23 de junio de 2017

La cuenca atlántica, un horizonte por explorar.

Uno de los ámbitos geográficos con los que la Administración Trump ha mostrado un comportamiento menos previsible es Latinoamérica. Algunas de las agrias declaraciones realizadas por el mandatario durante la campaña electoral se han diluido como un azucarillo en un vaso de agua: es el caso de la pretendida construcción del muro en la frontera con México, a pagar por los propios mexicanos, o la retirada de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que también parece haber quedado en el olvido.

Sin embargo, hay otros aspectos de la política exterior norteamericana en esa región que siguen siendo una incógnita. Por el momento, no sabemos con claridad cuál va a ser la posición de la Administración Trump con respecto a Cuba, aunque todo hace temer que el movimiento de aproximación iniciado por la Administración Obama no vaya mucho más lejos. Tampoco está clara la continuidad del apoyo al proceso de paz en Colombia, donde la contribución financiera, diplomática y técnica de Estados Unidos resultaba muy útil. Ni siquiera en el caso de Venezuela hay un posicionamiento neto de la Administración Trump en este momento.

Los europeos debemos hacer nuestras las oportunidades que el aislacionismo estadounidense abre para nosotros. Ha llegado el momento de que la Unión Europea (UE) asuma un rol más relevante en la gobernanza mundial. A estas alturas, solo el euroescepticismo más recalcitrante cuestiona la necesidad de que Europa avance en seguridad y defensa colectiva, fortalezca su política comercial y se haga cargo del liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Pero además, Europa debe aprovechar la coyuntura para reforzar su presencia en regiones donde su influencia puede ser bienvenida: es el caso de América Latina.

Pese a los indudables vínculos que unen a ambas regiones, la última década ha sido testigo de una falta de coincidencia. Mientras que Latinoamérica focalizaba sus esfuerzos de atracción de inversores y generación de alianzas en Asia (con China, Japón o Corea como actores preferenciales), la UE miraba hacia su vecindad, preocupada por el alto nivel de conflictividad de la misma. El Mediterráneo, Oriente Medio, las fronteras con Rusia o los conflictos en África reclamaban atención urgente, lo cual impedía dirigir una mirada más sosegada hacia América Latina.Europa y América Latina tienen muchos elementos en común. Comparten un legado histórico, cultural y de valores, dos lenguas oficiales de la UE lo son también en América Latina, tienen similares marcos políticos y jurídicos —especialmente en comparación con otras regiones, como Asia— y sus visiones respecto a la gobernanza global, desde el terrorismo al cambio climático, guardan también grandes semejanzas. Además, sus sociedades civiles están conectadas a través de lazos familiares y personales y continuos contactos académicos, empresariales, laborales y comerciales. En este último aspecto, el comercial, América Latina es una tierra de oportunidad para los inversores europeos, pero también lo es Europa para las empresas y productores latinoamericanos: se trata de dos grandes mercados, con millones de consumidores, que funcionarán más eficientemente cuanto más integrados estén. Al mismo tiempo, Europa puede proporcionar a Latinoamérica un enorme caudal de conocimiento muy útil en materias tan variadas como integración regional, cohesión social y territorial, cooperación transfronteriza, innovación empresarial y mejora de la fiscalidad.

Es hora de cambiar esa pauta y sacar partido a las oportunidades que ofrece una alianza estratégica con Latinoamérica, ahora que el giro nacionalista de Estados Unidos aleja a la gran potencia del norte del que fuera su “patio trasero”. Para ello deberíamos empezar a cultivar la idea de una Cuenca Atlántica que, si trabaja coordinadamente, posee un inmenso potencial.

Europa tiene ya una larga serie de acuerdos económicos y comerciales con países o grupos de países de la región (México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador o Centroamérica). Además, está trabajando en la modernización de los acuerdos con México y Chile y en la firma de un acuerdo político y de cooperación con Cuba, que tendría sin duda carácter histórico. Por supuesto, la joya de la corona en términos económicos sería la culminación de las negociaciones para la firma de un acuerdo con Mercosur, que es el bloque económico y demográfico más grande de la región. Este entramado de acuerdos puede ser la simiente de la integración transregional de la Cuenca Atlántica, como en su día lo fue la CECA para la futura UE. Es evidente el enorme valor añadido que tendría tal integración, que además abriría a Europa las puertas del Pacífico.

