16 de agosto de 2017

Una revolución frustrada.

 
Conozco lo que está ocurriendo en Venezuela. He estado allí presidiendo una delegación del Parlamento Europeo. Mantengo contactos frecuentes con la oposición y también con el Gobierno y con representantes chavistas. Estoy informado de las mediaciones internacionales y de las gestiones de países de la región para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis. Mi pronóstico es pesimista. Al enfrentamiento entre dos legitimidades democráticas producidas por las elecciones presidenciales que ganó Maduro en 2013 y por las legislativas de 2015 que ganó la MUD (la oposición unida en una plataforma antigubernamental) se ha sumado ahora un nuevo conflicto institucional entre la Asamblea Nacional (el poder legislativo natural) y la Asamblea Constituyente, elegida el pasado 30 de julio e instalada físicamente en el mismo edificio que el Parlamento.

Es un enfrentamiento a muerte y desgraciadamente no es un eufemismo. Es más, la crisis parece irrefrenable si hacemos caso a los que piensan que el chavismo no aceptará la alternancia democrática, basando tan grave acusación en que su nomenclatura, es decir, los miles de dirigentes de ese partido-movimiento temen la cárcel o el exilio si la oposición toma el poder. Es por eso que estamos asistiendo a un conjunto de argucias antidemocráticas como la convocatoria de una Asamblea Constituyente que viola en fondo y forma las reglas electorales y a una represión sistemática y masiva de la oposición y de las libertades. Con la bandera de su revolución bolivariana como estandarte, el chavismo va camino de negar la alternancia democrática y dejar el país a expensas de cualquier golpe mientras el pueblo se hunde en la miseria.

Pero, ¿de qué revolución hablamos? Hubo una revolución con Chávez cuando el barril del petróleo cotizaba a 140 dólares que permitió una política social expansiva en los barrios pobres y a la población desfavorecida. Quienes habían estado marginados por décadas en un país tan rico como desigual se hicieron chavistas de por vida. Pero fue una revolución de corto recorrido, bienintencionada, pero de cartón-piedra. No era sólida, era populista, como se dice ahora. La verdadera revolución debiera haber sido estructural para modernizar el país, para renovar su aparato productivo, para crear estructuras económicas diversificadas al petróleo, para consolidar su sistema fiscal y mejorar sus ingresos; para mejorar el nivel educativo de su población, para hacer más fuerte al Estado y a sus servicios básicos, la educación, la sanidad, etc. Siempre he creído que la revolución pendiente en América Latina era más democracia y más igualdad social, es decir, más socialdemocracia que comunismo.
Por eso, cuando el barril cayó a 40 dólares hace ya unos años, la revolución se hundió y el país entró en bancarrota con una inflación galopante y una serie de decisiones del Gobierno de Maduro cada vez más equivocadas hasta el punto de hacer necesario hoy un durísimo plan de estabilización de cerca de 100.000 millones de dólares de ayuda que solo se la prestarán organismos internacionales cuando se articule la salida política democrática.
¿Puede hablarse seriamente de revolución cuando la población malvive, faltan alimentos y medicinas y casi medio millón de venezolanos pasan la frontera colombiana todos los días para comprarlos? ¿Qué revolución es la que obliga a llevar bolsas de billetes a comprar el pan con una inflación de 4 dígitos al año, y que como bien sabemos afecta y empobrece a los más pobres?

El otro gran fracaso de esa revolución es su tentación antidemocrática y su recurso a la represión de las libertades. La izquierda no puede construir su proyecto en dictadura. Es un antagonismo insostenible, no hay socialismo sin libertad. Envolverse en la bandera de la patria y de la revolución para negar las libertades y evitar la alternancia democrática es un recurso inadmisible y falsario. Acusar a la oposición de «derecha traidora», cuando ente los 28 partidos que la componen hay un abanico ideológico que va desde la extrema izquierda a la derecha tradicional, es pura demagogia. Encarcelar a alcaldes, líderes de la oposición, y centenares de manifestantes, es abuso de poder e intolerancia a la libertad. Es negar la posibilidad de que un día el pueblo te eche.

Hoy el régimen está blindado por los militares. Hemos censurado las dictaduras militaristas de derechas en múltiples países y ocasiones. Pero cuando los militares sostienen un régimen supuestamente de izquierdas y ejercen la represión sobre el pueblo, no son menos censurables ni menos dictaduras.

