que sus agentes nacieron y vivieron con nosotros, vienen de nuestros barrios. La cooperación policial entre paí- ses es ínfima y no comparten información. El combate desde cada nación europea es insuficiente. 

Una organización policial europea que concentre la información, que la analice, que opere junto a las policías nacionales, si llega el caso, una especie de CIA europea, es imprescindible. ¿Por qué no la hemos creado todavía? Una vez más, las resistencias nacionales a ceder competencias a la Unión resultan injustificables. 

Tercera crítica. Nuestras relaciones internacionales con los países que promueven el salafismo y el integrismo wahabista son contradictorias y en parte corresponsables. Es evidente que el volumen de los intercambios comerciales y la importancia de sus suministros no nos dejan totalmente libres para condicionar a los Países del Golfo en sus relaciones con las mezquitas europeas, pero algo más de lo hecho hasta ahora podía y debía hacerse. No es tolerable que el sustento ideológico-religioso de los grupos terroristas se produzca en nuestro suelo, con el apoyo económico de países que comercian tanto con Europa. 

Cuarta crítica. Europa no ha construido todavía una política de apoyo a las comunidades musulmanas que reivindican un Islam de la Paz. Darles medios, económicos y mediáticos a los líderes musulmanes que denuncian y deslegitiman la violencia, es la más inteligente política en los entornos árabes de nuestros barrios. Son los musulmanes comprometidos con nuestras democracias y nuestros valores, quienes tienen que estar al frente de esa larga marcha deslegitimadora del terrorismo islamista. No basta que canten la Marsellesa frente al Bataclan, con el lema «No en nuestro nombre» o «El Islam no mata». Hace falta que se pongan al frente de una política beligerante contra el terror que los fanáticos siembran en su nombre, y también que cuenten con la ayuda de una política de Estado destinada a evitar el desarrollo de guetos y marginalidad en esos barrios. 

Quinta crítica. Nuestra política internacional en el mundo árabe no ha sido precisamente un éxito. Europa pesa poco en ese avispero, pero, con Francia a la cabeza, se está forjando una alianza internacional para acabar con Daesh. Yo creo que ésta no es una guerra de bombas, sino de inteligencia policial, por encima de todo. Pero el mundo no puede aceptar un Estado terrorista que vende petróleo y arma comandos para volar aviones o matar en masa en cualquier ciudad del planeta. Derrotar ese ejército es también necesario y, el que no lo vea, o está ciego o no quiere asumir la realidad y, entonces, no merece nuestra confianza. 

Sexta crítica y última. Si Europa da la espalda a los refugiados confundiéndolos con terroristas, estamos alimentando su odio. Las imágenes de nuestro rechazo permanecerán en su retina durante años. La Europa de las libertades, la de los Derechos Humanos, será tierra hostil para muchos por mucho tiempo. Es verdad, no podemos acoger a millones de refugiados de golpe, pero es que sólo hemos sido capaces de registrar y distribuir a unos pocos miles. Por el contrario, nuevos muros se elevan en los países europeos y nuevos controles se instalan en unas fronteras que habían dejado de serlo con la entrada en vigor del Tratado de Schengen, hace veinte años. 

Sin duda, hay más planos en este endiablado problema que nos ocupará varios años. Pero Europa tiene que asumir sus errores y corregirlos con urgencia, si no queremos perder esta batalla vital por la seguridad y la libertad.

Publicado en El Correo, 20/12/2015

18 de diciembre de 2015

Una lectura de izquierdas sobre el 6-D venezolano.

Me aproximo a Venezuela desde mi convicción socialista y democrática. Observé con interés la emergencia de las revoluciones del ALBA, desde partidos que se decían portadores de una nueva izquierda. He seguido la evolución de esos países y, en particular, encabecé una Delegación del Parlamento Europeo a Caracas durante la primera semana de noviembre, para dar seguimiento al proceso electoral venezolano.

Desde esa cercanía a esas realidades y desde el respeto a la idiosincrasia de cada uno de esos países y experiencias políticas, me permito extraer algunas conclusiones, después de la derrota chavista del pasado domingo.

Primera: La democracia no es un medio al servicio de la revolución, o de la justicia social. No, la democracia es un fin en sí mismo. Nunca debe ser manipulada, ni limitada, por objetivos superiores, porque no hay razones ni objetivos superiores a sus principios y a sus reglas. No debe ser la derecha política quien reclame democracia a un partido de izquierdas en el poder, sino al contrario; la democracia debe ser una bandera progresista que la izquierda política nunca debe perder.

Segunda: El manejo macroeconómico de un país es condición sine qua non de éxito en la política social. Nadie sufre más que los pobres y las clases medias en un sistema monetario roto con diferentes valores de cambio. Los que más sufren la inflación son quienes dependen de un salario o de una pensión para vivir. El déficit público no es de izquierdas. Acaba perjudicando a la estabilidad económica interna y al crédito internacional, la inversión, el interés bancario, etc. Todos estos elementales principios deben orientar la política económica de la izquierda.

Tercera: La principal inversión de la izquierda en países con sistemas fiscales primarios es reforzar su política tributaria y generar ingresos públicos que superen el 20% del PIB nacional. Una política fiscal progresiva en la obtención de los recursos en función de la riqueza y de la renta y patrimonio, para que sus ingresos al Estado no dependan solo de sus recursos naturales. La izquierda transformadora invierte en educación, haciendo iguales ante la vida a quienes parten de una posición social desfavorecida, y en salud, para materializar la igualdad en un derecho humano fundamental. Aunque no resulte popular, la izquierda moderna invierte en capital físico (infraestructuras) y en capital humano (educación e innovación) para construir un tejido económico competitivo y no depender de los recursos naturales.

Cuarta: La seguridad de los ciudadanos no es una bandera de la derecha. Dar seguridad a las personas para circular, para salir a la calle, para viajar, en sus casas o en sus propiedades es una tarea primordial del Gobierno. Dejar esa aspiración humana básica en manos de la derecha política, como si esa ideología garantizara mejor la seguridad ciudadana, es un error que se paga caro.

Quinta: Despreciar a la izquierda socialdemócrata europea, como si fuera cosa del pasado, superada por una nueva doctrina que todavía no ha demostrado nada, ha sido y desgraciadamente es todavía una actitud tan pretenciosa como ignorante. Los grandes avances en protección social y dignidad laboral del Estado de Bienestar son una conquista histórica de la socialdemocracia europea. La búsqueda de referentes internacionales por parte de algunos partidos de la izquierda latinoamericana en el viejo comunismo o en modelos acreditadamente desfasados sólo conduce a la frustración. El camino hacia sociedades más justas en América Latina reclama modernizar el Estado, profundizar la democracia, estabilizar su economía, diversificar su aparato productivo, invertir en educación y salud... Ese es el único camino de la justicia social y de la verdadera izquierda. En ese camino, la experiencia socialdemócrata es básica, creando entornos laborales dignos y protegidos por un sistema de seguridad social sostenible, desarrollando instituciones de protección social, implantando sistemas fiscales progresivos, y extendiendo el derecho a la educación y a la sanidad como derechos fundamentales de ciudadanía.

Soy muy consciente de que en muchos de los países latinoamericanos los partidos tradicionales fracasaron. Es también evidente que la enorme inequidad se combata inicialmente inyectando el dinero público en las bolsas de la pobreza y de la exclusión. Pero la experiencia de Venezuela - y no sólo - demuestra que eso no basta. Hay que enseñar a pescar y darles cañas, siguiendo el proverbio chino, para que la igualdad y la justicia social sean sostenibles.


Publicado en The Huffington Post, 18/12/2015

15 de diciembre de 2015

Intervención Sesión Plenaria. 15/12/2015

Aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades.


 


13 de diciembre de 2015

4 de diciembre de 2015

Europa y Latinoamérica, unidas frente al cambio climático.

Pocos niegan ya que el cambio climático en curso es una realidad fruto de la acción humana. El consenso científico, social y político en la materia es abrumador, y con él crece la conciencia de que es necesario actuar con decisión para evitar que sus impactos alcancen dimensiones catastróficas. Sin embargo, el tiempo corre en nuestra contra: si no actuamos ya, puede que sea demasiado tarde.

Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre tenemos una oportunidad histórica. A lo largo de esa semana se celebra en París la COP21, la 21a reunión del Convenio Marco de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Participarán en ella más de 40.000 personas, desde jefes de Estado y de gobierno a expertos y representantes de la sociedad civil. La COP 21 pretende alcanzar un acuerdo universal y jurídicamente vinculante para mantener el calentamiento global por debajo del límite de 2° C en relación a los niveles preindustriales, e impulsar la transición hacia sociedades y economías bajas en carbono. El acuerdo deberá contemplar iniciativas concretas, factibles y justas en materia de reducción de emisiones causantes del efecto invernadero y adaptación y mitigación de los efectos del calentamiento global. El protocolo de actuación que finalmente sea aprobado en París entrará en vigor en 2020.

Es de esperar que Europa, paladín tradicional en materia de lucha contra el cambio climático, esté a la altura de las circunstancias. Y nosotros, como copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), esperamos además que en ese compromiso le acompañen muy de cerca América Latina y el Caribe. Se trata de una cuestión de puro pragmatismo: en la UE hay regiones, particularmente en la zona sur, muy expuestas a las consecuencias más dramáticas del cambio climático, pero la práctica totalidad de Latinoamérica padece un riesgo elevado de sufrir desastres naturales por esta causa.

En tanto que representante de los pueblos de Europa y de América Latina y Caribe, EuroLat se hizo eco de la preocupación general por el cambio climático a través una resolución aprobada en su sesión plenaria del 5 de junio de 2015. En dicha resolución, EuroLat abogaba por un acuerdo histórico, transparente y justo, que además de limitar el aumento de la temperatura en un máximo de 2° C, garantice el respeto de los derechos humanos, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y la igualdad de género en la lucha contra el cambio climático. Insistía también en la necesidad de crear instituciones y mecanismos que favorezcan la gobernanza medioambiental, a través del diseño, planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas eficientes. A este respecto, tal como se señaló en la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres (Sendai, Japón, 14 de marzo de 2015), las autoridades locales pueden y deben jugar un papel primordial, puesto que su cercanía al ciudadano les permite tomar iniciativas tanto de prevención como de socorro mucho más efectivas, sino cruciales.

La financiación de la lucha contra el cambio climático, tiene una importancia clave. De ahí que en su resolución de junio, EuroLat incluyera el tema por considerar que no puede quedar desatendido en el COP 21. Para ser capaces de responder al reto en la medida que les corresponde, los países, regiones y comunidades menos favorecidas necesitan una transferencia de recursos financieros, tecnologías, saberes y experiencias procedentes de los países desarrollados. En este terreno es preciso que exista una voluntad política clara, que no se agote en las declaraciones y manifestaciones de intenciones, sino que suponga el refuerzo de los programas y mecanismos existentes y la creación de otros adicionales.

En el objetivo de financiación a largo plazo derivado de la Cumbre de Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales, provenientes de fuentes públicas y privadas, que integrarían el Fondo Verde para el Clima. La finalidad del mismo es ayudar a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático a partir de 2020. A este respecto, EuroLat aboga por que la financiación del Fondo Verde para el Clima sea eficaz, previsible, sostenible, transparente y preste especial atención a los grupos de poblaciones y comunidades más vulnerables (indígenas, mujeres, regiones geográficamente desfavorecidas, pequeños estados insulares, etc.).

América Latina también está desarrollando iniciativas y compromisos dignos de mención Un buen ejemplo de ello es Brasil, uno de los precursores de la denominada diplomacia climática. Brasil está implementando una serie de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer el desarrollo económico y teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas y los trabajadores. Es uno de los pocos países en desarrollo comprometido a asumir una meta absoluta de reducción de emisiones (reducción del 37% de las emisiones hasta 2025 y del 43 % en 2030, siendo 2005 el año base) y que contempla acciones de adaptación, mitigación y capacitación mejor planteadas.

Por otra parte, el pasado 6 de noviembre en Quito la CEPAL presentó su posición común en esta materia. Entre los anuncios realizados se destacó la decisión de invertir entre el 1.5 y el 5 % del PBI regional en la lucha contra el cambio climático en los próximos cien años, la voluntad de establecer una Corte Internacional en Defensa de la Madre Tierra y el concepto de justicia climática que debería guiar la acción de la Corte. En ese marco y a iniciativa de Ecuador, los países latinoamericanos reafirmaron su determinación de luchar por un sistema de compensación que les resarza de los ingresos no percibidos por la no explotación de los recursos naturales disponibles, que se corresponden con emisiones netas evitadas (Iniciativa Yasuni-ITT).

América Latina y Europa deben plantear objetivos realistas pero ambiciosos en la reunión de París. Objetivos que, como señaló el secretario de Naciones Unidas Ban Ki- Moon, es vayan más allá de las divisiones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, cuando lo que está en juego es el futuro de la humanidad.

Roberto Requiao y Ramón Jáuregui son copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat)


26 de noviembre de 2015

25 de noviembre de 2015

Reino Unido y Europa: "Better together"


Cuando el premier inglés anunció su referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, pensé que se trataba de una jugada electoral de los conservadores británicos para taponar el flanco antieuropeo de su electorado, tentado de votar al UKIP, los extremistas de Nigel Farage partidarios de abandonar la Unión, y ganadores en 2014 de las elecciones europeas en la Gran Bretaña.

Me pareció una equivocada estrategia, que remite a los electores a exponer un deseo, más o menos sentimental, poco fundado en general, y casi siempre desprovisto de un análisis equilibrado de pros y contras. 

Es como "la patada adelante" del rugby, lanzas la pelota y alejas el peligro, pero seguramente perderás su dominio y volverá a tu campo. Que se lo pregunten al propio Cameron con el referéndum escoces. Lo ganó en el tiempo de descuento, pero la gestión de su resultado es políticamente inmanejable. 

Cuando Cameron inició, a la vuelta del verano de este año, sus primeros anuncios de exigencias a la Unión para preparar su referéndum del próximo año, pensé que deberíamos plantearnos muy seriamente un futuro de la Unión sin el Reino Unido. Recuerdo haber escrito en mi Twitter algo así: "Si para mantener al Reino Unido en la UE tenemos que renunciar a nuestro proyecto federal para Europa, quizás tengamos que renunciar al Reino Unido".

Hoy, cuando ya conocemos la carta de Cameron a Tusk y a todos los mandatarios de la Unión, y hemos visto concretadas sus demandas de cambios en cuatro grandes áreas de la arquitectura europea, empiezo a pensar que una delicada e importantísima negociación se abre paso inexorablemente. 
Un referéndum que tenemos que afrontar aunque no nos guste, y una negociación que tenemos que culminar con éxito, tanto el Reino Unido como la UE, porque el "sí" a Europa tiene que ganar. 

"Un referéndum que, primero, tenemos que afrontar aunque no nos guste, y una negociación que, segundo, tenemos que culminar con éxito, tanto el Reino Unido como la UE, porque el "sí" a Europa tiene que ganar en ese referéndum. De lo contrario, los males para ambos son enormes y serían irreparables."

Esta es mi conclusión de urgencia. Por mal que nos parezcan algunas cosas que quieran los ingleses. Aunque algunas de sus peticiones son claramente inaceptables, quiero creer que son base de negociación, y que seremos capaces de encontrar acuerdos que le permitan a Cameron decir a los ciudadanos: "En esta Europa, sí"; y con la ayuda inestimable de los laboristas y de los escoceses, ganar un referéndum lleno de riesgos.

Para desdramatizar el futuro, conviene recordar que no es la primera vez que un Estado miembro plantea dificultades a la hora de avanzar hacia una mayor integración. Ya ocurrió en 1992 con el rechazo de Dinamarca al Tratado de Maastricht, en 2001 con el de Irlanda al Tratado de Niza y, en mayor medida, en 2005 tras el fracaso en Francia y los Países Bajos del referéndum al proyecto de Constitución de la UE. En todos los casos, la Unión ha sido capaz de solventar las dificultades con soluciones de consenso pragmáticas.