Al potencial económico de la Cuenca Atlántica hay que sumar su doble potencial energético y medioambiental: si Latinoamérica es fuerte en energías fósiles, Europa lo es en energías limpias, y ambas regiones comparten una conciencia clara de la necesidad de luchar contra el cambio climático. América Latina tiene activos medioambientales claves para el futuro del planeta, desde la Amazonia a los territorios colindantes con la Antártida, pero al mismo tiempo es una de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Si la Cuenca Atlántica trabaja conjuntamente en este tema generará un consenso suficientemente grande como para atraer a otros actores claves, en particular a China. Y por supuesto, de cara al futuro, esperemos que un nuevo cambio en la Casa Blanca permita volver a sumar a Estados Unidos.

Desde el punto de vista demográfico, la Cuenca Atlántica aúna a más de 1.000 millones de personas, un porcentaje importante de los cuales mantienen vínculos familiares, personales, laborales o de otra índole. La imbricación de las sociedades civiles ya es un hecho, y cuenta incluso con iniciativas de integración tan interesantes como las cumbres en el ámbito académico y empresarial que se producen en los márgenes de las Cumbres UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno.

Es más, dicha imbricación entre las sociedades civiles irá inexorablemente en aumento gracias a una serie de avances tecnológicos que empiezan a prosperar. Uno de ellos es el proyecto de unir Oporto y Salvador de Bahía a través de un cable de fibra óptica, que acelerará las comunicaciones de manera revolucionaria, facilitando la relación entre empresas, instituciones, universidades y ciudadanos. No menos importante será el impacto de los cambios en el transporte aéreo: ya estamos viendo compañías low cost que abaratan enormemente el precio de los billetes, lo cual pone al alcance de casi todos realizar viajes transatlánticos cada vez más frecuentes. Socialmente, este abaratamiento permitirá a las familias con miembros en las dos orillas verse con más frecuencia y favorecerá la movilidad de los estudiantes e investigadores. Económicamente, hará menos costosos los desplazamientos por razones profesionales y ayudará al florecimiento del turismo en muchos países de América Latina, un sector que —si se dirige de manera sostenible— puede apuntalar la recuperación de economías que a día de hoy se encuentran más débiles.

La Cuenca Atlántica es ya una realidad de hecho, solo falta institucionalizarla y explorarla de modo que saquemos de ella el máximo beneficio para todos. Si se animan a dar ese paso, Europa y América Latina pueden ser los actores del futuro en la gobernanza global.

Ramón Jauregui es eurodiputado del PSOE y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana.

Publicado en El País, 23/06/2017

13 de junio de 2017

Los socialistas en el Parlamento Europeo acusan al PP y Ciudadanos de bloquear la transparencia fiscal

 Nota de Prensa, 13/06/2017


El grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha denunciado el bloqueo a las medidas para aumentar la transparencia en las declaraciones fiscales de las compañías multinacionales. El Partido Popular Europeo y los liberales de ALDE, grupo al que pertenece Ciudadanos, han vaciado de contenido la propuesta sobre los “Informes país por país” que se ha votado en la comisión de Asuntos Jurídicos y en la de Asuntos Económicos.

“Necesitamos leyes fuertes para asegurarnos de que las multinacionales pagan sus impuestos donde generan su actividad económica, asegura Ramón Jáuregui, jefe de la Delegación Socialista Española. El Partido Popular y los liberales han puesto tantas barreras contra la transparencia que han dejado la propuesta vacía de contenido. Cuando surgen escándalos como Luxleaks o los Papeles de Panamá dicen que hay que hacer algo, pero cuando realmente tenemos posibilidades de hacerlo, bloquean que haya medidas efectivas”.