Solo hay una salida para Venezuela. Se llama democracia. Es decir, que el pueblo hable. Eso supone que un pacto entre gobierno y oposición, facilitado y garantizado por una mediación internacional, probablemente de los países de América Latina, cuyo contenido principal sea un calendario electoral para celebrar las elecciones locales, regionales, y presidenciales en los próximos meses. Supone también que no haya procesos penales al pasado y que todos los partidos con todos sus líderes en libertad, puedan concurrir a elecciones con observación internacional. Además, Venezuela necesita ayuda humanitaria internacional y un urgente plan de estabilización económica que ponga en orden su macroeconomía. Mientras, nosotros debemos acoger y regularizar en España a los más de 5.000 jóvenes venezolanos que huyeron de aquel país sin futuro y que nos piden el mismo trato que Venezuela dio a cientos de miles de españoles a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Guerra Civil del 36.
 
Publicado para El Correo, 15/08/2017.

31 de julio de 2017

Nota prensa. Elecciones Venezuela.

 Nota de Prensa, 31/07/2017

El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jáuregui, ha pedido a Nicolás Maduro que “suspenda el encargo de elaborar una nueva Constitución a una Asamblea ilegítima que representa solo a una parte del pueblo venezolano. Es ilegítima porque no había mandato popular para elaborar una nueva Constitución y porque su composición no respeta los principios democráticos de voto individual, libre, directo, secreto y universal. Además, una parte de los elegidos procede de unos sectores sociales cuyo censo es sospechoso de haber sido manipulado por el Gobierno”.

“No se puede elaborar una Constitución contra la mitad del pueblo, como mínimo, asegura Jáuregui. Una Constitución es un pacto de convivencia. Esas son las reglas básicas de la democracia y de las libertades de un país, y solo un amplio consenso, muy mayoritario, puede establecer ese marco fundamental de vida social”.

“Como copresidente de Eurolat pido al presidente Maduro que no encargue a la Asamblea elegida ayer la elaboración de una nueva Constitución, que mantenga los poderes de la Asamblea Nacional y que pacte con la oposición un calendario electoral para las elecciones locales, provinciales y generales”, ha manifestado.

Jáuregui ha recordado la declaración firmada el pasado 11 de julio por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David MacAllister; el presidente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, Francisco Assis; y él mismo: “Tal y como acordamos en nuestra declaración, pido a la UE y a su Alta Representante que no reconozca a esta Asamblea Constituyente, fruto de un proceso ilegitimo y no representativo, y fuente de un conflicto de poderes seguro y peligroso. Le pido igualmente que siga trabajando por un gran acuerdo nacional de Gobierno y oposición, que permita pactar un calendario electoral y dar salidas democráticas y pacíficas a la grave situación venezolana”.

16 de julio de 2017

Paz y Presos.

 Hubo un tiempo en que la sociedad y la política vascas creyeron que «paz por presos» era una ecuación razonable. Al mismo tiempo, se negaban tajantemente concesiones políticas a la violencia. Se decía: «La política no es negociable con las armas, pero si las abandonáis seremos generosos». Más o menos ese era el esquema filosófico de nuestra estrategia en los 80, bien reflejada en el propio pacto de Ajuria Enea.

Eran tiempos de desesperanza en que el final fuera posible. Durante muchos años, vivimos esos sentimientos de dificultad para salir de aquel túnel horrible. Estos días en que conmemoramos los treinta años de Hipercor y Zaragoza y los veinte de M. A. Blanco, recordaba este razonamiento para valorar, -nunca lo haremos suficientemente- la extraordinaria victoria de la democracia sobre el terror. Nadie puede cuestionar que el final de ETA ha sido limpio, democrático, irreversible, «para siempre» como rezaban las pancartas que tantas veces, tantos años, portábamos las fuerzas democráticas.

Pronto hará seis años que ETA asumió el fin del terrorismo y desde entonces nada ha puesto en duda esa decisión. Por el contrario, a lo largo de estos años han ido confirmando su voluntad de abandonar las armas, a través de una serie de anuncios y actos que hacen más creíble todavía la realidad de la paz en la que vivimos, al margen de la ampulosa liturgia en la que los han envuelto. La localización de sus zulos, los actos de reconocimiento del daño causado y de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas y la disolución del Comité Internacional para la Verificación son los últimos gestos que acreditan esa decisión. Sin duda, queda algo muy importante por hacer: disolver la organización armada y encauzar a la política sus causas. Esta solemne decisión no la han tomado y en mi opinión, es condición necesaria para un tratamiento penitenciario diferente de sus presos.