Por otra parte, algunas de las propuestas de Cameron son asumibles. Es el caso de las demandas relativas a un mayor desarrollo de las actividades económicas y de la competitividad europea, en clara sintonía con las orientaciones económicas de la Comisión presidida por Juncker; las propuestas relativas a la participación voluntaria en las medidas adoptadas por los miembros de la zona euro; así como la posibilidad de incluir una formulación en relación al concepto de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, en sintonía con las conclusiones del Consejo de junio de 2014, que contempla distintas vías de integración para los distintos países, al permitir a los que deseen ahondar en la integración avanzar, al tiempo que respeta el deseo de los que no quieren seguir profundizando más.
Conviene recordar que no es la primera vez que un Estado miembro plantea dificultades a la hora de avanzar hacia una mayor integración. 

La negociación con el Reino Unido, supone, no obstante, un frenazo al proceso de convergencia política y económica europea. Cuando por fin se habían acelerado las reformas relativas a la gobernanza económica y a la finalización de la construcción de la Unión Económica y Monetaria, el envite británico reabre, prematuramente, el debate sobre la reforma de los Tratados y la restructuración de la arquitectura institucional. 

Y lo más grave, exige la restricción de la libre circulación de los trabajadores, una intolerable discriminación entre europeos de sus derechos sociales, y un reconocimiento expreso en los Tratados de la UE de la existencia de varias monedas, pese a que los británicos ya disfrutan de una cláusula "opt out" en este sentido. Sin duda, dos exigencias con una pesada carga simbólica, cuya aceptación daría vía libre a la consolidación de una Europa a la carta ("cherry picking").

Una vez más, el funcionalismo político -la fórmula de consenso empleada desde sus inicios para la construcción europea entre los unionistas, partidarios de la simple cooperación entre los diferentes gobiernos europeos, y los federalistas, defensores de los Estados Unidos de Europa- debe ser el faro que guíe las conversaciones de los próximos meses y la, más que probable, elaboración de un protocolo similar al que se utilizó con Dinamarca.

Solo después de dar solución a este nuevo traspié, la Unión podrá encontrar la estabilidad necesaria para hacer frente a una nueva y profunda reforma de los Tratados, y resolver la disyuntiva entre el avance hacia un proyecto federalista europeo o la consolidación de una Europa a varias velocidades. 

No en vano, la Declaración de Robert Schuman de 1950 señalaba que "Europa no se hará de golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones concretas".


Publicado en El Huffington Post , 25/11/2015

19 de noviembre de 2015

Intervención Comisión Asuntos Constitucionales 19/11/2015

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 19 de abril de 1995 (95/167/CE, Euratom, CECA)

11 de noviembre de 2015

Lo que viene.

España comenzará el año próximo una legislatura difícil, incierta y quizás breve. La dimensión de los problemas que deberán abordarse es incuestionable. Empezando por el desafío catalán, que, esperemos, no haya entrado antes incluso del 20-D, en un territorio de irreversibles consecuencias. Sea cual sea el resultado electoral y sea cual sea el desenlace de la investidura del nuevo president de la Generalitat, estamos condenados a intentar una nueva solución a la pretensión independentista, conocida la voluntad política de la mayoría parlamentaria surgida de las elecciones catalanas de septiembre pasado. 

El próximo Gobierno español tendrá, seguro y en primer lugar, un problema espinoso en el terreno de asegurar la ley y evitar el desacato flagrante al orden constitucional, que se presume de la hoja de ruta pactada por los grupos soberanistas. Aquí ya nos estamos jugando mucho porque es enormemente difícil concretar las medidas que deben adoptarse en cada caso y, mucho más difícil todavía, calcular las consecuencias que producirán a medio y largo plazo en la opinión pública y en los sentimientos de las poblaciones afectadas. Pero, incluso en el supuesto de que se hayan adoptado medidas extremas respecto a las autoridades catalanas (denuncias penales, inhabilitaciones, etc.) o respecto a las instituciones (sustitución de autoridades autonómicas o suspensión competencial, etc.), la política exigirá ofrecer a la ciudadanía catalana un nuevo pacto autonómico, que reformule el estatus de Cataluña en España, con reforma constitucional incluida. Esta mano tendida a Cataluña, con la pretensión de lograr un nuevo pacto con las fuerzas mayoritarias allí, es algo que no debemos abandonar y que constituye la clave de la victoria de la mayoría no independentista. 

La reforma constitucional parece aconsejable también por otros motivos que vienen de lejos y que en esencia responden a necesidades de actualización que estos cuarenta años de cambios sustanciales en todos los órdenes, reclaman de nuestra Carta Magna. 

Desgraciadamente, hay dos peligrosas actitudes políticas ante este reto capital de nuestro próximo futuro. Por lo que parece, el PP renuncia a incluir en su programa esta propuesta, quizás porque no ven estas necesidades, quizás porque consideran imposible un nuevo acuerdo.

Pero no es menos censurable la actitud de quienes creen que la Constitución del 78 debe ser cambiada de arriba abajo, incapaces de apreciar ninguna de sus virtudes y pensando que solo con ellos llega la verdadera democracia. Este peligroso adanismo, tan presente en los nuevos partidos, nos llevará al desastre de pretender acuerdos, demoliendo los existentes, sin comprender que los consensos se alcanzan cediendo y que las constituciones son un conjunto de renuncias de todos, a cambio de un texto que permite la convivencia de todos. Lo novedoso de esta tarea ingente que es encontrar un nuevo acuerdo constitucional en la España de 2016, reformando el existente sin destruirlo, es que deberá producirse sobre un mapa político mucho más fragmentado, con una nueva generación de líderes políticos que no se conocen, en una sociedad bastante descreída de la política y muy desconfiada de los partidos políticos. A diferencia de la España de 1977, unida por la ilusión democrática y liderada por no más de una docena de líderes políticos, la España del año que viene es, además, una España de Autonomías y cualquier pacto territorial, sin duda el más difícil de la reforma pendiente, reclamará el acuerdo de los demás territorios. Y, conocida la experiencia de las reformas estatutarias de la primera década de este siglo, ¿quién nos asegura que no se levantarán banderas igualitarias contra la singularidad? Sin duda, lo que viene será difícil. No solo por el reto catalán, territorial, constitucional. España tiene asignaturas pendientes de insoslayable abordaje. El paro, por supuesto, el emprendimiento y la economía digital, la educación y la investigación, la reforma fiscal, la sostenibilidad y modernización de nuestro modelo social, la reforma de nuestro sistema de relaciones laborales, el coste eléctrico y la política energética en general.... 

Es demasiado pronto para aventurar la duración de la próxima legislatura, mucho más sabiendo que vamos a un panorama de tres o cuatro partidos acompañados por otras tres o cuatro fuerzas políticas más pequeñas, pero importantes por su representación territorial, que configuran una gran inestabilidad para la constitución del próximo Gobierno, pero no es descartable que se trate de un periodo transitorio que no agote los cuatro años. Circunstancia que también se daría si un acuerdo de reforma constitucional obligara a disolver las Cortes para la convocatoria de un referéndum de ratificación del nuevo texto.

Publicado por El correo, 11/11/2015.

3 de noviembre de 2015

Por una fiscalidad europea.

El 5 de noviembre de 2014, un grupo de periodistas reveló que entre 2002 y 2010 más de 330 multinacionales acordaron pactos secretos con Luxemburgo, los llamados tax rulings, con el objetivo de reducir su carga tributaria global. Así nació el escándalo conocido como LuxLeaks.

La dimensión del engaño ha originado una ola de indignación en el mundo. Algunas de las empresas que facturan miles de millones de euros han disfrutado de tipos impositivos efectivos inferiores al 1% sobre unos beneficios artificialmente trasladados a Luxemburgo. Entretanto, las pymes no se benefician de estos acuerdos, al tiempo que se enfrentan a una competencia desleal.

Así, Estados miembros de la Unión Europea compiten entre sí ofreciendo una variedad de medidas fiscales creativas, incluyendo los acuerdos tributarios, con la finalidad de atraer artificialmente la domiciliación de empresas a su territorio. Esta práctica priva al resto de socios europeos de una parte importante de sus ingresos fiscales, una pérdida de recaudación que podría haber sido invertida en mejorar los servicios públicos, la sanidad o la educación.

Sin embargo, ha transcurrido un año sin que haya cambiado mucho esta realidad, a pesar de los anuncios realizados. La Unión Europea está fallando a sus ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas.