La propuesta de “Informes país por país”, trata de obligar a las compañías con una facturación superior a 750 millones de euros a presentar sus resultados financieros y contables públicamente y desagregados en cada país en el que operan. De este modo, se intenta evitar que presenten los datos de su actividad de forma global, uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos con la llamada ingeniería financiera.

“Si esto no cambia, el Partido Popular y los liberales habrán conseguido que las empresas no estén obligadas a hacer públicos sus datos de forma detallada, acusa Jáuregui. Además, habrán logrado bloquear el límite temporal a la llamada “cláusula de salvaguardia”, por lo que las empresas podrían esconder información confidencial de forma indefinida. Presentaremos enmiendas en el pleno y seguiremos trabajando para que la transparencia fiscal sea una realidad”. 

31 de mayo de 2017

Entrevista Foro Europa Ciudadana.

Foro Europa Ciudadana pone en marcha un espacio monográfico de entrevistas a los Eurodiputados españoles para que nos cuenten su experiencia en las instituciones europeas. Ramón Jáuregui, Presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, inaugura esta nueva sección que tiene como objetivo acercar el día a día de la actividad política en Bruselas.

Ramón Jáuregui (septiembre, 1948) es Eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo y es el responsable de la Delegación Socialista Española en Bruselas. A lo largo de su extensa trayectoria política ha ocupado distintos cargos de responsabilidad como Ministro de la Presidencia del Gobierno de España, Vicelehendakari del Gobierno Vasco, Delegado del Gobierno en el País Vasco y Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Actualmente desarrolla su actividad política en el Parlamento Europeo y hemos querido conocer sus impresiones sobre el funcionamiento de las Instituciones europeas:
¿Cómo es el día a día en el Parlamento Europeo?


La actividad cotidiana del Parlamento Europeo es ante todo muy variada, porque nuestras rutinas cambian mucho en función del tipo de “semana” de que se trate. Hay semanas dedicadas a sesión plenaria, reuniones de grupo, de comisiones o las llamadas “semanas verdes”, que se reservan para hacer visitas oficiales de las Comisiones y Delegaciones o bien para que cada Diputado realice actividad en su circunscripción de origen. Las semanas de pleno, además, tienen la particularidad de que se celebran en Estrasburgo, a excepción de los llamados “miniplenos”, de día y medio, que tienen lugar en Bruselas. Esta peculiaridad de la doble sede obliga a desplazar a la práctica totalidad del Parlamento hasta Estrasburgo una vez al mes, lo cual es un cambio importante en nuestras rutinas.

En todo caso, nuestro día empieza entre las 8 y las 9 de la mañana y acaba cuando termina la última reunión (en las semanas de pleno eso puede significar que estamos al pie del cañón hasta las 12 de la noche o casi). Además de las reuniones de grupo parlamentario, de cada delegación nacional o de las Comisiones y Delegaciones de las que somos miembros, cada diputado recibe en su despacho a un sinfín de personas procedentes de todos los sectores, a quienes escuchamos y con quienes debatimos sobre los dosieres en los que estamos trabajando en cada momento. En mi caso, por las funciones que desempeño, yo recibo sobre todo a representantes diplomáticos y de gobiernos latinoamericanos, miembros de la sociedad civil y de ONGs y expertos del mundo del derecho, la economía y las relaciones internacionales. Por supuesto, cuando algún otro sector -empresas, universidades, sindicatos, etc- me solicitan un rato de mi tiempo, procuro recibirles, porque considero que como representante político tengo la obligación de escuchar el punto de vista del máximo de personas y sectores posible. Por eso este tipo de reuniones procuramos hacerlas breves, de 30 minutos como máximo, ya que de otro modo es imposible dar la oportunidad a todas las personas que piden tiempo de reunión.

A todo ello hay que añadir el trabajo de despacho: escribir artículos y preparar intervenciones, estudiar informes y redactar enmiendas… todo lo cual requiere tiempo para concentrarse, leer y pensar… El bien más escaso en el Parlamento Europeo es sin duda el tiempo: es un recurso que cuidamos al máximo porque nunca sobra.

¿Cuando tomó posesión de su acta como eurodiputado, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?