«De ninguna manera», dijo el Ministro de Justicia hace unos días en Santander para cerrar el debate sobre la posibilidad de cambiar la política penitenciaria. No obstante, conviene recordar que la dispersión se basaba en la necesidad de desarticular a la banda también en las prisiones, porque estaba comprobada su influencia en la continuidad de las acciones terroristas, incluso a veces exigiendo desde ellas más asesinatos. Pero sin violencia y con la mayoría de los presos en fase de reinserción social, no hay razón para la dispersión en cárceles alejadas de sus familias. Esto no quiere decir que haya que traer y juntar a los presos de ETA en las cárceles del País Vasco. Seguirá habiendo fuertes razones para mantener aislados y alejados a presos con nulas intenciones de reinserción o con peligrosas actitudes en favor de la violencia. Pero una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos paralelos a sus familias.

También puede flexibilizarse el régimen de cumplimiento de las condenas a aquellos presos cuya voluntad de reinserción social es evidente y por lo que sabemos, son mayoría. Cosa por otra parte muy comprensible y razonable cuando se arrastran decenas de años en la cárcel. Los permisos temporales, la prisión condicional y otras fórmulas de cumplimiento de las penas más favorables están pensadas para la reinserción precisamente. También se puede y se debe facilitar el cumplimiento de las penas en arresto domiciliario cuando la enfermedad grave del preso lo aconseje.

En septiembre, la mayoría de presos de ETA van a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria la aplicación de este tipo de medidas. Esto significa que los presos, previamente aceptan la legalidad, renuncian a la militancia en la organización terrorista, rechazan los delitos cometidos y asumen compromisos para resarcir a sus víctimas. Me pregunto si vamos a reaccionar con escándalo informativo y protestas políticas a las medidas que adopten los jueces en aplicación de la ley.

Yo creo que hay que consensuar una estrategia de discreción y respeto a una aplicación flexible y generosa de nuestra ley penitenciaria para con todos aquellos presos de ETA cuya voluntad de reinserción social esté acreditada. Y el Estado, tiene medios y conocimientos para saberlo. No estamos hablando de indultos, ni de reducción de penas, ni de cuestionar las sentencias de los tribunales. Por el contrario, lo que procede es continuar con la política de reinserción que ya se practicó desde el momento mismo en que se inició la dispersión. Lo que procede es aplicarla a la mayoría porque ya no hay violencia, han renunciado a las armas y son la mayoría los que solicitan esta reinserción.

Yo creo que la generosidad es la virtud del ganador. La democracia derrotó a ETA. Lo hizo policialmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. La derrotó en todos los frentes, hasta el punto de que fueron sus propios apoyos y defensores quienes le forzaron a diseñar un final con apariencias de pacto, convencidos de que su continuidad arruinaba su causa e impedía su futuro. Fue una victoria de la sociedad, de la ley, de las víctimas, del Estado, de la democracia en suma. Y es a esa victoria a la que le corresponde ahora ser inteligente, siendo generosa, al suavizar los sufrimientos humanos y los sentimientos antagónicos que generó esta tragedia. Leí hace unos días una encuesta que aseguraba que dos tercios de los vascos están de acuerdo con estas ideas. Creo que esta es una reflexión muy extendida en la sociedad vasca. Pero no solo. Conozco a muchas víctimas de ETA que pensamos así. Porque el relato de la verdad, que nadie mejor que ellas asegura, gana legitimidad y grandeza con esa actitud humanitaria y conciliadora del Estado, con esa generosidad inteligente de la democracia.
Publicado en El Correo, 16/07/2017

14 de julio de 2017

Cursos de Verano UCM y UMA 2017.


ENTREVISTA RAMÓN JÁUREGUI. CURSOS DE VERANO DEL ESCORIAL 2017.13/07/2017 Universidad Complutense de Madrid.

CURSO: LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA: COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y CONSENSO.
El valor del otro: pluralismo y pacto en la política española.






CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DE MALAGA 2017(MARBELLA). 14/07/2017.

EL POST-BREXIT: OPORTUNIDADES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y CIUDADANAS

“El Brexit y el proceso de construcción europeo. ¿Quo vadis, UE?”



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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.