De hecho, el 6 de octubre de 2015, los ministros de finanzas de la UE perdieron la oportunidad de demostrar que han aprendido las lecciones del escándalo de LuxLeaks. EL acuerdo alcanzado en el Consejo sobre la extensión del sistema de intercambio automático de información a los pactos tributarios diluye seriamente la propuesta de mínimos de la Comisión, y no pone suficiente luz sobre estos apaños secretos.

Ya es hora de que los Estados miembros pongan punto final a las maniobras de las multinacionales.

Esa situación daña gravemente los sistemas tributarios nacionales y el proyecto europeo: necesitamos urgentemente una acción fuerte y efectiva. Un verdadero mercado interior solo puede funcionar correctamente en un marco transparente, cooperativo y coordinado en lo que respecta al impuesto de sociedades. Seguir como si nada hubiera pasado no es una opción.

La Unión Europea debe asegurar que las multinacionales pagan sus impuestos donde generan los beneficios. Nosotros reclamamos reformas ambiciosas para acabar con el fraude y la elusión fiscales, cerrar los resquicios legales, sancionar de manera efectiva los paraísos fiscales, luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, y mejorar la transparencia y la cooperación transfronteriza.

En este contexto, llamamos a los Gobiernos de la Unión Europea a apoyar la obligación de los Informes País por País que se encuentra actualmente en discusión en el marco de la directiva de derechos de los accionistas.

Esta medida obligaría a las empresas que cotizan en bolsa a hacer públicas sus actividades, así como los impuestos que pagan en cada país en que operan. Esto permitiría a las autoridades fiscales, inversores, trabajadores y ciudadanos en general, reaccionar en aquellos casos de comportamiento empresarial ilícito o inapropiado. Los bancos europeos deben cumplir ya estos requisitos, lo que no ha mermado su competitividad, como ha probado la investigación oficial de la Comisión Europea.

Un año después del escándalo de LuxLeaks, los ciudadanos europeos y las empresas responsables no pueden seguir esperando. Necesitamos una acción coordinada a escala europea. Los Informes País por País representan un arma muy importante para luchar contra el fraude y la evasión fiscales, además de un paso significativo en el establecimiento de un marco europeo de mayor transparencia fiscal.

Ya es hora de que los Estados miembros aprendan la lección de LuxLeaks, poniendo punto final a las maniobras de las multinacionales para evitar pagar impuestos, y trabajando por un sistema justo de tributación societaria. Esta es una precondición para el crecimiento económico en la Unión Europea, en beneficio de ciudadanos y empresas. Es mucho lo que nos jugamos.



Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo. Firman también este artículo Thomas Piketty, de la Paris School of Economics; Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea; Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo; Sergio Cofferati, eurodiputado; Elio di Rupo, ex primer ministro de Bélgica; Gianni Pittella, portavoz del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo; Jean-Paul Fitoussi, del comité científico de Progressive Economy; Eider Gardiazabal, diputada socialista al Parlamento Europeo.




Publicado en El Pais, 3/11/2015

1 de noviembre de 2015

Entrevista para Levante 1/11/2015

Ha venido a Valencia a hablar de la economía del bien común cuando hace unos meses expresaba sus dudas sobre este modelo. ¿Porqué? 
Porque no es fácil instalar en una economía de mercado los valores de la economía del bien común.es un objetivo de reformismo social muy potente, que tenemos que instalar en la sociedad: que las empresas sean aliadas de la causa social y no enemigas. la crisis ha puesto de manifiesto un descontento con las empresas, con el sector bancario, el automovilístico, el hostelero... Se ha ido generando una desconfianza y lo tenemos que aprovechar para decirles que sus marcas están identificadas con valores,y que una reputación bien ganada da rentabilidad.

 ¿La economía del bien común es una salida airosa para todos los que de jóvenes defendieron teorías más de izquierdas? 
Me gusta pensar que tiene un componente de modelo económico alternativo, que no va contra la empresa o el mercado pero exige una intervención pública más potente y que sean más responsables. 

Aquí ya tenemos una conselleria de Economía Sostenible ¿Eso va a ayudar a recuperar ese tejido económico valenciano que se sustentaba en la pequeña y mediana empresa y que la crisis casi ha destruido? 
El nuevo gobierno valenciano se ha tomado muy enserio este tema, ayudando a las Pymes,mejorando las públicas, exigiendo más transparencia... Ha de contribuir a que empresas sostenibles tengan buenos resultados económicos y castigar a las que se porten mal. Es una respuesta inteligente y pragmática al capitalismo salvaje que ha habido en la comunitat valenciana. 

Entre una gran empresa de alimentación como Consum que es una cooperativa, y otra que es casi un negocio personal como Mercadona, ¿qué modelo prefiere? 
Mercadona ha hecho cosas interesantes en el terreno social, sobre todo en la presencia de la mujer, la maternidad, etcétera. ¿Quiere decir que es socialmente responsable? Quiere decir que ha hecho cosas interesantes pero creo que tiene mucho camino que recorrer, por ejemplo dedicando parte de sus beneficios a un reparto más justo con los empleados. la cooperativa es una empresa participada por sus empleados y el componente social lo tiene en su naturaleza. no quiere decir que sus condiciones laborales sean mejores, pero responde más a un ideal de equilibrio social. 

¿Puede acabar la economía sostenible con los más de 480.000 parados valencianos? 
No. la economía del bien común es una filosofía para que las empresas colaboren a crear hábitats laborales y medio ambientales justos. Pero el empleo lo crean las empresas, y cuantas más haya, mejor. Yo creo que España,y la comunitat valenciana en particular, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para favorecer el emprendimiento, sobre todo en la economía digital. 

¿Vea la Ford incorporando criterios de responsabilidad social en Almussafes? 
Sí una empresa grande como Ford traslada a las Pymes que trabajan para ella esta cultura, se implantará inmediatamente. en las grandes empresas textiles o en las de alimentación se está empezando a crear eso porque hay una exigencia ciudadana de transparencia muy grande. 

Hablando de coches con un diputado europeo. ¿Qué le parece que la UE esté estudiando que los diésel puedan contaminar más? 
Peligrosamente empieza a surgir el comentario técnico de que hay un nivel de exigencia demasiado alto en las emisiones, hasta el punto de que si pretendemos eso los motores se encarecerán y el consumidor tendrá que pagar más. Que la Ue se plantee que los coches puedan emitir más co2 me parece bastante poco presentable. 

¿Le ha preguntado Pedro Sánchez por todo esto de la economía sostenible? 
Curiosamente,cuando yo era el experto en la responsabilidad social empresarial en el congreso, Pedro Sánchez era el chico al que enviaba cuando no podía asistir a las conferencias. era el diputado más experto en eso y creo que tiene una conciencia muy próxima a la economía del bien común. 

Entre los diputados que duran poco como Pablo Iglesias y los que van a retirarse allí, ¿no es normal que la gente se tome poco en serio el Parlamento Europeo? 
Es verdad y lo lamento mucho, pero en el caso de Pablo iglesias está muy justificado. incluso debería haberse ido antes para tener una campaña más tranquila.
Pero el Parlamento europeo no es sólo para gente que se retira o va de paso. Somos 750 y la mayoría somos representativos y cumplimos con nuestro papel.

Publicado en Levante, El Mercantil Valenciano 1/11/2015

26 de octubre de 2015

Intervención sesión plenaria Estrasburgo. 26/10/2015

Iniciativa ciudadana europea (debate)


Aprobación del Informe de conclusiones sobre investigaciones de las prácticas fiscales europeas.

NOTA DE PRENSA, 26/10/2015

Ramón Jáuregui: "Hoy damos un gran paso adelante para combatir la elusión fiscal de las grandes compañías"


El Parlamento Europeo aprueba hoy en comisión el informe de conclusiones sobre la investigación de las prácticas fiscales europeas.

"Esta tarde, la política europea y, en concreto el Parlamento Europeo, dan un gran paso adelante para combatir la elusión fiscal de las grandes compañías", ha declarado Ramón Jáuregui, miembro de la comisión especial creada para la investigación de las prácticas fiscales europeas, que hoy aprueba sus conclusiones.
El escándalo conocido como "LuxLeaKs" destapó unas prácticas fraudulentas en la planificación fiscal agresiva de una serie de grandes compañías internacionales, en colaboración con algunos Estados miembros, a través de los llamados "tax rulings", creándose así una competencia fiscal desleal entre países de la Unión, y un fraude notorio a las haciendas públicas de los países vecinos.