La primera vez, en 2009, me llamó mucho la atención la falta de conocimiento que la ciudadanía europea tiene del trabajo que realiza el Parlamento y de la importancia que éste tiene sobre sus vidas. Cuando volví en 2014 volví a tener la misma percepción, y aunque ya no me sorprendió, me preocupó aún más, porque tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2010 el Parlamento Europeo ha ganado competencias legislativas y lo que se decide aquí afecta mucho más que antes a los ciudadanos.

Hay quien piensa que en el Parlamento Europeo se trabaja muy poco, y nada más lejos de la realidad. Es un trabajo muy intenso, a veces trepidante, y sin embargo es muy desconocido para la mayoría. Es una pena ese desconocimiento, o ese prejuicio sobre la labor de este Parlmento porque fomenta el euroescepticismo, a mi entender.
¿Qué diferencias hay entre el Parlamento Europeo y otros Parlamentos en los que haya estado (Congreso de los Diputados, Parlamentos autonómicos)?


La esencial es el tamaño y la diversidad. El Congreso de los Diputados español, con sus 350 miembros, se queda muy pequeño en comparación con los 751 eurodiputados de 28 países distintos. Este elemento de diversidad de lenguas, culturas, modos de hacer política e incluso de entender la vida, resulta a veces complejo pero siempre es enriquecedor. Visto desde fuera, parece una pequeña Babel, pero gracias a la labor de los intérpretes y el recurso al inglés, que es la nueva lingua franca, pero también al francés o incluso al español, somos capaces de entendernos y trabajar juntos sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Logramos entendernos sobre todo porque queremos entendernos, y porque a pesar del euroescepticismo seguimos siendo mayoría los que pensamos que proyecto europeo merece la pena. Este es un entorno cosmopolita y eso lo hace muy singular y muy interesante.

¿Cómo es la relación con otros diputados de otros países?

En general es muy buena. Aquí rige una norma implícita de cortesía parlamentaria, de respeto, por la cual las diferencias de opinión por grandes que sean se saldan discutiendo de la manera más civilizada posible. Eso no quiere decir que no haya debates tensos en ocasiones; los hay. Pero en general se procura mostrar la discrepancia dentro de los límites del respeto.
¿Qué destacaría de la actividad del Parlamento Europeo?

En cuanto al trabajo en sí, destacaría la intensidad del ritmo. Respecto a su repercusión hacia el exterior de la institución, lo más importante sin duda es la capacidad de colegislación, que convierte al Parlamento Europeo en un actor sumamente relevante en la construcción de las políticas comunitarias.

30/05/2017

25 de mayo de 2017

Un memorial en el Valle.

 Si queremos simbolizar el sellado del pacto reconciliatorio de la Transición en un lugar, en un acto, en la memoria colectiva de la España moderna, no habría mejor decisión ni mejor espacio que la transformación del Valle de los Caídos en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil. Sí, esta es la perspectiva que debe prevalecer: la de las víctimas, la de todas ellas, como recuerdo imperativo de lo que nunca más debe suceder.

Ese y ningún otro era y es el espíritu de la Ley de la Memoria Histórica que el Partido Popular banalizó y ridiculizó en su agresiva política de oposición al presidente Zapatero.

Durante el último año de su mandato trabajamos en tres líneas que reclamaban continuidad y que el Partido Popular paralizó. Elaboramos un mapa de fosas en las que todavía, 80 años después, yacen restos de fusilados republicanos. Una tarea inacabada realizada a partir de testimonios e indicios de testigos aún vivos, por poco tiempo, para que los familiares que los reclamen puedan enterrarlos con dignidad y con la ayuda del Estado. Aprobamos igualmente el protocolo científico para las exhumaciones. Se trataba de superar las enormes obstrucciones administrativas con las que topaban y topan las exhumaciones, así como eventuales impericias. Y, por supuesto, completamos la ayuda económica para ellas.