"En nombre del PSOE, prometo que no pararemos hasta conseguir una justicia fiscal en Europa"

"Las conclusiones de la comisión especial TAXE, en la que hemos trabajado los últimos ocho meses, constituye una verdadera hoja de ruta para los próximos años, para toda la Unión Europea, con el fin de evitar estas prácticas abusivas, desleales e insolidarias contra los ciudadanos. Porque, en definitiva, el principal perjudicado de la planificación fiscal agresiva es, realmente, la ciudadanía, que se ve privada de unos ingresos fiscales imprescindibles para la sostenibilidad de los servicios públicos", ha manifestado el eurodiputado socialista.

"Estamos hartos de escuchar propaganda social de algunas marcas comerciales que incumplen la norma más elemental de la Responsabilidad Social: pagar los impuestos allí donde obtienen sus beneficios y por la cantidad real de los mismos", ha añadido.

En opinión de Ramón Jáuregui, "una ciudadanía empobrecida por la crisis e indignada con el reparto de sus costes, no puede ser burlada además, con una ingeniería fiscal diseñada para eludir el Impuesto de Sociedades de las empresas".

El volumen de las medidas (más de 100 conclusiones de la Comisión), y la complejidad técnica para llevarlas a cabo (Unión Europea y OCDE), costará años. "Pero ésta es la verdadera agenda de una izquierda reformista y consecuente y, en nombre del PSOE, prometo que no pararemos hasta conseguir una justicia fiscal en Europa para los beneficios de las compañías, y una coordinación fiscal internacional para combatir los paraísos fiscales y la elusión fiscal de las multinacionales", ha concluido.

23 de octubre de 2015

Desayuno RSE Ecoembes. 23/10/2015

 Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, repasó en un desayuno organizado por Ecoembes, la situación de la RSE en España, Europa y a nivel internacional.



El eurodiputado socialista, Ramón Jáuregui reflexionó sobre la evolución de la Responsabilidad Social, sus retos y amenazas durante un encuentro celebrado en la sede de Ecoembes en Madrid. 




España y la RSE. “Cada país cuenta con una cultura diferente de RSE y desarrollo su camino, como sucede con los sectores, pero faltan acuerdos sectoriales globales, como ocurre en el textil o las empresas extractivas de minerales. En  España casi somos campeones del mundo de la RSE, contamos con más empresas firmantes del Pacto Mundial, existe una gran cultura de formación académica, se realizan muchos eventos, los departamentos de las empresas dedicados a la materia han crecido, contamos con una política pública de RSE notable desde hace años, pero veo que realmente la evolución está bastante parada. Soy muy crítico con la realidad actual porque la RSE no ha calado en la sociedad civil, las administraciones públicas o los medios de comunicación. Si no hay demanda, premio y castigo, la RSE corre riesgo de morir lentamente”. 

Voluntariedad. “La voluntariedad es intrínseca a la RSE, es la superación voluntaria de los marcos mínimos. Lo lógico es que la RSE acabe construyendo normas que ya se han hecho hábito en la sociedad, que luego se conviertan en normas. Un ejemplo, tras el desastre del Rana Plaza en Bangladesh las empresas y países han conformando una solución que se ha convertido en ley para mejorar las condiciones laborales. Por eso es básico que a la idea de RSE le añadamos estímulos públicos y discurso político para su desarrollo”. 

Beneficios. “Las empresas van a tener que explicar cada vez más a la sociedad cómo obtienen los beneficios. Los mercados están aumentando su exigencia sobre las empresas y es lo que está impulsando la RSE, más que la presión social. También sería importante que se sancione públicamente a las empresas que incumplen la ley o tienen conductas irresponsables”.

Frenos. “Los frenos de la RSE es que la sociedad civil está poco vertebrada, los medios de comunicación poco interesados y demasiado deudores de sus propietarios y anunciantes. Ni los sindicatos ni las ONG o consumidores han tenido paciencia para seguir demandando RSE y si la sociedad no es perceptora, el interés por no se produce”. 

AAPP. “El desarrollo de la RSE en el sector público ha sido ilimitado y el sector público no está respondiendo en clave ejemplar”. 

Alta dirección. “Aunque se ha formado a los equipos de RSE, sigue existiendo una baja conciencia de RSE entre los líderes empresariales. Si no viene impulsada desde arriba no se construye una cultura ejemplar y de transparencia y no hay posibilidades de avanzar, a lo que hay que añadir una confusión conceptual porque la gente cree que es acción social. La RSE no puede servir sólo para hacer memorias. Si se unen todos estos frenos, la RSE corre el peligro de destruirse”. 

Directiva Información No Financiera UE. “Hay que ver qué consecuencia tiene que las 6.000 empresas de la UE con más de 500 empleados tengan que rendir cuentas a partir de 2017”. 

Volkswagen. “Es básico incorporar la RSE al núcleo del negocio y no de manera colateral. En el caso de Volkswagen se engaña con los motores de los coches, que es su actividad. Escándalos como éste generan una creciente desconfianza social con el mundo empresarial y daña al corazón de la ecuación que estamos tratando, porque la gente no nos va a creer. Casos como los de Fiat y Starbucks que se beneficiaron de trato tributario favorable, que ha sido sancionado por la Comisión Europea, también contribuyen a ese desprestigio”. 

Desigualdad. “La desigualdad ha entrado con fuerza en el debate social, también en nuestro país. Hay una sensación de ruptura del viejo contrato social europeo construido tras la II Guerra Mundial por la globalización y se ha generado un descontento con Europa y la empresa”. 

Derechos Humanos. “Europa y Estados Unidos se siguen aferrando a que las empresas no puedan ser juzgadas por incumplir los Derechos Humanos, pero sería una gran conquista que la Justicia pudiera juzgar los comportamientos irresponsables de las compañías. Mientras, son necesarios los Planes Nacionales de DDHH, que en Europa lo han desarrollado seis países, en base a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

En España, que se logró un borrador de Plan Nacional de DDHH en poco tiempo, los ministerios de Economía y Hacienda lo han frenado”. 

Políticos y RSE. “Después de 15 años hablando de RSE, tengo la sensación predicar en el desierto. En el Parlamento Europeo a los políticos no les importa la RSE, sólo nos importa a cuatro. Para el programa electoral del PSOE me han consultado algo, pero es un error que la socialdemocracia vea a la empresa con una visión decimonónica y el resto de izquierdas no veo que tengan un alternativa real a la RSE”. 

Economía circular. “Hay una gran corriente en Europa de que la economía circular es el futuro porque en Europa somos los líderes en renovables, cambio climático, reducciones emisiones, reciclaje. En materia de RSE la exigencia medioambiental siempre ha sido más exigente que en materia laboral”.



Organizado por Ecoembes

19 de octubre de 2015

17 de octubre de 2015

Técnica de un fraude

La noticia titulada Las grandes tecnológicas cortan sus beneficios para pagar menos impuestos publicada el 13 de octubre en EL PAÍS no explica la técnica de este fraude. Lo que estas empresas hacen es aplicar los llamados precios de transferencia entre empresa matriz y filial. Por supuesto, es una ficción, porque matriz y filial son la misma empresa, pero la matriz se ubica, obviamente y no por casualidad, en Estados miembros con un tipo del impuesto de sociedades anormalmente bajo (por ejemplo, Irlanda) o en el que acuerdan pactos fiscales opacos (por ejemplo, Luxemburgo) para conseguir el mismo objetivo (tributar los beneficios en porcentajes irrisorios). Todo esto supone, además de un escandaloso perjuicio a las Haciendas públicas y a los ciudadanos, una enorme distorsión a la libre competencia en el seno del mercado interior. De ahí que el escándalo conocido como LuxLeaks motivó la creación de una comisión especial en el Parlamento Europeo, la cual está a punto de aprobar un informe con recomendaciones concretas, así como una propuesta de la Comisión Europea para establecer un sistema automático de información sobre este tipo de resoluciones tributarias secretas. 
— Ramón Jáuregui, Eurodiputado socialista.

Publicado en El Pais, 17/10/2015

8 de octubre de 2015

Una nueva ley electoral europea

Esta semana ha culminado la primera etapa para unificar los 28 sistemas electorales nacionales a las elecciones al Parlamento Europeo. Una reforma, largamente esperada, que contribuirá, entre otras cuestiones, a fortalecer la dimensión democrática de las elecciones europeas, otorgar mayor legitimidad a la labor del Parlamento Europeo y garantizar una mayor igualdad electoral a los ciudadanos europeos.

Ahora bien, estos loables objetivos no son una empresa fácil. Prácticamente todas las propuestas que se han presentado en la Eurocámara para modificar el Acta electoral europea de 1976 han fracasado, pese a que el desarrollo de un procedimiento electoral uniforme basado en el sufragio universal directo está incluido en los Tratados desde 1957.

¿Cuáles son los impedimentos que han frenado esta reforma? Principalmente, la falta de predisposición de los Gobiernos de los Estados miembros a renunciar a su soberanía nacional en una cuestión tan sensible como la electoral, y que conllevaría importantes reformas de las respectivas leyes electorales, o incluso de las respectivas constituciones nacionales.

Pues bien, en el comienzo de esta nueva legislatura europea, la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) del Parlamento Europeo ha iniciado el enésimo intento de modificar la Ley Electoral Europea y conseguir, no tanto un acuerdo parlamentario, sino un texto susceptible de ser aceptado también por la Comisión Europea (tarea no especialmente difícil) y por el Consejo Europeo, es decir, por los veintiocho Estados miembros -tal y como obliga el artículo 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)-.

Esta es la principal razón de que los autores de la nueva reforma, la popular Danuta Huebner y el socialdemócrata Jo Leinen, hayan relegado los temas más controvertidos para centrarse en un acuerdo de mínimos.
El rechazo de una demanda democrática y social como la creación de una circunscripción electoral común con composición plurinacional, pone en evidencia el espinoso camino que esta reforma debe atravesar en los próximos meses.


El texto fue votado este lunes 28 de septiembre en la Comisión AFCO del Parlamento Europeo. Y será aprobado por el Pleno antes de fin de año, con el objetivo de comenzar después las negociaciones en trilogo con la Comisión y el Consejo y poder ser aplicado a las próximas elecciones europeas de 2019.


Las novedades son:

1. Dar a las candidaturas una dimensión europea superando la simbología nacional. Se trata de avanzar en una idea crucial para el proyecto europeo: disponer de auténticos partidos políticos europeos, para lo cual se dará más visibilidad a sus nombres y logotipos en las papeletas, campañas, carteles, manifiestos, etc. Todo ello, unido al cabeza de lista que cada familia política presente como candidato/a a la presidencia de la Comisión, reforzará el carácter europeísta y no nacional de la convocatoria.

2. Con objeto de prevenir una excesiva fragmentación política, se introduce un umbral obligatorio entre el 3 % y el 5 %, para la atribución de escaños en los Estados de circunscripción única y en aquellas circunscripciones en las que se utilice el sistema de listas y que consten de más de 26 escaños.

3. Se establece una fecha límite común de doce semanas antes del inicio de las elecciones europeas para la constitución de listas electorales y la nominación de los cabezas de lista.

4. Se establecen diversas medidas para garantizar el derecho de voto en las elecciones europeas para todos los ciudadanos de la Unión que residan en terceros países, a la vista de que muchos europeos no pueden votar fuera de sus países de origen.

5. Se propone el estudio del uso del voto electrónico y por internet, siempre y cuando se garantice la fiabilidad de los resultados, el secreto de voto y la protección de datos.

6. Se exige que las listas de candidatos a las elecciones europeas en todos los países garantizarán la igualdad de género.

Naturalmente, la reforma aprobada se queda corta para los federalistas mientras que para los euroescépticos o abiertamente antieuropeos la UE se arroga competencias que exceden su mandato. En mi opinión, el rechazo de una demanda democrática y social como la creación de una circunscripción electoral común con composición plurinacional, pone en evidencia el espinoso camino que esta reforma debe atravesar en los próximos meses.

Pese a que las cuestiones económicas y migratorias protagonizan el debate político actual, la reforma de la ley electoral europea debe incorporarse también a la agenda política. No solo porque es necesario adecuarla a las nuevas realidades y a las nuevas competencias del Parlamento, sino porque permitirá que los ciudadanos de la Unión participen plenamente en los debates políticos europeos y recuperen la confianza en el proyecto de integración europea. Ese debe ser el camino para evitar que las fuerzas euroescépticas y populistas sigan ganado espacios al europeísmo en todo el territorio europeo.

Publicado en The Huffington Post 8/10/2015

EL DEBATE de la 1 - 07/10/15

7 de octubre de 2015

La RSE en el núcleo del negocio, no en la periferia.

El escándalo de Volkswagen, viene como anillo al dedo de este viejo debate sobre RSE en la actividad principal de la empresa y RSE como acción social colateral. Dicho de otro modo, “no me digas qué haces con los beneficios. Dime cómo los obtienes”. Yo no conozco la política de RSE de Volkswagen pero, estoy seguro que la primera compañía automovilística del mundo, tiene una política de RSE como la copa de un pino. Estoy seguro que Volkswagen es ejemplo de la participación social de sus empleados, de transparencia informativa, de Acción social, de… Pero, ¿para qué sirve todo eso si fallas en lo principal? Es como los bancos o las Cajas de Ahorro hace unos años, ¿de qué sirvieron sus políticas de RSE si acabaron haciendo productos financieros tan oscuros como las famosas y malditas preferentes? Podríamos poner mil ejemplos más de irresponsables actuaciones, en el textil, en la energía, en los minerales…en muchos y variados países del mundo.

RSE es sostenibilidad, dicen algunos, hasta el punto de querer hablar solo de Empresas Sostenibles, como concepto integral de la Responsabilidad en los diferentes planos de la actividad de las empresas. ¿De qué sostenibilidad hablamos cuando falseamos nada más y nada menos que los motores de cientos de miles de coches o, de millones, emitiendo más gases contaminantes que los permitidos o, para falsear los consumos reales de combustibles? Y si han fallado además los controles (porque no olvidemos que han sido los americanos los que lo han denunciado), ¿Quién nos dice que algo semejante no está ocurriendo en otras marcas de coches, o de aviones, o de…?

RSE es hacer bien las cosas (todas las cosas) que forman parte del núcleo de la actividad de una empresa. La RSE corre el riesgo de despeñarse si la ciudadanía/consumidores, sufre decepciones tan flagrantes y masivas con marcas y empresas tan significativas. La crisis económica de los últimos años ha puesto en evidencia las políticas de RSE de muchas empresas. Los escándalos en los países en desarrollo en los que operan las grandes compañías nos alarman demasiado a menudo. Las informaciones sobre la elusión fiscal de las empresas, nos indignan todos los días. La noticia de Volkswagen ha sido como una puntilla a este noble esfuerzo de muchos para convertir a las empresas en agentes de la lucha contra el cambio climático, en defensores de los Derechos Humanos en todo el mundo, por hacer de las empresas, protagonistas del progreso social, laboral y medioambiental de nuestro planeta. Quienes siempre hemos aspirado a que la RSE fuera una palanca de cambio y de avance en esta aspiración humana, impulsados por la creciente participación de la sociedad en sus asuntos, vemos con preocupación que la irresponsabilidad en el núcleo del negocio, en el corazón mismo de la actividad de la empresa, arruine los esfuerzos que muchos (empresas, pensadores, periodistas, organizaciones de consumo, políticos, etc.) estamos realizando en este largo camino.

2 de octubre de 2015

Transparencia y refuerzo de los derechos de los accionistas

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de julio de 2015 en primera lectura la Directiva sobre gobernanza corporativa y compromiso a largo plazo de los accionistas, cuyo ponente ha sido el eurodiputado socialista Sergio Cofferati.

Este informe, al que sin duda aguarda todavía una dura negociación con el Consejo de la Unión Europea, supone un avance muy importante de varios frentes relacionados con el buen gobierno corporativo y la transparencia, incluyendo la fiscal. En este sentido, cabe destacar en primer lugar la inclusión de la obligación de elaborar informes contables y financieros país por país, lo que permitirá que accionistas y ciudadanos puedan conocer donde facturan las grandes empresas multinacionales y donde liquidan sus impuestos. La aprobación en comisión de esta medida motivó que los grupos de la derecha europea (populares, conservadores y una parte de los liberales) forzaran una inédita votación en pleno, que no ha impedido por otro lado el mantenimiento de la misma en el texto. También se recoge la obligación de transparencia por parte de la empresa cotizada respecto de las resoluciones fiscales (conocidos como tax rulings) de las que sea beneficiaria.