En segundo lugar, preparamos un modelo de certificación oficial y dimos curso a declaraciones de ilegitimidad de los tribunales y de las sentencias franquistas. Es difícil describir la emoción que sentimos cuando entregábamos esas Declaraciones de Reparación y Reconocimiento a los familiares de los fusilados en los inicios del régimen. Era una reparación moral y política obligada del Gobierno de España por la que, a tenor de la Ley de Memoria Histórica, aquellas sentencias condenatorias quedan desprovistas de valor jurídico. El Tribunal Supremo confirmó que el sistema de la declaración general de ilegitimidad ope legis por la que había optado el legislador sustituía y excluía la vía de la eventual declaración individualizada de nulidad e invalidez de las sentencias afectadas por tal declaración (21 de febrero de 2011).

Por último, encargamos a una comisión de expertos, cuidadosamente elegida y pactada con todas las fuerzas políticas, la elaboración de un informe sobre el futuro del Valle con la idea de trasformar su vieja significación y convertirlo así en un lugar de memoria reconciliada.

El Valle no es un lugar cualquiera. Reclama un profundo respeto porque allí yacen los restos registrados de 33.847 personas, de los cuales aproximadamente 21.400 son de víctimas identificadas y unos 12.400 de no identificadas. Miles de ellas habían sido enterradas en fosas comunes cerca de las paredes de los cementerios, en descampados y cunetas. A partir de 1959, desde múltiples pueblos y ciudades de España, fueron trasladadas y depositadas en los columbarios del Valle. Su identificación ha devenido imposible hasta el presente por las malas condiciones en que se realizó el traslado, por la deficiente identificación en origen, en particular de las republicanas, y por los sucesivos derrumbes que han sufrido los columbarios citados.

El informe es conocido. Fue presentado públicamente después de celebradas las elecciones de octubre de 2011 y fue entregado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con los documentos de la transmisión de poderes al nuevo Gobierno. Los expertos recomendaban en esencia:

1. Construir un memorial civil en la explanada del Valle, con los nombres y apellidos de todos los enterrados allí. Un gran mausoleo en homenaje permanente a todas las víctimas. (Algo semejante al memorial por las víctimas de la Guerra de Vietnam en Washington).

2. Dignificar la situación de los restos, los columbarios y las criptas.

3. Construir un centro de interpretación del lugar con la historia de la construcción del Valle, la guerra y el recuerdo de los trabajadores penados, junto a un centro de documentación e investigación histórica.

4. Mantener el uso religioso del templo, pero con una presencia católica absolutamente comprometida con la democracia, el pluralismo político y la reconciliación, sin resabio alguno del espíritu nacional-católico franquista.

5. Y, por último, precisamente por ser un lugar de memoria de las víctimas, el informe reclamaba la exhumación de los restos de Franco del templo y la reubicación de los de José Antonio, víctima también, en lugar no preeminente. Tres de los expertos expresaron un voto particular. Suscribían todas las recomendaciones del informe salvo esta. No por razones de principio, sino de prudencia.
 
Esta no es una tarea partidista. La mayoría de los partidos, salvo uno, suscriben las propuestas del informe seis años después, como manifestó la votación en el Congreso del pasado 11 de mayo. Tampoco es anacrónico. Hacer un memorial en el Valle “no reabre viejas heridas”, como dijo el portavoz del Gobierno. Por el contrario, la cierra con la verdad del pasado y la dignidad para las víctimas. Hacer del Valle un lugar de memoria reconciliada es una gran asignatura pendiente de nuestra tortuosa memoria sobre la guerra y la represión franquista posterior. Es sencillamente inexplicable que no lo hayamos hecho ya. Si fuimos capaces de hacer la Transición y reconocernos, no como enemigos del pasado, sino como ciudadanos del futuro, ¿por qué no simbolizar ese abrazo en un lugar tan significativo?
 
No es razonable que ese lugar divida y enfrente virulentamente a los españoles 40 años después. O que los turistas que lo visitan confundan un memorial de víctimas con un mausoleo del dictador.
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
 
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
 
Ramón Jáuregui fue el ministro de la Presidencia que encargó el informe de los expertos y Carlos García de Andoin, su colaborador, el secretario de la comisión que lo elaboró.
 
Publicado para "El País" 25/05/2017
 
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Foto: SANTOS CIRILO
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