Más allá de estos logros, sin duda importante en el marco de la lucha por transparencia fiscal y la erradicación de laelusión, la Directiva en su versión del Parlamento exige también que sean conocidos los accionistas de las empresas cotizadas, además de incorporar incentivos para que los inversores y fondos mantengan una presencia a largo plazo en las compañías, de modo que no sean los movimientos de capital de carácter especulativo los que definan el desempeño de la mercantil y en consecuencia la remuneración de los directivos. Estos incentivos, que tienen que ser desarrollados por los Estados miembros, consistirán en derechos de voto adicionales, descuentos fiscales, así como pagos en acciones y dividendos extra, denominados “de lealtad”.

En este sentido, se refuerzan los derechos de los accionistas, el buen gobierno corporativo y el interés público en general al establecer que dichas remuneraciones tienen que ser aprobadas en junta de accionistas, con base a los resultados a largo plazo de la empresa. Asimismo, se incluye otro elemento de transparencia, relevante desde el punto de vista de la RSE (Responsabilidad Social de la Empresa), cual es la publicación de la ratio entre la remuneración de los directivos y el sueldo medio del empleado.

En conjunto, este paquete de medidas constituye un importante cambio de paradigma en la concepción del legislador europeo sobre las grandes empresas multinacionales y cotizadas. La crisis financiera y económica iniciada en el verano de 2007 ha puesto de relieve que los comportamientos cortoplacistas, así como las simples malas prácticas empresariales, han derivado en una asunción excesiva de riesgos que ha puesto en jaque al conjunto de la economía. Al mismo tiempo, las remuneraciones excesivas e injustificadas han dado cobertura a estilos de vida desmesurados por parte de unos pocos privilegiados, además de dar carta de naturaleza a una creciente y preocupante desigualdad del ingreso y de la riqueza.

La filosofía que inspira esta Directiva es clara. Estas empresas tienen una obligación de transparencia, en primer lugar con sus accionistas, pero también como la ciudadanía, pues de su conducta pueden derivarse externalidades negativas para toda la sociedad. En consecuencia, es preciso alinear correctamente los incentivos de accionistas y directores para limitar las pulsiones especulativas y el riesgo excesivo, finalidad a la que responde el texto aprobado. El Parlamento Europeo y la sociedad civil europea deberán ahora mantenerse firmes en la negociación con el Consejo, de lo contrario, al igual que en la novela “El viejo y el mar”, de Ernest Hemingway, cuando el pescado llegue a puerto, solo quedarán de él las espinas.

30 de septiembre de 2015

Un nuevo tiempo.

Puede sostenerse un proceso independentista para Cataluña con 1,9 millones de votos sobre una población de más de 7 millones y sobre un censo electoral de 5,5 millones de votantes? ¿Puede llevarse a cabo una ruptura unilateral de este calado con un apoyo social que no llega al 50% de los censados en el apogeo de su clímax? Porque, conviene recordarlo, en el famoso referéndum de noviembre de 2014, fueron 1,7 millones los que avalaron el sí a la independencia. Ninguna comunidad nacional en el mundo se ha convertido en Estado en estas condiciones. Ni siquiera por acuerdo interno e internacional. Si Cataluña se lanza a un proceso unilateral de separación de España sobre las bases democráticas y sociales del pasado domingo, el fracaso está asegurado. Ningún organismo internacional dará legitimidad democrática a ese intento. No solo porque España vetaría cualquier reconocimiento, sino porque en la comunidad internacional se considera que no hay base democrática para ese proyecto. Y, créanme, esa es la opinión hoy en Europa. 

Digámoslo claramente. Tan evidente es que el proceso independentista hacia la República Catalana está bloqueado, como que España tiene la imperiosa necesidad de ofrecer a Cataluña una negociación de su status jurídico, político y económico en el Estado constitucional. Son verdad ambas cosas y por eso la puerta que se ha abierto este domingo en Cataluña es hacia un nuevo camino con parada en las elecciones generales de diciembre cuyo desenlace ya podemos predecir. Ni PP ni PSOE, ganadores seguros, uno u otro, tendrán mayoría de gobierno y una nueva etapa política se inaugurará en el país, con pactos transversales, que reclamarán probablemente una reforma constitucional consensuada, no solo entre varios partidos, sino también en el seno de la España autonómica territorial. 

Que nadie me entienda mal. Los consensos políticos no equivalen a gobiernos de coalición. Se trata de un nuevo tiempo en el que deberemos ser capaces de recuperar el espíritu del pacto, en parte impulsado por la necesidad pero, más todavía, exigido por la ciudadanía y los medios de comunicación, que interpretarán el resultado electoral como un mandato popular ineludible. 
La tarea será ingente, pero formidable en cuanto a retos y objetivos. Se trata de darle al pacto de convivencia constitucional de 1978 un nuevo horizonte generacional. No se trata de demoler el edificio agrietado, sino de reformular algunas de las vigas que lo sustentan: incorporar a la Constitución la Unión Europea como marco jurídico y político superior de un modelo federal; los nuevos derechos sociales de un Estado del Bienestar moderno; una actualización de derechos, deberes y libertades en el siglo XXI… y, por supuesto, el pacto territorial. Porque la singularidad catalana o vasca reclamará su actualización constitucional, pero exigirá por ello la aceptación del resto de las comunidades, lo que, a priori, no resulta cosa sencilla. 

Lo que parece evidente es que permanecer impasible como si nada ocurriera ya no va a ser posible. Ni siquiera para Rajoy si ganara las elecciones generales, porque la llamada ‘línea dura’ ha sido también derrotada en Cataluña (el PP ha perdido casi la mitad de sus diputados) y amenazar con la ley o con sanciones, o con el Tribunal Constitucional, puede ser, por el contrario, la espoleta de una mayoría independentista que hoy no existe en Cataluña. Nunca sabremos si la pasividad de Rajoy ha sido también causa del crecimiento nacionalista en Cataluña estos años. Pero es fácil prever el riesgo de una crecida imparable del independentismo si el Gobierno de España respondiera con la misma estrategia a la situación política que ha surgido el domingo pasado en Cataluña, endurecida quizás con sanciones institucionales. 

Para el nuevo tiempo que viene, bueno será que todos extraigamos las lecciones adecuadas de lo ocurrido el domingo en Cataluña. El sistema político español también, porque una lectura inteligente nos obliga a interpretar que la insuficiencia del ‘sí’ el 27-S es una inmensa mayoría que demanda mucho más que el simple ‘no’. Hace años que sostengo que la gran mayoría catalana es aquella que reclama una renovación de su estatus en España. A esa mayoría hay que darle respuestas y propuestas y hacerla más mayoría todavía con un nuevo acuerdo. 

A su vez, también será preciso que los protagonistas del proceso independentista se quiten la venda de su insuficiente victoria y hagan una lectura sosegada de sus resultados. Empezando por reconocer que han ganado las autonómicas pero han perdido el plebiscito que ellos mismos propusieron. Siguiendo por reconocer también que CDC y Esquerra han obtenido juntos 9 diputados menos que los que sumaron hace tres años. Siguiendo por asumir que necesitan sumar a las CUP para tener un gobierno… ¿estable? ¿Cabe alguna estabilidad con una fuerza que proclama la desobediencia civil, el anticapitalismo fuera del euro y las asambleas como base democrática? ¿Puede Convergència y su burgués electorado compartir proyecto con ellos? 

La trayectoria de Mas ha sido extraordinaria. Rompe la sólida alianza de Convergència con Unió arruinando a esta última, expulsando del sistema político catalán al nacionalismo moderado. Entrega su partido a Esquerra y a un conjunto de movimientos sociales de muy variada composición ideológica y de difícil ubicación política. Arrastra a Cataluña a una aventura independentista sin horizonte. Fractura al pueblo catalán al 50% y lo enfrenta a España quizás irreversiblemente. Yo no sé si será elegido presidente de la para estos próximos años pero, francamente, si lo es en estas circunstancias, con esos apoyos y empeñado en sus derrotados propósitos, perderemos todos.

Publicado en El Correo, 30/09/2015

27 de septiembre de 2015

¡Bravo, Santos!

Sé muy bien lo que es llegar a la paz después de décadas de terrorismo. Sé lo que se siente. Sé lo que se sufrió. Gran parte de mi vida ha estado marcada por esa tragedia y por la épica de esa lucha. No olvidaré el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el abandono definitivo de la violencia. Ojalá que el 23 de marzo de 2016 sea el día clave para la paz definitiva en Colombia.

Por eso, el anuncio de La Habana del 23 de septiembre merece un ¡bravo! para todos. Para el Gobierno, inteligente y atrevido, que se metió en el túnel de la negociación sin ver la luz y hoy aparece al otro lado de la montaña y despliega la bandera blanca de la paz. Para los que durante años y años, casi una vida entera, creyeron que el uso de la violencia era legítimo y útil, y hoy cambian armas por votos y abrazan la democracia. Pero sobre todo, para el pueblo colombiano que tanto sufrió, que vivió esta tragedia de muerte y dolor durante sesenta años, la mayoría de ellos sin esperanza. A ese pueblo dolorido y esperanzado hoy, nuestra felicitación más emocionada.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzaron hace ahora tres años. Ha sido un camino arduo y no exento de escollos, como no podía ser menos en un país fracturado, donde el conflicto ha dejado miles de víctimas mortales, y son millones quienes lo han sufrido de un modo u otro. Hasta ahora, se habían firmado pactos parciales -sobre reforma rural integral, participación política y apertura democrática, y lucha contra el narcotráfico-, se habían declarado varias treguas -con algunos incidentes que añadieron tensión al proceso- y se había ido progresando con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, empezando por Cuba. Y también, es preciso decirlo, con el rechazo de la parte de la oposición encabezada por el expresidente Uribe.

Lo que acaba de acordarse en La Habana tiene, no obstante, una importancia singular, tanto simbólica como práctica, porque se trataba del elemento más espinoso: la llamada "justicia transicional".

Es necesario que la oposición política ayude al Gobierno. Utilizar este tema como arma partidista sería irresponsable y desleal con el pais

El concepto comprende la reparación a las víctimas y también el establecimiento de un sistema equilibrado que evite la impunidad, castigando los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y otros delitos graves, y que al mismo tiempo facilite la amnistía más amplia posible por delitos políticos. No será fácil compensar suficientemente a quienes han sufrido la violencia, restituir sus tierras a los desplazados, facilitar el retorno de los exiliados; hacer todo lo posible por lograrlo de la mejor forma posible es de justicia, aunque requerirá tiempo, voluntad y no poco dinero. Tampoco será fácil que una parte de la población colombiana acepte ver reintegrados a la vida civil, e incluso a la política, a antiguos guerrilleros; sin embargo, es el precio a pagar por la paz. Como dijo el Presidente Santos, "nadie negocia para acabar entre rejas".

Para lograr ese difícil equilibrio, Colombia había decidido ya poner en marcha un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Dentro de ese marco, uno de los puntos más importantes del acuerdo alcanzado esta semana es la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá competencia sobre todos aquellos que hayan participado en el conflicto de manera directa o indirecta, incluyendo no sólo a las FARC, sino también -y esto es importante- a los agentes del Estado. El procedimiento concreto para cada uno de los delitos es complejo, y está vinculado a la voluntad de colaborar con la justicia, reconociendo responsabilidades y mostrando disponibilidad para reparar a las víctimas. Quedan, desde luego, ciertos elementos por concretar, algunos de ellos importantes, pero se ha fijado un periodo de seis meses para resolverlos. Las partes se han dado un plazo para la firma definitiva de la paz, que debe producirse no más tarde del 23 de marzo de 2016.

En realidad, ese momento, que podría entenderse como un final, será sólo un principio. Tocará entonces reconstruir la convivencia. En estas encrucijadas históricas resulta clave que los negociadores hagan gala de un pragmatismo con altura de miras, que combine hábilmente la ambición en los objetivos y el sentido de la realidad en la manera de lograrlos. Y además, tienen que ser capaces de explicar a su pueblo que ese y no otro es el camino, que requerirá generosidad y paciencia, que la justicia completa es inalcanzable a corto plazo, pero que sin paz no puede haber justicia alguna. Nadie debe caer en el error de pensar que la paz es ya un hecho descontado, porque un proceso como este siempre tiene sus fragilidades. Son muchas las heridas. Y tampoco conviene creer que la paz por sí sola resolverá todos los problemas, creando en Colombia una especie de Arcadia feliz de la noche a la mañana. Nada de eso. La paz es la primera puerta que hay que franquear para construir un país normal, una democracia sin el peso del conflicto a sus espaldas, donde sea posible afrontar los problemas desde esa normalidad democrática que sólo puede existir si no hay violencia. La paz no lo resuelve todo, pero sin ella no hay modo de resolver nada.

Los meses próximos serán decisivos. Primero, habrá que implementar el reciente acuerdo de La Habana. Esta es la próxima y última ronda de negociaciones pendientes, que debe acabar antes de la primavera. Sería bueno que en un proceso paralelo y similar, la segunda gran guerrilla, el ELN, se sumara a la paz final.

Para todos estos meses hace falta que la oposición política en Colombia ayude al Gobierno. Utilizar este tema como arma partidista sería irresponsable y desleal con Colombia. Pueden y deben debatirse los términos de la paz. Es necesario compartir con los partidos el protagonismo de la paz. Pero nadie puede torpedear el final de la violencia por intereses partidistas, aunque haya desacuerdos puntuales. Colombia va a necesitar un liderazgo institucional muy grande para transitar desde más de medio siglo de conflicto a una paz duradera y a una democracia integradora de los violentos. Eso requiere generosidad, altura de miras, sentido de Estado. En definitiva, grandeza política, algo tan difícil de encontrar y tan necesario de tener.

24 de septiembre de 2015

Valoración del principio de acuerdo entre Colombia y las FARC.


"La historia nos demuestra que los votos son mucho más importantes, y mucho más útiles y mucho más legítimos que las balas, que las armas"


 

"Con la paz en Colombia llega la enorme tarea de reconstruir la convivencia"


Notas de prensa 
Jueves, 24 Septiembre 2015

Tras el anuncio de principio de acuerdo de paz entre Colombia y las Farc, el eurodiputado y presidente de la Asamblea parlamentaria UE-América Latina (Eurolat), Ramón Jáuregui, celebra el el paso crucial que pondrá fin al mayor conflicto armado en Latinoamérica, que ha causado más de 220.000 muertes y millones de desplazamientos.

Jáuregui ha trasladado su felicitación al gobierno de Juan Manuel Santos y al pueblo colombiano, y ha agradecido el papel desempeñado por Cuba y el resto de países mediadores durante todo el proceso de negociaciones, iniciadas hace casi tres años.

El presidente de Eurolat ha puesto en valor la decisión de aquellos que durante años y años, casi una vida entera, creyeron que el uso de la violencia era legítimo y útil, y que hoy abandonan la violencia y abrazan a la democracia. “La historia demuestra que los votos siempre ganan a las armas. Con la paz llega la enorme tarea de reconstruir la convivencia". Asimismo, ha transmitido todo su apoyo al pueblo colombiano "que tanto ha sufrido, que ha vivido esta tragedia de muerta y dolor durante cincuenta años.

El dirigente socialista ha pedido a todas las fuerzas políticas colombianas "altura de miras y generosidad porque la implementación de los acuerdos de La Habana exigirá todos mucha comprensión mutua y la recuperación de la convivencia, seriamente deteriorada por tantos años de conflicto". A este respecto, ha destacado el papel clave que desempeñarça la sociedad colombiana en esta reconstrucción y que deberá emprender desde la tolerancia, recordando a las víctimas y sin olvidar la verdad de lo ocurrido", ha manifestado.

Ramón Jáuregui ha animado a las partes a hacer todo lo posible por lograr cuanto antes la firma del acuerdo definitivo, “que acabará con un conflicto que ha causado demasiadas desgracias".

Por último, Jáuregui ha recordado que además de las víctimas mortales alrededor de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han sido víctimas de las minas antipersona. Además, 130.000 han sufrido amenazas, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas, sin olvidar que se contabilizan 25.000 personas desaparecidas y 1.754 víctimas de la violencia sexual.


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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.